El temor de los empleados cobró fuerza el pasado 23 de enero, cuando acudieron solo 2 de los más de casi 30 trabajadores que están repartidos entre la Oficina de Planificación del Sector Universitario y de la Dirección de Gestión de Trámites Universitarios en Caracas. La ausencia, que fue una decisión unánime de los trabajadores, generó disgusto entre los supervisores, que los acusaron de manifestarse en contra del Gobierno durante la movilización convocada por la oposición.
Caracas. Empleados de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) y de la Dirección de Gestión de Trámites Universitarios, adscritas al Ministerio de Educación Superior, se dicen asediados, acorralados por activistas infiltrados del Gobierno que vigilan sigilosos al personal del despacho. Una fuente del lugar, que pidió resguardar su identidad, cree que el Gobierno ha reeditado la cacería de brujas contra los funcionarios públicos que disienten de Nicolás Maduro.
El temor de los funcionario cobró fuerza el pasado 23 de enero, cuando acudieron solo 2 de los más de casi 30 trabajadores que están repartidos entre ambos despachos. La ausencia, que fue una decisión unánime de los trabajadores, generó disgusto entre los supervisores, que los señalaron por manifestarse en contra del Gobierno durante la movilización convocada por la oposición. Quienes prestan servicio en la institución aseguran que la ausencia fue un modo de protesta al margen de la agenda opositora.
Fue nuestra propia forma de protestar, de dar a entender nuestro desacuerdo con lo que ocurre en el país y ahora nos amenazan con despidos, remoción de nuestros cargos y con persecución si hacemos cualquier cosa que los incomode, pero no nos vamos a quedar callados“, dijo otro funcionario, que suma 18 años en el Ministerio de Educación Superior.
Algunos empleados temen ser jubilados antes de tiempo. Las reuniones a puerta cerrada se dan en todos los departamentos para emitir la misma orden: “empleado que proteste, empleado que será botado”. Las amenazas, dijo una funcionaria del GTU, son más que rumores de pasillo. Hay incluso propuestas de remoción de personal a otras instancias.
Los empleados piden resguardar su identidad y exigen se respete la Ley Orgánica del Trabajo. “Los pagos han sido irregulares, nos han desmejorado como profesionales y al parecer intentan desmembrar la Opsu, una oficina que el propio Gobierno promovió para reorganizar el ingreso a las universidades del país”, añadió la fuente.
Participa en la conversación