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Destrucción del Arco Minero se replica en Aragua y Carabobo

Restaurar los ecosistemas amazónicos diezmados por la minería ilegal al sur del país tardará hasta 200 años, estiman ambientalistas. Aunque el costo para la naturaleza es elevado y los recursos no son renovables, el alza en los precios del oro —50 dólares el gramo en el contexto de la crisis económica— desatan la voracidad del extractivismo controlado por el pranato minero y apalancado bajo el decreto presidencial del Arco Minero del Orinoco | Betania Franquis @moulin_mousse

Ecosistemas aniquilados y en peligro

Por Betania Franquis
Caracas 

L

as entrañas de la tierra se estremecen al sur del país. En uno de los yacimientos de oro ubicado en las cercanías de El Dorado, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, un grupo de mineros desprende toneladas de capa vegetal para extraer aluviones de oro apenas visibles en la roca. Un motor hidráulico que dispara chorros de agua a presión rompe el suelo y en cuestión de minutos, metros cúbicos de plantas, nutrientes y pequeños animales son arrastrados por la corriente hasta transformarse en un sedimento arenoso que jamás retorna a su estado original. 

En la franja de 111.843 kilómetros cuadrados que se extiende desde el río Cuchivero hasta la Sierra del Imataca en el estado Bolívar, atravesando los territorios de Amazonas y Delta Amacuro la explotación ilícita de minerales apalancada por el decreto del Arco Minero del Orinoco amenaza la biodiversidad ecológica del pulmón vegetal más importante del mundo. Lagunas ácidas y contaminadas, bosques arrasados, animales envenenados y suelos degradados son el eco de la devastación que ya se extiende a distintas regiones del país.

De 5 a 10 metros cúbicos de terreno son removidos por 15 o 10 gramos de oro en zonas como El Callao en las que el mineral es más fácil de hallar en vetas—una fuente primaria de procedencia—. En cambio, en Imataca al extremo norte de la región Guayana es más difícil hacerse con el preciado mineral. “En esa zona el oro está diseminado y se necesita extraer hasta una tonelada de terreno por 0.65 gramos de oro. Hay 10.000 mineros trabajando solo en esa zona, haciendo un desastre”, asegura un trabajador vinculado al área de la minería que no quiso ser identificado. 

Un monitoreo del proyecto Global Forest Watch junto con la Universidad de Maryland y la Nasa muestra en un mapa interactivo que Venezuela perdió 1,9 millones de hectáreas de bosques entre 2001 y 2018 lo que equivale a 3,4 % de la superficie vegetal amazónica. 

 

En el gráfico se apunta con una señalización en rosado que los municipios Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Manteco, El Palmar y San Isidro en el estado Bolívar son los más afectados con una disminución de 374.000 hectáreas de cobertura vegetal para el período 2001-2018. En ese orden le siguen Amazonas con 151.000 y Delta Amacuro con 20.000 hectáreas de zona boscosa. 

Aunque la destrucción de la capa arbórea es atribuible a diversos factores, el mapeo muestra una mayor incidencia de pérdida de vegetación en entidades con enclaves mineros, lo que constata los resultados del monitoreo llevado por el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

El gráfico muestra un incremento del daño forestal asociado a la actividad minera en el estado Bolívar con una pérdida de 141.560 hectareas de cobertura vegetal para el período 2013-2018.  La institución que desde año 2005 trabaja en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, muestra también en datos los estragos del extractivismo ilegal en el estado Amazonas, donde está prohibida la actividad minera de acuerdo al decreto 269 que entró en vigencia a partir del año 1989.

La violabilidad de la norma se evidencia dentro de algunas áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE), donde se han asentado los buscadores de oro. Hoy día el auge desmesurado de la minería arroja una perdida de 85.486 hectareas de bosque biodiverso en Amazonas, seguido de Delta Amacuro con 9.110 hectareas de zonas vegetales, invadidas por campamentos mineros improvisados en los municipios Casacoima del sector Las Brujas y en el municipio Antonio Díaz. 

Contaminación letal a cielo abierto 

Los estragos de la destrucción ambiental hacen mella sobre una de las formaciones geológicas más arcaicas del mundo. La selva amazónica venezolana situada al sur del país sobre el escudo guayanés comprende una red de ecosistemas que se extiende por 469.000 km2 y que conecta a los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. El origen de esta área natural colmada de imponentes ríos, bosques y macizos rocosos data de la era precámbrica, uno de los períodos de formación de la tierra más antiguos con 1.700 millones de años de evolución. 

La importancia de esta zona ancestral y biodiversa, fuente de riquezas y asentamiento de 51 comunidades indígenas, no impidió, sin embargo, que fuera destinada por el Gobierno para fines de explotación mineral con la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco que delimita 111.843 kilómetros cuadrados de territorio para fines extractivistas y comerciales. 

El megaproyecto oficializado el 24 de febrero de 2016 bajo el decreto presidencial número 2.248 y publicado en la Gaceta Oficial N.° 40.855, abarca a cuatro grandes áreas. Oro, coltán, diamantes, bauxita, carbón, hierro y tierras raras se diseminan en los cuatros puntos de interés comercial renombrados como: Juana La Avanzadora (área 1; 24.680 kilómetros cuadrados), Manuelita Sáenz (área 2; 17.246 kilómetros cuadrados), Negra Hipólita (área 3; 29.730 kilómetros cuadrados), Josefa Camejo (área 4; 40.149 kilómetros cuadrados). 

Un total de 150 empresas nacionales y extranjeras fueron convocadas por el Ejecutivo para invertir en los proyectos extractivistas, sin embargo, con solo 18 —según muestra el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico en su página web— se establecieron alianzas comerciales. De las filiales que están en suelo venezolano 2 son palestinas, 2 turcas, 1 canadiense y el resto son empresas nacionales mixtas que intervendrán el territorio por un período de hasta 20 años.  

Aunque el daño causado por la minería no es cuantificable en términos absolutos puede ser identificado según las modalidades de extracción que se aplican en distintas zonas.  Un especialista vinculado al área de la ingeniería que prefirió no ser identificado, explicó que la explotación de recursos que contamina los suelos, el aire y el agua es más acentuado en yacimientos donde se practica la minería aurífera a cielo abierto.

La fuente explicó que, a diferencia de la minería artesanal practicada por las comunidades indígenas con palas y picos, la minería a cielo abierto —en la que interviene gran número de personas— es una modalidad que utiliza chorros de agua a presión para perforar el suelo y mercurio para amalgamar el oro con el fin de separarlo de la roca.

“Al obtener el oro queman con un soplete todo el mercurio. Eso se transforma en un gas tóxico que contamina el ambiente y se acumula en animales, personas, cuencas y ecosistemas”.

Aunque una campana de emisión de gases podría atenuar los efectos del mercurio en el ambiente haciéndolo apto para su reutilización, la fuente asegura que al Gobierno no le interesa invertir en los equipos necesarios para evitar la contaminación pues prefiere mantener todo a bajo a costo para satisfacer los intereses de altos personeros vinculados al sector oficialista. 

Además de los yacimientos a cielo abierto, existe la minería industrial, otra modalidad del extractivismo practicada por grandes empresas que usan cianuro, maquinaria pesada o explosivos. La revista digital especializada en ecología, Explora, reseña en su primera edición especial del año 2018 que este tipo de minería se ejecuta mediante galerías; túneles de 5 a 10 metros de diámetro y hasta 600 metros de profundidad, abiertos con perforaciones y detonaciones controladas.

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En algunas zonas de El Callao, uno de los municipios con mayor actividad minera, la existencia de desniveles rompe la armonía del paisaje. A pocos kilómetros de un enclave minero a lo largo y ancho de una amplia llanura se extiende un incipiente herbazal sin plantas ni árboles. Se trata de una zona recuperada tras ser devastada por la minería.

Los intentos del Gobierno por devolverle a los paisajes de Guayana parte de su vitalidad han sido en vano. El plan de cierre de minas que contempla el retiro de los equipos y los campamentos mineros de las zonas afectadas no se ha hecho de forma eficiente. La fuente asegura que lo suelos de la Amazonia arrasados por el uso de maquinarias y químicos difícilmente podrán reponerse, aunque sean rellenados con el material removido aún rico en nutrientes. 

“Los planes de restauración tienen éxito en ecosistemas que no están expuestos a elementos sulfúricos como es el caso de Guayana donde apenas podrían sobrevivir algunos pequeños microorganismos y plantas herbáceas. La devastación requerirá hasta 200 años y millones de dólares de inversión”.

Los suelos del escudo guayanés—advirtió— tienen poca capacidad de recuperación debido a su naturaleza ácida. Son tierras frágiles expuestas a la pirita, la plata y la calcopirita. La acidez de sus componentes hace que la adaptación a la vida en sus ecosistemas sea de muy lento desarrollo. 

Extractivismo desbordado: un proyecto de muerte

 

Por Betania Franquis @moulin_mousse, 
Gregoría Díaz @chruruguara y Leomara Cárdenas @leomaracardenas
Caracas 

L a destrucción ambiental por la explotación de los recursos minerales se replica en 1899 puntos de minería ilegal en el país, según un estudio divulgado en noviembre de 2018 por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). 

Alejandro Álvarez, biólogo y coordinador de la Coalición Clima 21, aseguró que el daño en los ecosistemas del macizo guayanés es irreversible e indicó que la práctica de la minería superó la delimitación del 12 % del territorio demarcado en el decreto del Arco Minero. “La selva original en este tipo de suelo ya no crece. El daño ecológico los transforma en hábitats perfectos para la cría de los vectores del paludismo porque el suelo es delgado y el agua de las lluvias se acumula en la superficie”, explicó.

Reportes de las comunidades indígenas dan cuenta de la existencia de campamentos mineros en áreas protegidas de los parques nacionales Canaima, Yapacana, Serranía La Neblina y también en las cercanías del Salto Pará, a pocos kilómetros del monumento Sierra Maigualida, donde convergen importantes cuencas y caudales de ríos. “La minería se ha enquistado a lo largo de toda la ribera sur del Orinoco afectando la Guayana con más de 5000 kilómetros de devastación. La destrucción es total”, indicó Álvarez

El investigador añadió que los campamentos de minería industrial se han establecido en las principales cuencas y ríos de la Amazonía, entre ellos el Orinoco y el Caroní, proveedores de 70 % de la energía hidroeléctrica que necesita el país. A lo largo de 2140 kilómetros del caudal del Orinoco decenas de campamentos mineros socavan la cuenca para buscar oro y otros metales preciosos. En el río Caroní las toneladas de material extraído saturan la represa y merman su capacidad para acumular agua. 

“Todo ese sedimento dañará las turbinas del embalse del Gurí lo que a futuro dejará al país sin agua durante los períodos de sequía y esto, a su vez, agudizará aún más la crisis por los servicios básicos”, advirtió. La afectación en la salud es evidenciable en las comunidades indígenas. Un total de 40 casos de labio leporino y paladar hendido —asociados al uso del metilmercurio— fueron contabilizados por el equipo de Crónica.Uno en el estado Bolívar. Al sur del estado Amazonas, activistas han reportado los primeros fallecimientos de mineros envenenados por consumo de pescado con alto niveles del compuesto neurotóxico. 

Alejandro Lanz, fundador del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), ha denunciado que más de 2000 equipos de minería ilícita —balsas y dragas de diversos tamaños—destruyen y contaminan el lago del Guri, sin contar los 50.000 litros de mercurio que son vertidos al embalse, según cifras del CIEV.  

Tina Oliveira, investigadora del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, aseguró que Venezuela vive una crisis ambiental sin precedentes con un incremento de las áreas transformadas en las que se han perdido casi la totalidad de los ecosistemas originales. Mientras que para 1985 existía en el país 11 % de áreas transformadas, para 2011 el porcentaje era de 20 y la cifra sigue en aumento. 

El auge de la actividad extractivista, la contaminación con basura y elementos tóxicos, los procesos de urbanización no planificada, los incendios y la tala indiscriminada también se extienden a las sabanas y ríos donde es más difícil detectar el impacto de la actividad minera. 

No obstante, la experta indica que el resurgimiento de la actividad extractivista podría acelerar aún más el daño ambiental que se ha acentuado en la zona norte central y en el escudo guayanés, donde se concentra gran parte de las fuentes de agua y energía del país como ocurre en los estados Carabobo y Aragua, dos de las entidades que registran un incremento del daño ecológico.

El monitoreo de Global Forest Watch revela que Carabobo perdió 7300 hectáreas de bosque desde 2001 hasta 2018. El dato coincide con el boletín número 41 de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat que confirmó para finales del año 2018 —en un monitoreo dirigido por el investigador Franco Urbani— la existencia de nuevos campamentos de minería ilegal en cuatro áreas de esa entidad.

FUENTE:  Boletín número 41 de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat/Franco Urbani

La información recogida en el estudio apunta que río Chirgua, quebrada Barrera-La Lagunita, río El Torito y la quebrada de Pirapira son las zonas donde hay un resurgimiento de la minería aurífera desde el 2012. Aunque no se evidencia el uso del mercurio en esos enclaves mineros, la investigación concluye que el extractivismo incrementó la deforestación, el desvío de drenajes y la cantidad de sedimentos hacia la represa Pao Cachinche, que abastece de agua a 3 millones de personas y que forma parte del acueducto Regional del Centro que surte a Valencia, Aragua y Cojedes

Aunque la minería aurífera mostraba una incipiente actividad en Carabobo —como se señala en la investigación— fue a partir de 2017 cuando la «fiebre del oro» se apoderó de la zona con el descubrimiento del metal precioso en el río Pira. 

Desde ese momento llegaron a la zona centenares de personas que ejercían la minería de forma indiscriminada. Se llevaron los lotes de tierras sembradas que permitían a los campesinos tener sustento alimenticio y pese a que esta zona agrícola de Carabobo es Área de Bajo Régimen de Administración Especial (abrae), las autoridades no hicieron caso a las denuncias de los habitantes del sector para frenar la minería.

El ingeniero Germán Benedetti, quien desde 2007 estudia la calidad del agua, manifestó que la minería en Carabobo es grave, pues el embalse de Pao Cachinche desde hace 12 años recibe por trasvase aguas salobres y contaminadas del lago de Valencia con residuos, metales y cianobacterias que no pueden ser procesadas por la Planta Potabilizadora Alejo Zuloaga. 

La respuesta del Estado ante esta nueva forma de economía para Carabobo fue aprobar en febrero de 2018 la creación de la nueva empresa Corporación del Oro de Carabobo. Pese a que es poco lo que se conoce de esta organización, se sabe que fue iniciativa del gobernador de la entidad, Rafael Lacava. 

El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Lozano, indicó que la zona minera es un lugar «inhóspito» e inseguro. En abril de 2018 se realizó un procedimiento militar denominado Operación Relámpago Dorado que evidenció la presencia de bombas sumergibles y de mangueras que confirman el uso de la técnica del aluvión, una modalidad que consiste en atacar la capa vegetal con chorros de agua.

En Aragua, la actividad extractivista se oficializó con el inicio de las operaciones en la mina Las Lajitas, en el municipio Urdaneta. El yacimiento que producirá 1.000.000 de toneladas anuales de carbón y que contó con una inversión inicial de 71 millones de euros —según informó Sandino Marcano, director de Gestión Territorial Minera, del Ministerio para Desarrollo Minero Ecológico— aportará ingresos de 45 millones de euros al año.

La producción de este nuevo yacimiento será empleada en los procesos industriales de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), en el municipio Santos Michelena, donde se ubica una planta construida en 1998 por la empresa Anglo América y que funciona en un área de 3208,25 hectáreas. La construcción destinada a la exploración y explotación del yacimiento de níquel más importante del país, en el sector Loma de Hierro, no obstante, fue denunciada desde el año 2003 por severos daños al ambiente.

Un ingeniero que trabajó en la construcción de la planta y que pidió la reserva de su nombre, contó a Crónica.Uno que la explotación minera en el área generó un impacto ambiental propio de la construcción de una planta de esta envergadura: 4000 toneladas de tierra fueron removidas para aplanar y construir las terrazas, se afectaron unas 400 hectáreas vegetales y además se construyó una represa de 52 hectáreas y 42 metros de altura. Eso significó indemnizar y reubicar a unos 15 parceleros y propietarios de terrenos, en su mayoría destinados al cultivo de flores o a la cría de bovinos y porcinos, otras de las actividades amenazadas por la expansión de la actividad minera que cada día gana más terreno en detrimento de los ecosistemas, reservorios naturales de los recursos de los que depende la supervivencia humana.


ESPECIAL CRÓNICA.UNO

Destrucción del Arco Minero se replica en Aragua y Carabobo

Desarrollo editorial y concepto:
Celina Carquez 

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Redacción de textos: 
Betania Franquis, Gregoria Díaz, Leomara Cárdenas

Edición de textos: Natasha Rangel

Fotos:
Tairy Gamboa, José Rafael Lozada/ revista Explora

Edición de videos: Tairy Gamboa
Infografías: Amadeo Pereiro
Diseño: Lesslie Cavadías

Fecha de publicación:
1 de septiembre de 2019

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