Los vecinos denuncian que solo en La Candelaria, desde 2004 hasta el día de hoy, han ocurrido 32 y en todo el norte de la ciudad van 134. Se cuentan en ese lote las invasiones a las torres Confinazas, Viasa y Radio Continente.

Caracas. Ya no hay una ola de invasiones a edificios y galpones como las ocurridas en 2005 y 2006, pero las expropiaciones continúan viento en popa. En la Gaceta Oficial N° 6234 Extraordinario, aparecen no menos de 50 decretos de ocupación temporal de terrenos ubicados en Distrito Capital, Portuguesa y Vargas.

Según el abogado Roberto Orta, presidente de la Cámara Metropolitana Inmobiliaria, desde 2010 a la fecha han ocurrido cerca de 400 expropiaciones en Caracas.

A su juicio, estos son procedimientos que no pasan por la Procuraduría: simplemente se decreta, se expropia y se hace la toma previa del inmueble, “pero no se llama a los dueños, no se hace un acuerdo amigable ni se aplica la Ley de emergencia de terrenos y vivienda”.

Ese tipo de medida contraviene el artículo 15 de la Constitución que señala que debe haber una justa indemnización. “Sin embargo, la mayoría de esas tomas quedan sin culminar y el dueño, despojado de sus propiedades”.

Además, señaló, en las gacetas que determinan la ocupación no hay una declaratoria de utilidad pública:

Las expropiaciones deberían pasar por la Asamblea Nacional para que decrete la utilidad, pero no hay ningún tipo de control legislativo ni hay previsión de algún presupuesto”.

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Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, destacó que las invasiones se pueden marcar desde 2004, cuando comenzó la ola de invasiones en el norte de la capital con las torres Confinanzas, Viasa y Radio Continental.

“Eso se extendió y muchos de esos edificios fueron posteriormente expropiados, pero siguen en condiciones de invasión porque nunca fueron cancelados. También hay un lote que pertenece a Fogade e igual fueron ocupados ilegalmente. En total hay 134 en el norte de Caracas, cerca de 40 en El Recreo e igual número en las parroquias Altagracia y San José”.

En el caso de La Candelaria se cuentan, según Rojas, 32 ocupaciones, la última fue la toma de un estacionamiento ubicado entre las esquinas de Tracabordo y Miguelacho. “Sumándose a más de 10 terrenos en Libertador que han recibido la notificación de confiscación por parte del Ministerio para Hábitat y Vivienda”.

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En pie de lucha

Por tanto, los vecinos se mantienen en pie de lucha y denunciaron que el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU) tiene pensado entregar el espacio a colectivos afectos al oficialismo.

Estas expropiaciones que se han decretado en los últimos tres meses por la cartera de Hábitat  y Vivienda no cuentan con el respaldo de la comunidad. En el caso del estacionamiento Tracabordo, tomaron la medida sin importar que los vecinos hemos expresado nuestro más enérgico rechazo, recordando que la propiedad privada también es un derecho humano y debe ser respetado. Recordemos el caso del Sambil [La Candelaria] el cual fue confiscado y luego de 8 años aún no le han pagado a los propietarios”, dijo Rojas.

Rojas reveló que las autoridades del INTU decidieron entregarle el terreno en menos de 30 días a un colectivo denominado Campamento de Pioneros Luchadores de Mi Patria, quienes hace pocos días habían invadido a mano armada el estacionamiento y ahora se encuentran pernoctando en la zona creando zozobra en la parroquia. “Hay que recordar que las invasiones son focos de violencia e inseguridad, donde atracos, robos, secuestros y hasta homicidios son el pan de cada día”.

El integrante del Frente en Defensa del Norte de Caracas acusó al ministro Manuel Quevedo de violar sin pudor la propiedad privada, incentivando a que colectivos tomen por asalto terrenos que tienen sus legítimos dueños. “Es su deber escuchar al verdadero poder popular que somos los vecinos y no a unos malandros que ven la invasión como un negocio, muchos de ellos tienen camionetas costosas y teléfonos de última generación a base de robar, mientras el pueblo humilde no tiene qué comer”, afirmó.

Asimismo, informó que el defensor del Pueblo, ‎Tarek William Saab, dio la espalda a los ciudadanos, cuando estos fueron a su oficina a llevarle una solicitud de protección en favor de la propiedad privada con más de 600 firmas, la cual no fue recibida por su despacho al argumentar que no era su competencia.

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“Al parecer, la Defensoría del Pueblo quedó para proteger a quienes oprimen al pueblo, como son en este caso los colectivos violentos quienes pistola en mano agreden al pueblo con la mayor impunidad”.

María Elena Besteiro, vecina de Candelaria, expresó que se entregaron centenares de firmas en el Ministerio para Hábitat y Vivienda y en el INTU, donde la comunidad manifestó su enérgico rechazo a la expropiación y exige ser escuchada.

“En este terreno es un peligro edificar ya que por debajo pasa la quebrada Anauco, igualmente tenemos problemas con los servicios de agua y luz, y la construcción de otra torre de la Misión Vivienda empeoraría el escenario. Tengo 54 años viviendo en Candelaria y exigimos que la autoridades no ignoren la voz de los vecinos”, concluyó.

Foto: Francisco Bruzco


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