En 2015, 111 grupos fueron rechazados por el CNE, en particular los promovidos por disidentes del oficialismo. A partir de este trabajo, queda develada la estrategia del Gobierno para cercenar el derecho a la asociación, a la participación y quiénes han sido los objetados por Miraflores.

Caracas. En 2010, había en Venezuela 325 partidos políticos y fueron a renovación 296 (52 nacionales y 244 regionales) por no haber logrado 1 % en la elección parlamentaria de ese año.

Desde 2016, existe la orden del TSJ de “relegalizar” a 59 partidos y se siente una preocupación y un temor en la dirigencia política de que, a partir de abril de 2017, queden eliminados 80 % de los movimientos electorales, entre ellos, grupos de vieja data, como el Partido Comunista de Venezuela (PCV), y una parte del Polo Patriótico —como Redes— que se han vuelto incómodos para el chavismo.

La política del Consejo Nacional Electoral (CNE) o del oficialismo por “clarificar el sistema de partidos” —o “liquidarlos”, como advierten en el Polo— data de 2012 cuando en predios del Poder Electoral se habló de acabar “con partidos de maletín”. Empero, es partir de 2015 cuando se ejecuta el plan. En marzo de ese año, el ente comicial negó la existencia de 111 grupos que solicitaron su autorización; 54,05 % estaban relacionados con el oficialismo y las banderas de la revolución socialista, según datos detectados en la Gaceta Electoral No.745, de fecha 30 de marzo de 2015.

¿Las razones?

Diversas, como reconoce la Resolución No.141205-0216 del CNE:

A Dignidad Nacional se le objetó porque usaba una “fecha patria”, como es el Día de la Dignidad Nacional, decretado en conmemoración del golpe de 1992. Al Frente Müller Rojas se le indicó que estaba prohibido utilizar el nombre de una persona fallecida; en este caso, del general retirado que fue jefe de campaña de Hugo Chávez y dirigente de Patria Para Todos (PPT). Al Frente El Gigante de la Patria, Movimiento Popular Chavista y Palante Comandante, entre otros, no nacieron por referirse a Chávez; y el Partido Electoral Obrero fue rechazado por la fonética de sus siglas (PEO). Sin embargo, desde el chavismo ya presentían que la orden del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) era acabar con cualquier disidencia y, en especial, cercenarles el derecho a tener una representación electoral que pudiera despojarles de sus seguidores en eventuales procesos electorales.

Los hechos lo corroboraron. El 13 de mayo de 2015, el CNE publicó una nueva Gaceta Electoral. En este caso, la No.748 anuncia que no daría vida a 9 partidos, entre ellos a tres que prometían darle dolor de cabezas al PSUV: Marea Socialista (MS), Vente Venezuela (Vente) y Unión Nacional Organizada (UNO).

El primero, liderado por el fundador de Aporrea, Gonzalo Gómez, y el politólogo Nicmer Evans, entre otros críticos del Gobierno. “No puede ser autorizada, en virtud que sus propuestas de nombre Marea Socialista y Sistema de Movimientos (Somos) constituyen una frase y no una denominación y su naturaleza”; contraviene el artículo 7 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, fue el argumento.

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La dirigencia de MS acudió, posteriormente, a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y para su sorpresa el fiscal designado alegó que ese grupo no podía tener legalidad porque pretendía “apoderarse” del concepto “socialista” que era una atribución del PSUV. La pregunta que se hicieron los mareistas fue: “¿Y el MAS? ¿El PSL?”. El expediente reposa en el TSJ sin respuesta.

Vente también murió al nacer, no solo porque el CNE alegó que los nombres propuestos (Vente Venezuela, Vente por Venezuela y Venezuela para Todos) no guardaba relación con las siglas o una “correlación directa con el nombre” (Doctrina administrativa del CSE, 26 de mayo de 1977), sino por un hecho político: su principal líder es María Corina Machado, aunque en el documento entregado al CNE figuraban otras cinco personas diferentes.

UNO no pasó el primer paso porque, al igual que MS, su nombre era una frase. La traba fueron sus promotores; la mayoría eran exdirigentes de PPT: la concejal Andrea Tavares, la exdiputada Laura Valls y el exsuperintendente, Samuel Ruh.

En total, 120 grupos políticos se quedaron sin opción de presentar candidatos en los comicios del 6D, y solo 5, liderados por sectores de la oposición, vieron luz: Partido Progresista Nacional (PPN); Partido Unión y Entendimiento (Puente), dirigido por el exdiputado Hiram Gaviria; Juega Limpio; Lara Progresista, e Independientes por el Progreso, impulsado por Noel Álvarez (Gaceta Electoral No.744, del 27 de marzo).

Ese día se autorizó el único grupo relacionado con la disidencia del PSUV en 11 estados: Unión Política Popular 89, cuyo secretario general es Reinaldo Quijada, fundador de Clase Media en Positivo (Resolución CNE No. 150212-045); y que podría ser la “tabla de salvación” del oficialismo.

A partir de 2015 estaba anunciada la muerte de los partidos pero no se concretó de manera formal. Desde 2016, comenzó el vía crucis para los movimientos, aunque muy pocos encendieron las alarmas. En la oposición, se mostraban incrédulos. Creyeron que el CNE no procedería porque estaba en proceso la activación del referendo revocatorio. Solo en el oficialismo se quejaron y alertaron del plan.

Siga estos trabajos enmarcados en la serie “Vía crucis de los partidos políticos”. La siguiente entrega será: PPT pidió al TSJ y CNE que “cancelen” partidos de la MUD.

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