Juan Cuenca: “En 2004 comenzó el proceso de desinstitucionalización de la justicia”

El magistrado suplente del TSJ, Juan Carlos Cuenca, niega que en Costa Rica se le esté investigando por ninguna presunta irregularidad, tal y como lo reflejaron las objeciones que en su contra pusieron los técnicos del Consejo Moral Republicano para impedir que fuera elegido por la anterior Asamblea Nacional, como terminó ocurriendo.

Caracas. Diciembre de 2004. Hace casi 13 años, la entonces Asamblea Nacional controlada por el chavismo decidió ampliar de 20 a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), hecho que para organizaciones de Derechos Humanos, como Human Rights Watch, le permitió al oficialismo convertir a la justicia en su apéndice y comenzar así a socavar la democracia venezolana.

Incluso dentro del máximo juzgado hay quienes creen que esta decisión fue un error, pero no por la ampliación sino por las personas que ingresaron al amparo de ella. Uno de estos críticos es el magistrado suplente de la Sala Penal, Juan Carlos Cuenca Vivas, quien en conversación con Crónica.Uno afirmó que la actual directiva presidida por el magistrado Maikel Moreno está dando pasos para revertir la situación y recuperar lo que se logró en los primeros años de vigencia de la Constitución de 1999.

La justicia venezolana ha sido muy cuestionada, pero no desde ahora sino desde hace años. ¿Cómo ve usted esas críticas?

—No existe ningún país del mundo en el que la justicia no sea cuestionada. Quisiera yo ver algún país donde la sociedad o el Poder Ejecutivo avalen a la justicia, porque en casi todas las sociedades del mundo el Poder Judicial es la Cenicienta, porque tener un Poder Judicial fuerte es tener a los demás poderes sometidos a un Estado justicialista como es el proyecto constitucional de 1999.

Yo creo que pudiéramos decir que entre 1999 hasta 2004 se dio una primera etapa de reconstrucción del Poder Judicial, en el cual venía brillantemente adelantándose un proyecto de reinstitucionalización del Poder Judicial. Funcionaron los concursos, se comenzó a recuperar sedes y se mejoraron los ingresos del personal judicial, pero en diciembre de 2004 ocurre la ruptura de ese plan y viene el devastador ingreso de Luis Velásquez Alvaray y su clan. Destruyen todo lo que hasta ese momento se había logrado.

¿Fue un error ampliar el TSJ como han dicho distintas organizaciones no gubernamentales y especialistas?

—La ampliación misma no fue un error, sino cómo se ejecutó, porque no ingresaron los mejores. Desde mi punto de vista, con esos ingresos comenzó ese proceso progresivo de desinstitucionalización, proceso que ahora creo que tenemos la posibilidad de revertir y creo que se está haciendo, porque la directiva actual tiene interés en reinstitucionalizar al Poder Judicial.

¿Pero Velásquez Alvaray solo pudo echar por tierra todo lo que se venía haciendo? ¿Es el único culpable?

—No, evidentemente él tenía que contar con adláteres que apuntalaran su ejecutoria, entre ellas la doctora [Luisa Estella] Morales Lamuño que aunque desde que llegó al TSJ ocupaba la Presidencia de la Sala Constitucional, el que realmente gobernaba el Poder Judicial era Velásquez Alvaray. También estuvo Luis Ortiz Hernández, Emiro García Rosas, pero indudablemente que la política judicial de Velásquez Alvaray permeó y gracias a que tenía el control de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, el tribunal disciplinario a la época. Se ejecutaron o ajusticiaron a los jueces que no le hacían caso a Luis Velásquez o a sus adláteres y para muestra un botón: Yo soy víctima de esa ejecutoria.

¿Por qué? ¿Su destitución no estuvo ajustada a la ley? Y si fue así ¿por qué ni la Sala Político Administrativa ni la Constitucional le dieron la razón?

—Mi destitución es un absurdo, porque una supuesta omisión en resolver un asunto se convirtió en un abuso de autoridad, cuando el abuso de autoridad requiere de la extralimitación en el ejercicio de las atribuciones. Ese es el caso mío. Lamentablemente, yo lo litigué en las instancias en las que quedaban las reminiscencias de Velásquez Alvaray.

¿Por qué la emprendió contra usted?

—Porque no fui solicito ante las exigencias de él en el caso de Fundación La Salle —para entregarle la dirección y los fondos de la institución fundada por el fallecido padre Ginés a una directiva ad hoc. Él intentó presionarme para que decidiera favorablemente a unos intereses bastante opacos y yo no resolví en ese sentido. Mi sentencia fue dictada el 21 de septiembre de 2005 y el 29 fui destituido.

Los técnicos del Consejo Moral Republicano objetaron su postulación para magistrado por una investigación que supuestamente tenía abierta en Costa Rica. ¿Qué puede decir de eso?

—Eso no es más que el producto del ejercicio desproporcionado e irresponsable del periodismo. Tuve un cliente en el ejercicio de mi profesión de manera liberal que era una sociedad mercantil costarricense (Arbia). Yo desempeñé desde Venezuela, porque esa empresa estudiaba instalarse en el país. Posteriormente, esa empresa hizo un negocio con la Compañía Anónima Industrias Militares (Cavim) para la construcción de un tanque de aluminio que no se produce en Venezuela, pero yo no participé en esa operación y luego esa empresa también consiguió otro negocio con Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca) para la adquisición de una cifra estrambótica de jabones.

Por este último negocio, la Fiscalía costarricense investigó a la empresa y al revisar a quién le habían pagado dinero se encontraron con unos pagos que me hicieron, que eran los honorarios por el trabajo que les hice. La Fiscalía investigó quien era yo y al meter mi nombre en Google se encuentra con una opinión vertida en el panfleto electrónico llamado Aporrea, en el que se dice que fui destituido por haber recibido un millón de dólares en el caso La Salle y que era prófugo de la justicia. A raíz de esta explosión informativa tuve que contratar un abogado en Costa Rica, país al que nunca he ido; para que se cerciorara de lo que ocurría conmigo. Gracias a eso obtuve una certificación que dice que nunca he sido investigado ni se ha cursado causa en mi contra en la Fiscalía de Costa Rica.

¿No hay proceso contra usted entonces?

—No, jamás y tengo papeles que lo muestran.

La fiscal general ha cuestionado el proceso de designación de magistrados de 2015, conocidos como el de los “magistrados exprés”, en el cual usted resultó escogido magistrado suplente. ¿Qué opinión le merecen esas objeciones?

—¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esperó año y medio para decir que ella no participó en ese proceso de designación? Yo no he visto ningún análisis racional sobre el proceso llevado por el Comité de Postulaciones Judiciales, el Consejo Moral ni la Asamblea Nacional. Siempre se persigue deslegitimarlo porque la AN en sus últimos estertores designó autoridades, pero la AN es legítima hasta el momento en que entregue.

Pero el hecho de que el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales del momento, Elvis Amoroso, se postulase a magistrado luego de no ser reelecto diputado en las elecciones del 6 de diciembre de 2015 o que no se cumplieron los lapsos para impugnar ¿no son elementos para dudar de la transparencia del proceso?

—Que hubiese podido causar una nulidad invalidante, la elección del presidente de Comité de Postulaciones como magistrado principal o suplente, pero eso no ocurrió. Sobre los lapsos para las objeciones hay que recordar que se rechazaron las objeciones por vagas e imprecisas.

Foto referencial.


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