El Presidente achaca los males de la economía a la guerra económica, pero desde fines de 2013 ha tenido dos Habilitantes y varios decretos de emergencia que le han dado vía libre para imponer más controles.

Caracas. Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia en abril de 2013 no ha cesado en señalar que la “guerra económica”, promovida por el Imperio y los empresarios, no lo ha dejado gobernar, pero en cuatro años de mandato lleva tres y medio con leyes habilitantes y decretos de emergencia económica, que además le han permitido omitir el control de la Asamblea Nacional (AN).

Por medio de los poderes especiales, el Jefe de Estado ha creado marcos legales y reformado instrumentos que han reforzado el modelo de controles y ello, junto con la aplicación de acciones desordenadas, han acentuado los desequilibrios de la economía. La producción se ha desplomado y en consecuencia la escasez de artículos básicos es mayor. La inflación es de tres dígitos, lo que evapora el ingreso de los ciudadanos.

Vía Habilitante

En 2013 y 2015, el Jefe de Estado solicitó dos leyes habilitantes a la AN bajo el argumento de “combatir la corrupción” y “defender la soberanía de acciones injerencistas”. Sin embargo, los instrumentos elevaron las regulaciones al sector privado, le dieron más poder a los consejos comunales y permitieron un manejo discrecional de las finanzas.

El primer texto aprobado vía Habilitante fue la Ley de Precios Justos, que se autorizó en el marco del Dakazo en noviembre de 2013. El Gobierno ordenó fijar “precios justos” en toda la cadena de producción, estableció una ganancia máxima de 30 %, y declaró de utilidad pública todos los bienes para desarrollar la producción, fabricación e importación de productos.

Esta Ley fue reformada en diciembre de 2014 para imponer más sanciones a las industrias y los comercios por especulación, acaparamiento, reventa de productos, entre otros delitos. Montos que se incrementaron con la modificación de 2015.

En 2014, el mandatario creó la Ley del Sistema Nacional Agroalimentario para tener “una plataforma tecnológica para ejercer control de la cadena agroalimentaria”, lo que abarca las guías de movilización que se imponen desde 2007 y que permiten al Estado saber cuánto produce cada empresa y definir el destino de cada rubro.

A los textos mencionados se suma la Ley Antimonopolio que se autorizó en 2014 y con la cual Maduro puede regular “la actividad económica productiva” mediante la prohibición de conductas monopólicas, oligopólicas y de abuso de posición de dominio. Quedan excluidos de este control las empresas públicas.

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Los cambios también se registraron en las leyes tributarias con el objetivo de obtener más recursos, debido al descenso de los precios del crudo. Se subió el impuesto al alcohol, se revisó el Impuesto sobre la Renta (ISLR) y aumentó la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los bienes suntuarios. A la par, el Código Orgánico Tributario se reformó para elevar las multas y penas a las industrias y comercios y aumentar los poderes del Seniat.

En 2015, la tasa del ISLR se ajustó de 34 a 40 % y volvió a aplicarse el Impuesto a las Transacciones Financieras a las empresas. De hecho, en el presupuesto de 2017 el ingreso por ese tributo a las transacciones supera al aporte de Pdvsa.

Con un precio del barril en más de 90 dólares, el Gobierno recortó la entrega de dólares a las empresas y centralizó más la asignación de billetes verdes. En 2013, constituyó la Corporación de Comercio Exterior (Corpovex) para importar y suministrar los bienes e insumos que las empresas públicas y privadas necesitan para producir. Y adicionalmente, Cadivi se transformó en el Centro de Comercio Exterior (Cencoex).

Luego en 2015 fue modificada la Ley de Régimen Cambiario para dejar en manos de un solo ente la entrega de certificados de producción, condicionando la autorización de ese documento. Todavía ello no se ha ejecutado.

Con las leyes de la Habilitante fue revisada la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) en dos oportunidades. La primera para incluir diamantes y otras piedras preciosas y yuanes en las reservas, debido al bajo nivel de los activos. La segunda modificación fue para impedir al Parlamento remover al directorio del ente emisor y facultarlo a ocultar información. Hasta la fecha, el Central no ha publicado los datos de inflación ni el comportamiento de la economía del pasado año.

Para garantizarse más dinero, el Jefe de Estado no sólo revisó los tributos, ajustó la Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y así amplió el límite de endeudamiento de la entidad estatal para poder manejar los préstamos con China.

La Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público tuvo dos modificaciones, pero la reforma relevante fue la diciembre de 2015 cuando se le quitó la atribución a la Asamblea Nacional para autorizar el endeudamiento. El texto indica que el Gobierno informará semestralmente al Legislativo de las condiciones financieras que se fijen para las operaciones de endeudamiento.

Desde 2007, el Gobierno ha usado las habilitantes para que los consejos comunales tengan una mayor participación en los procesos productivos a fin de seguir consolidando el modelo socialista y restar poderes a los mandatarios regionales. Y en las Habilitantes de 2014 y 2015 se autorizaron leyes que les garantizan a esas instancias acceso a los financiamientos.

El saldo entre 2013 y 2015 fue un retroceso de la economía. La producción se fue en picada por los controles y el recorte en la entrega de dólares a las importaciones en más de 60%, lo que elevó la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. La inflación se disparó y en 2015 llegó a 180,5 %.

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Vía emergencia económica

Cuando la oposición se convirtió en mayoría en la AN, Maduro buscó caminos para evadir cualquier revisión de los diputados y aprobó un decreto de emergencia económica que se ha extendido en varias oportunidades y que ha sido refrendado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Por medio de esa norma, el control a la producción que se estableció mediante la Ley de Precios y otros instrumentos aumentó. Bajo la emergencia, se conformaron los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) para la distribución de bolsas de comida, pero a dichas instancias se les dio el poder de supervisar la elaboración y despacho de artículos básicos. Dominio que lleva a que 50 % de la producción de alimentos y rubros de higiene sea para los Comités.

El poder de los Clap es mayor porque junto con la Fuerza Armada Nacional pueden ejercer funciones de vigilancia y organización para “el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras”.

Con la emergencia económica, el Ejecutivo se salta a la AN en la revisión de los contratos de interés público y puede conformar empresas mixtas sin fiscalización. Ya el pasado año, el Gobierno amplió la participación de Rosneft en Petromonagas y comenzó a crear empresas mixtas mineras. Medidas que han sido avaladas recientemente por el máximo tribunal.

A los contratos se añade el manejo discrecional de las finanzas. Los cambios en la Ley del BCV y la Ley de Administración Financiera han sido complementados con la emergencia económica que le impide a la AN revisar la Ley de Presupuesto y los créditos adicionales.

En enero del pasado año, Maduro autorizó una norma especial para no enviar créditos adicionales a los diputados. Los recursos no ejecutados del 2015 fueron transferidos al Fonden y por esa vía el mandatario ha ejecutado la plata directamente, medida que se ha mantenido en 2017. Por medio de ese procedimiento, el mandatario avaló operaciones por más de 3 billones de bolívares en 2016.

En octubre de 2016 la Ley de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento de 2017 fueron entregadas al TSJ y a la fecha solo ha circulado la Gaceta Oficial con el endeudamiento, la del Presupuesto no aparece, aunque ya el gasto se está desembolsando.

En 2016, la economía cayó 16%, según la información extraoficial. La empresas operaron a un tercio de su capacidad por las regulaciones y la baja disponibilidad de materia prima producto de la restricción en las autorizaciones de divisas, lo que acentuó la escasez. La inflación fue superior a 400 %.

En la primera mitad de 2017 las distorsiones se han profundizado. La actividad de las industrias sigue mermada por la falta de insumos, de hecho las compras externas a febrero bajaron 29% , según cifras de Ecoanalítica.

Foto referencial: Cristian Hernández


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