Manuel Galindo le impuso la sanción más dura que le permite la ley, pese a que no halló ningún elemento que le haga suponer que el gobernador de Miranda se enriqueció o dañó el patrimonio público de alguna manera.

Caracas. Henrique Capriles Radonski no podrá postularse por tercera vez a la Gobernación del estado Miranda ni a la Presidencia de la República ni a ningún otro puesto de elección popular, pues la Contraloría General de la República lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante los próximos 15 años.

La decisión la adoptó el responsable de velar por el buen uso de los fondos públicos en su resolución 01-00-000239 de fecha 6 de abril, la cual fue notificada al mandatario regional este viernes 7 por el director de Determinación de Responsabilidades, Manuel José Escauriza.

En la comunicación, numerada como 08-01-793, Escauriza le informa al dirigente opositor que tiene 15 días hábiles para solicitarle al contralor Manuel Galindo que reconsidere la medida y además 180 días continuos para solicitar la anulación de la misma ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Aunque están conscientes de que las posibilidades de conseguir que la sanción sea revertida son escasas, la defensa de Capriles se apresta recurrirla en todas las instancias. “Vamos a ejercer todos los recursos porque creemos en el Derecho”, afirmó el abogado Bernardo Pulido, quien explicó que la medida contra el opositor se produce luego de que en marzo este fuera declarado responsable administrativamente de unos “ilícitos formales”, detectados por el organismo tras unas auditorías a los ejercicios fiscales de 2011, 2012 y 2013 de la Gobernación de Miranda.

“Revisaron unos convenios con las embajadas de Polonia y Reino Unido para reacondicionar espacios deportivos y para formar a patrulleros escolares y determinaron que la Gobernación no podría suscribir contratos públicos con agentes extranjeros sin la aprobación de la Asamblea Nacional, obviando que esos contratos que deben pasar por el Parlamento son aquellos que implican alguna contraprestación u obligan a la República de alguna manera. En este caso se trataba de unas donaciones que las embajadas polaca y británica realizaron”, expuso.

Pero este no fue el único motivo aducido por Galindo para sancionar a Capriles, pues el abogado reveló que también fue cuestionada la decisión de reconducir el presupuesto en 2013 y no enviarlo al parlamento regional y que se firmaran unos contratos para difundir la gestión del Gobernador.

Bernardo cuestionó la dureza de la sanción, la más alta que permite el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal, por cuanto “admitió que no se constató daño patrimonial”.

La sanción contra Capriles se notificó 24 horas después de la marcha que lideró y que pretendía llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo para impulsar la destitución de los siete magistrados de la Sala Constitucional que, con sus fallos contra la Asamblea Nacional, han provocado una “ruptura del orden constitucional”.

Pero no es la primera vez que Galindo, quien llegó a la Contraloría en 2015, hace uso de esta potestad contra un opositor. En 2015 se la aplicó la exdiputada María Corina Machado y más recientemente al exalcalde de San Diego, Enzo Scarano.

Lee también
Diputados madrugaron y lograron protestar en la Defensoría del Pueblo

Una sanción cuestionada

La medida contra Capriles fue criticada por la organización Human Rights Watch, cuyo director para las Américas, José Miguel Vivanco, afirmó: “El Gobierno de Maduro ha usado sucias trampas para sacar del juego democrático uno a uno a todos sus adversarios políticos. Varios fueron condenados penalmente sin evidencias, como Leopoldo López, y otros, como Henrique Capriles, han sido inhabilitados arbitrariamente para participar en política. Si aún queda alguna persona que cree en la fachada de democracia de Maduro, la inhabilitación de Capriles debería desmoronar esa fantasía. Venezuela sufre una dictadura con todas sus letras y la necesidad de una acción multilateral firme y decisiva para proteger a los venezolanos es cada día más urgente”.

Las inhabilitaciones realizadas por el Contralor fueron cuestionadas internacionalmente. En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela suprimirlas, por considerar que violaban la Convención Americana sobre DDHH.

“El órgano que impuso dichas sanciones no era un juez competente, no hubo condena y las sanciones no se aplicaron como resultado de un proceso penal”, afirmó el tribunal con sede en San José [Costa Rica] al revisar el caso del exalcalde de Chacao, Leopoldo López, a quien el fallecido contralor Clodosbaldo Russián le impuso inhabilitaciones.

Este dictamen fue desacatado por el TSJ, el cual acusó a la Corte de actuar como “una potencia imperial” que pretende “imponer a un país soberano e independiente criterios políticos e ideológicos absolutamente incompatibles con nuestro sistema constitucional”.

Foto referencial: Angeliana Escalona



Participa en la conversación