Denuncian que colombianos presos no tienen pocetas y hacen sus necesidades en tobos

Familiares de los 59 colombianos detenidos desde hace 27 meses denunciaron, en la asamblea anual del Foro Penal, las condiciones en las que estos se encuentran e insistieron en que la detención es arbitraria.

Caracas. Yesica Rivero piensa que ella y su familia, para esta fecha, ya estuviesen en Colombia. Más allá de la asfixia económica que vive en Venezuela, lo que la ata al país es su esposo, Joaquín Contreras, de 48 años de edad. Él, junto con otros 58 ciudadanos colombianos, se encuentra detenido arbitrariamente desde hace 27 meses, recuerda Rivero, mientras lanza una mirada que coincide con el rostro de su bebé.

“Me siento mal con esto. Porque sé que, si él estuviese libre, estaría trabajando y ayudándome. Incluso, creo que ya ni estuviésemos en el país, sino en Colombia”. Dice que Contreras se encuentra bien físicamente, aunque habla poco. No solo lamenta que su esposo esté preso en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara en Caracas, sino las condiciones que lo rodean en ese lugar.

“El sitio es horrible. Joaquín está mal en el sentido de que duerme mal, los baños no están aseados, no tienen pocetas, hacen sus necesidades en tobos. La alimentación tampoco es balanceada, le pueden llevar un día pasta sola o arroz. Otras veces, cochino molido”, cuenta Rivero. “Aun así, mi esposo es optimista, tiene fe de que saldrá”, sostiene.

Ella también lo cree así. Por eso no olvida las rutinas que solían tener juntos: preparar todos los días almuerzos y venderlos en la calle. Fue un día como ese, pero en septiembre de 2016, cuando detuvieron a Joaquín. Algo similar con los otros 58 colombianos, quienes fueron aprehendidos por la Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

Familiares de presos políticos durante la Asamblea Anual del Foro Penal.

“Los fueron agarrando por separado cuando salían del trabajo. Algunos eran buhoneros, obreros, personal de aseo. Se trata de ciudadanos colombianos que tienen en Venezuela aproximadamente 20 años. Para entonces fueron acusados porque supuestamente eran paramilitares y tenían un campamento a 500 metros de Miraflores”, asegura Estefania Migliorini, del Foro Penal Venezolano.

Germán Guillermo Espinoza, de 34 años de edad, también detenido, ha perdido peso y su mamá, Yolanda Pérez, está preocupada. “Está muy delgado porque vive en unas condiciones infrahumanas. Eso allí dentro está muy hediondo, podrido. No los dejan salir”. Lo visita cada ocho días, aunque le gustaría verlo más veces a la semana.

“Voy así porque es cuando consigo algo para llevarle. Está difícil conseguir las cosas, si a veces no consigo ni para mí. Él me dice ‘mami, si puedes tráeme un jabón y una pasta”. Su hijo, cuenta ella, trabajaba en un local de venta de frutas al mayor en Coche y entrenaba a un equipo de fútbol infantil.

“Hoy cumple dos años y tres meses detenido. Yo lo único que desearía sería tener Maduro en mis manos, agarrarlo por el cuello y soltarlo cuando ya no respire”, afirma.

Imputados por terrorismo

La actualización más reciente de la situación de los 59 presos colombianos en el país, cuenta Migliorini, fue la audiencia de presentación que tuvieron el pasado jueves 29 de noviembre, donde no se permitió el ingreso de abogados: “El día anterior les mandaron a firmar un documento donde supuestamente les ayudarían con unos documentos del Saime para deportarlos. Pero lo que firmaron fue sus derechos como imputados y les asignaron un defensor público”. En la audiencia los acusaron de terrorismo, asociación para delinquir y falsificación de documentos. Les asignaron como centro preventivo la PNB de La Yaguara.

Desde el 21 de noviembre de 2017 estas personas tienen boletas de excarcelación, pero nunca fueron ejecutadas. De hecho, hace tres meses, dice Migliorini, se realizó un hábeas corpus para que el tribunal se pronunciara con respecto a esa boleta. “Esa hábeas corpus cayó en el Tribunal 24 de Control, allí hicieron aproximadamente seis diligencias dirigidas al director de la PNB preguntándole la situación de los detenidos colombianos, de por qué seguían recluidos”, señala Migliorini. Explica que el mes pasado la Sala Constitucional de la Corte Constitucional emitió una sentencia que anula la boleta de excarcelación y solicita una medida de revisión para verificar junto al Saime a los ciudadanos debido a “irregularidades en el documento”.

La preocupación de muchos por este caso ha llegado a varias organizaciones internacionales. El lunes Amnistía Internacional exigió la libertad de estas personas, atención médica y mejores condiciones mientras estén en custodia.

A su vez, la portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, se pronunció en octubre ante las condiciones de detención en que se encuentran estos ciudadanos y su poco acceso a alimentos, agua y medicamentos.

“Los 59 fueron acusados de ser paramilitares colombianos, pero hasta la fecha no se han presentado evidencias ni cargos contra ellos y, en noviembre de 2017, un juez venezolano dictaminó que debían ser liberados incondicionalmente. Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que cumplan con esta decisión y los liberen”, expresó.

Detenciones en cifras

Durante la Asamblea Anual del Foro Penal Venezolano, el presidente de este organismo, Alfredo Romero, indicó a la fecha ha ocurrido 12.949 detenciones desde 2004: “Estas cifras reflejan como se encarcela y excarcela para crear un efecto de intimidación, que es una estructura planificada que no es algo causal, sino una forma que se utiliza a los efectos de lograr el poder político mediante el uso de la represión, la intimidación y el temor”.

Continúan tras las rejas 288 presos políticos. Romero afirma que desde la liberación del exdirigente estudiantil Lorent Saleh en octubre, han sido encarceladas más de 15 personas. “Se van encarcelando y excarcelando, la semana pasada hubo 10 presos políticos, entre ellos, nueve trabajadores de Ferrominera, entre esos, Rubén Gonzáles, sindicalista”, asevera.

De los 288 presos políticos, solo 24 tienen condena, mientras que menos de 10 % ha tenido posibilidad de procesos judiciales y audiencias.

“Tenemos a 80 militares detenidos. Y Ramo Verde es la cárcel con la mayor cantidad de presos políticos. El Helicoide pasó a segundo lugar con 12 presos políticos”, destacó Romero.

Fotos: Carmen Victoria Inojosa