Catalina Botero, abogada colombiana, experta en Libertad de Expresión, expresó que «Venezuela es un caso exótico» al referirse a la detenciones por  criticar al Gobierno en redes sociales. «Ni siquiera Ecuador avanzó a ese nivel de vulneración dramática. No se puede pagar una indemnización ni criminalizar la opinión», afirmó. 

Caracas. No solo se castiga a la disidencia, se bloquean páginas y se asfixia a los medios de comunicación impresos con las restricciones de papel. Las expresiones asociadas a la crisis del país publicadas en redes sociales también se sancionan: Desde 2009, unos 53 venezolanos han sido sometidos a detenciones y procesos judiciales irregulares por el contenido que han fijado en un Tweet, un post de Facebook o Instagram, por manifestar una opinión. Estos datos forman parte del Programa Observatorio Social de la ONG Espacio Público y que fueron presentados este jueves en el foro «Detenciones por expresarse en línea«.

«El 50% de las detenciones han sucedido por opiniones en Twitter asociadas al contexto de crisis. Otro menor porcentaje por publicaciones en Facebook, Whatsapp e Instagram. En 2014, a finales de octubre, tuvimos el primer pico, vinculado a críticas en línea contra el Gobierno«, dijo la coordinadora del programa, Marysabel Rodríguez. En 2018 ha sido el año con más detenciones, al menos unas 20 personas.

Rodríguez destacó que son pocos los casos que llegan a sentencias firmes, por el contrario, son sometidos a procesos arbitrarios donde «se abusa de la prisión preventiva como mecanismo para la criminalización y el castigo«. «Son pocos los casos de sentencias en 2014. A estos se les impuso una defensa pública donde presuntamente saldrían bajo medidas cautelares, estos son los que cumplen sentencias enteras. Se trata de una táctica para que asuman que cometieron un delito«, puntualizó.

Para Catalina Botero, abogada colombina, experta en Libertad de Expresión, expresó que «Venezuela es un caso exótico« al referirse a la detenciones por expresarse en línea.  «Ni siquiera Ecuador avanzó a ese nivel de vulneración dramática. No se puede pagar una indemnización ni criminalizar la opinión«, afirmó. 

Imputados por sátira política 

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Durante el foro «Detenciones por expresarse en línea» de la ONG Espacio Público, la profesora universitaria, abogada y miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, María Alejandra Castillo, relató el caso de los bomberos merideños, Carlos Varón y Ricardo Antonio Pietro, quienes fueron aprehendidos sin orden judicial por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 12 de septiembre en Apartaderos, al frente del monumento de Loca Luz Caraballo. Al día siguiente se inició el procedimiento disciplinario de destitución a Varón. 

Castillo resaltó que fue desproporcionado la utilización de este organismo de seguridad para la detención de los dos bomberos: «Se trata de un grupo de inteligencia, espionaje al enemigo. ¿Podían los bomberos de los andes poner en riesgo la seguridad nacional?«, se pregunta.

«Tiene una función especialísima. Es un órgano adscrito al Ministerio de la Defensa con competencias en inteligencia y espionaje enemigo para garantizar la seguridad y la defensa de la nación«.

El 14 de septiembre la audiencia de presentación fue diferida, dos días después fueron imputados por delito de promoción de odio agravado, fundamentado en los artículos 20 y 22 de la Ley Contra el Odio, promulgada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. El 21 de septiembre los trasladaron al Centro de Coordinación Policial de Bailadores, a unas cinco horas de sus casas. Castillo denunció que esta situación dificultó el traslado de familiares para llevarles a Varón y Prieto alimentos y medicamentos.

María Alejandra Castillo, abogada miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes.

Los bomberos Varón y Pietro grabaron un video donde hacen sátira política contra el Gobierno. Se trata de una filmación en que pasean a un burro, haciendo referencia al presidente Nicolás Maduro, por la central de bomberos mientras que el animal hace una supuesta inspección al lugar.

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El 15 de octubre el Ministerio Público de Mérida solicitó una audiencia para cambiar la calificación del delito, cuenta Castillo. Se les impuso dos nuevos delitos: vilipendio al presidente Maduro e instigación pública con agravantes, contemplados en los artículos 147, 285, 77 numeral 13 del Código Penal Venezolano. Por estos delitos les podrían asignar más de 9 años de prisión.

Luego de 48 días de detención, fueron puestos en libertad condicional con medida de presentación ante el Circuito Judicial Penal cada 30 días, prohibición de salida del país, utilización de redes y dar declaraciones a periodistas. La censura también se impuso a los compañeros de Prieto y Varón. El comandante de los bomberos emitió un comunicado donde alerta sobre las restricciones de la expresión, asegurando que deben obediencia y subordinación. Desde el pasado 28 de septiembre el cuerpo de bomberos se encuentra intervenido por el Gobierno.

«Aquí está coartada, absolutamente vulnerada la libertad de expresión. Ellos no están fuera de peligro, pueden ser objeto de una sentencia de hasta 9 años de cárcel, siguen vulnerables ante la justicia. Cuando vemos cuál es el objeto del delito, fue una ingenua parodia, que le han hecho a las autoridades en otras partes  del mundo«, dijo Castillo.  Tienen 8 meses para seguir el procedimiento.

A estas dos personas les fueron vulnerados aproximadamente ocho derechos al ser detenidos por el Dgcim: Por ser interrogados para que declaren en su contra sin presencia de abogados, el lugar de reclusión no cumple con los estándares, la audiencia de presentación se la hicieron 24 horas después -debió ser a las 48 horas- un fiscal de flagrancia los imputó, pese a que no fueron aprehendidos en esa situación, los elementos no eran convincentes como para no otorgar la libertad plena. «Son ocho violaciones al debido proceso, no solamente de normativa interna y de principios de rango constitucional, sino de tratados internacionales«, expresó Castillo.

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Criminalizado por un tweet

A Pedro Jaimes Criollo, un aficionado de las telecomunicaciones y tuitero @Aereometeo, una comisión del Sebin lo detuvo el 10 de mayo sin orden judicial, tras publicar el 3 de mayo la ruta del avión presidencial rumbo a Aragua en Twitter. Pasó dos días en «interrogatorio», 33 días desaparecido y fue imputado por interferencia de la operatividad aeronáutica, revelación de secretos políticos y espionaje informáticos. El 29 de mayo se hizo la solicitud de hábeas corpus para garantizar la seguridad personal. Cinco meses después se juramentaron sus abogados, Amado Vivas y Ricardo Rosales.

Amado Vivas, miembro del equipo de defensa de la ONG Espacio Público.

 Amado Vivas, miembro del equipo de defensa de la ONG Espacio Público, explicó durante el foro que no existe un regulación que norme publicaciones de imágenes del servicio de redes aeronáuticas, información satelital y siglas del avión presidencial. A Jaimes Criollo se le imputó los delitos de interferencia de la operatividad aeronáutica civil, revelación de secretos militares y espionaje informático.

La audiciencia preliminar ha sido diferida seis veces, la última fue 29 de noviembre y no se acató la orden de traslado. Este tuitero recibió medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 4 de octubre. Jaimes Criollo se encuentra recluido en El Helicoide.

Fotos: Luis Morillo


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