Emily León, de 23 años, duerme en una casa con 18 personas más. Todas fueron desalojadas del sector La Ensenada durante la Operación de Liberación del Pueblo, en julio de 2015. 86 familias siguen sin techo.
Caracas. “24 de julio de 2015, a las 4:30 am. Los perros comenzaron a ladrar y todos nos paramos alarmados”. Así comenzó Emily León a recordar el día en que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la sacaron de su casa, y después la derrumbaron.
Desde entonces quedó en la calle. Esa noche durmió al borde del kilómetro 4 de la carretera Panamericana, debajo del barrio que durante sus 23 años de vida fue su casa: La Ensenada.
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Primero se refugió en el hogar de una tía en Cotiza. Ahora va de casa en casa con sus dos hijos, de ocho y seis años. Duerme en una colchoneta que atraviesa en la sala —en la vivienda un familiar de su hermanastra— con 18 personas más que también fueron desalojadas.
En esa pequeña residencia, ubicada en Casalta IV, se acomodaron cinco familias. Improvisaron cuartos con láminas de zinc para tener privacidad y ajustaron lo mejor posible dos neveras, una cocina y una mesa de plástico en la sala.
“Cuando llueve se nos inunda la casa por las goteras y porque el agua entra por la parte de atrás que está descubierta”, contó la mamá de Emily, quien también habita en ese lugar.
Llegar y salir de ahí no es fácil. El transporte los deja en la parte baja y deben caminar varios minutos por una pronunciada colina de tierra, hasta que entran por unos callejones que conducen al estrecho caminito que los lleva a su hogar.
“Tengo que parar a los niños de madrugada, porque hay que salir a las 5:30 am para poder llegar hasta su escuela en Coche. Luego llegamos a la casa como a eso de las 9:00 pm, es demasiado forzado para los niños”, contó.
Ante esto, Emily duerme unos días en casa de una amiga en El Valle, porque le queda más cerca del colegio de sus pequeños.
“Mi hijo mayor llora mucho porque quiere volver a su casa. Me dice que trabajo mucho para nada, porque todavía no tenemos una casa”.
Tanto Emily como sus familiares viven nerviosos debido a lo peligroso que es el sector de Casalta en el que residen. Aseguran que en La Ensenada no oían tiroteos y en 33 años que tenía la comunidad nunca hubo un muerto.
“El fin de semana escuchamos unos tiros cerquita de la casa, esto es diferente, aquí sí se oyen tiroteos, en La Ensenada nunca pasamos por cosas así”, dijo la hermanastra de Emily.
Humillaciones de la GNB
Las 86 familias que desalojaron hace más de un año durante una OLP en el kilómetro 4 de la Panamericana, siguen sin casa. Los funcionarios de la GNB llegaron de madrugada y les dieron dos horas para salirse de ahí “por las buenas o por las malas”.
“Protestamos porque queríamos una solución y detuvieron a mi hermano, de 16 años, y a mi hermana. Los agredieron y mi mamá tuvo que firmar un documento que constaba que no los golpearon, pero no fue así”.
Emily insistió en que en La Ensenada no había delincuentes, pues era una comunidad familiar en la que todos se conocían o por lo menos tenían algún parentesco: “Mi abuelo fundó La Ensenada, tenía 33 años viviendo ahí. Parece mentira pero no había hampa, ahí el mayor problema eran los borrachos, pero eran nuestros, y podíamos vivir con eso”.
Los uniformados les lanzaron bolsas negras a los vecinos para que metieran sus bolsos, los escupieron, y les hicieron montar sus enseres en un camión que, supuestamente, los llevaría hasta un refugio en La Yaguara. Un año después no han recuperado sus cosas, porque no las encontraron.
Dos días después del desalojo, Emily fue detenida una mañana en que regresó a buscar unos papeles de sus hijos bajo los escombros. La acusaron de tener 13 matas de presunta marihuana en el patio de su casa y a otro vecino por tener 830 gramos de bicarbonato.
“En La Ensenada siempre hemos sembrado y ese vecino usaba el bicarbonato para su siembra. Teníamos hasta cochinos”.
La mantuvieron varios días en El Poliedrito, después fue trasladada al Comando Regional 5 y de ahí al comando de la GNB en El Recreo. “Dormí esposada en las escaleras, porque ellos decían que no sabían qué tan peligrosa era. Luego se me dieron colchonetas, pero siempre hubo humillaciones”.
Alegaba ser inocente, sin embargo, fue traslada al Instituto de Orientación Nacional Femenina (INOF), en Los Teques, donde solo estuvo tres días porque, para su fortuna, llegó la boleta de excarcelación.
“Nunca hubo pruebas suficientes, no había fotos de las supuestas matas en el patio de mi casa sino unas fotos en la oficina. Una abogada me dijo que tenía razón pero como había sido en una OLP el expediente tenía que quedar así”, soltó.
Perder la esperanza por una vivienda
Las familias desalojadas en la OLP de la Panamericana, hace más de un año, crearon un comité de afectados, compuesto por cuatro sectores: Semáforo, Bosque Verde, Divino Niño y La Ensenada.
A diferencia de los habitantes del barrio La Invasión, en el kilómetro 2, ellos no fueron llevados a un refugio, aunque se los prometieron. Por eso los afectados tuvieron que resolver donde vivir, ya que les daba miedo pernoctar al borde de la Panamericana con los niños.
Desde entonces, miembros del comité han acudido a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional (AN) y a la Vicepresidencia. Sin éxito.
“Nora Delgado (Diputada PSUV) solo nos ha mamado gallo. Tania Díaz (Diputada PSUV) me pateó. Yo soy revolucionaria, miembro de la UBCh, merecemos ser escuchados”, agregó la mamá de Emily.
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Contaron que tuvieron una reunión con el Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, quien se comprometió a hacerles el enlace con la viceministra de Redes Populares en Vivienda del Ministerio de Hábitat y Vivienda, Hilda Cabezas, pero tampoco hubo avances.
“Por momentos perdemos las esperanzas, porque las humillaciones han sido demasiadas. No es justo que nos hagan pasar por tanto, no fue fácil cuando nos sacaron de nuestra casa y nos lanzaron unas bolsas negras que con el peso se rompían”, agregó un pariente de Emily, otro de los habitantes de la casa en Casalta IV.
El viernes 24 de julio de 2015 iniciaron una OLP en la Panamericana. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de ese momento, Gustavo González López, informó que detuvieron a 18 personas en el sector El Cují, del kilómetro 3: una solicitada por abuso sexual y dos por tráfico de drogas; el resto eran extranjeros.
Añadió que demolieron 299 ranchos en una zona de alto riesgo. Localizaron un sembradío con 15 plantas de marihuana, 820 gramos de bicarbonato —que usan para procesar drogas— un arma y 68 uniformes.
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El Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) explicó que el Estado violó las garantías procesales previstas en el caso de desalojos y consagradas en los instrumentos internacionales y nacionales de protección al derecho humano de una vivienda, porque no consultó con los afectados ni dio notificación previa razonable, al contrario, lo hizo de manera sorpresiva.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dice: “Antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar porque se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza. Deberían establecerse recursos o procedimientos legales para los afectados por las órdenes de desalojo. Los Estados Partes deberán velar también porque todas las personas afectadas tengan derecho a la debida indemnización por los bienes personales o raíces de que pudieran ser privadas”, citó un documento de Provea.
Fotos: Miguel Gónzalez, cortesía Emily León
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