Abogados defensores rechazan que a los 8 acusados se les mantenga privados de libertad, violándose el principio de inocencia establecido en la Constitución. Sin embargo, solicitarán en las próximas horas la revisión de la medida de privativa de libertad hasta que se inicie un nuevo juicio.

Maracay. El 20 de diciembre de 2017, la resolución N.° 022275 publicada en la Gaceta Oficial N.° 41305 daba cuenta de la sustitución del general de División Henry José Timaure Tapia como presidente de la Corte Marcial. Pero el 22 de diciembre de 2017, dos días después de su reemplazo, firma la anulación de la sentencia del tribunal militar segundo accidental de Maracay en el estado Aragua, emitida el 11 de enero de ese mismo año, en la que se condenaba a 5 militares y 3 civiles a 5 y 10 años de prisión por los supuestos delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar y cuyo caso se conoce como “Golpe Azul”.

A casi 4 meses de esa decisión, los abogados defensores son notificados de una sentencia que anula el juicio que se les siguió a los oficiales PTte. (AV) Petter Alexander Moreno Guevara, piloto, PTte.(AV) Ricardo José Antich Zapata, piloto, PTte.(AV) Carlos José Esqueda Martínez, PTte.(AV) Henry Javier Salazar Moncada, PTte.(r) Luis Hernando Lugo Calderón y a los civiles Pedro Rafael Maury Bolívar, taxista, Jesús Enrique Salazar Mendoza, carpintero y a Luis Rafael Colmenares Pacheco, cajero de banco, pero que contradictoriamente los mantiene privados de libertad.

Si anulan la sentencia —explica el abogado defensor Dimas Rivas— deben liberarlos, porque de lo contrario la propia Corte Marcial estaría violando la norma y el principio de inocencia que debe prevalecer.

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Sin embargo, los acusados siguen detenidos, pese a que jurídicamente la pena impuesta por el tribunal militar segundo accidental también queda anulada, según el artículo 49 de la Constitución de Venezuela.

A pesar de ello, la defensa de los acusados cree que se obtuvo un triunfo jurídico, porque con la anulación de la sentencia, queda en evidencia que el juicio siempre estuvo plagado de vicios. 97 audiencias celebradas en ese lapso, supuestas pruebas sin cadena de custodia, testigos que se contradijeron en las audiencias y durante el juicio, son algunas de las anomalías que se presentaron durante el proceso.

No obstante a la privativa de libertad que mantuvo en la sentencia el ahora expresidente de la Corte Marcial, la defensa de los militares y civiles acusados de rebelión están a la espera de la motivación de dicha sentencia para solicitar la revisión de la medida de privativa de libertad.

La nueva audiencia de juicio oral y público —explica Rivas— debería celebrarse en un lapso de un mes aproximadamente y con los acusados en libertad.

La defensa también espera que sea el Tribunal militar Segundo de Juicio, con sus 3 jueces titulares originales, quien celebre la audiencia y no un tribunal accidental como el que se nombró en aquella oportunidad, pues este último solo es competente en “tiempos de guerra”.

El 13 de febrero del 2015, Diosdado Cabello, para entonces presidente de la Asamblea Nacional, denunció una presunta intentona golpista dirigida por el Gral. (AV) Oswaldo Hernández quien fue sentenciado en mayo de ese año por el Consejo de Guerra accidental de Caracas, a 8 años y 7 meses de prisión en la cárcel de Ramo Verde. Acusaba el exparlamentario a otros 8 ciudadanos de conspirar para derrocar al Presidente: 5 de ellos también militares y 3 civiles, detenidos por el Sebin en el estado Aragua y acusados de estar vinculados con el llamado “Golpe Azul”.

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El 12 de enero de 2017, el Cnel. (Ej) José Lucindo De LaCadena Toledo, junto con el Cnel. (GN) Ramón Alí Peñalver y al Tcnel. (AV) Willelvis Soto, jueces integrantes del Tribunal Militar Segundo de Juicio Accidental de Maracay, sentenciaron a 5 militares y 3 civiles señalados de participar en un supuesto golpe de Estado contra Nicolás Maduro que se ejecutaría el 12 de febrero de 2015.

Yo soy la voz de mi hijo y en este momento, así como lo hecho desde hace 3 años, vuelvo a pedir su libertad, porque mi hijo nunca debió estar preso, él fue presentado en calidad de testigo y quedó detenido, dice Marilú Guevara, madre del primer teniente (AV) Peter Moreno Guevara, desde Maracay.

A pesar de esa anulación de la sentencia, para la señora Guevara es difícil comprender que su hijo siga detenido y no entiende cómo esa notificación de anulación fue conocida casi 4 meses después de que el presidente de la Corte Marcial la emitiera.

“¿Quién les devuelve a esos muchachos esos más de 3 años que llevan presos?”, se pregunta la madre del oficial, recordando además que los tres civiles ya cumplieron con más de la mitad de la sentencia.

Marilú Guevara ya no puede visitar a su hijo todos los meses. La crisis económica le impide trasladarse a la cárcel La Pica en Maturín, en el estado Monagas, donde el oficial cumple una condena de 9 años, 8 meses y 21 días de prisión.

Fotos: Gregoria Díaz / Runrunes



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