El juez noveno de control, Israel Paredes, pospuso una vez más la audiencia preliminar sobre el caso de los cuatro estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, núcleo Maracay, que siguen detenidos en las cárceles de Tocuyito y en San Juan de los Morros.
Maracay. A casi un año de la detención de 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), núcleo Maracay, y luego de un proceso judicial en el que los jóvenes fueron sometidos a un juicio militar y recluidos en cárceles de máxima peligrosidad, cuatro de ellos aún están tras las rejas en espera de una audiencia preliminar que ha sido diferida por quinta vez.
Este 25 de abril los abogados defensores miembros de Foro Penal y de la comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de Aragua, acudieron al Palacio de Justicia de Maracay, donde se suponía serían trasladados: Alex González, Boris Quiñones, recluidos en el Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, ubicado en el sector de Tocuyito, estado Carabobo; y Kenny Colmenárez y Michell Sosa, detenidos en la cárcel 26 de julio de San Juan de los Morros, estado Guárico.
Sin embargo, el tribunal no celebró la audiencia pautada, alegando que las boletas de traslado no habían llegado a los recintos carcelarios.
La dilación en este caso, es considerada por la abogada Zuleima Siso como una de las defensoras de los estudiantes, como otro hecho de violación a los derechos humanos de los jóvenes y al debido proceso.
“De manera flagrante e intencional, el juez Paredes sigue retrasando la audiencia preliminar de estos estudiantes a quienes se les está castigando y sometiendo a torturas psicológicas”, señala Siso.
Cabe recordar que pese a los dos intentos de suicidio por parte de Boris Quiñones dentro de la nueva cárcel en Tocuyito y las múltiples solicitudes para que reciba atención psiquiátrica, ni las autoridades judiciales ni penales han considerado su tratamiento.
Para la defensa de los estudiantes, con este retraso se pretende mantener indefinidamente detenidos a los estudiantes, sin que puedan ejercer su derecho a la defensa. De allí que los abogados consideran que ya no se trata de una privativa de libertad sino de un secuestro por parte del sistema judicial para con cuatro jóvenes encarcelados en recintos de alta peligrosidad.
La audiencia fue diferida para el 15 de mayo. Mientras, familiares y compañeros de universidad, en una rueda de prensa, exigieron la liberación de los estudiantes detenidos injustamente desde el año 2017 y denunciaron la pretensión de imputarles nuevos delitos. Los abogados anunciaron que elevarán sus denuncias ante instancias internacionales por violación de derechos humanos y exigieron la inmediata liberación de los estudiantes.
Fotos: Gregoria Díaz
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