Transparencia Internacional determinó que dinero donado para atender a militares en Cúcuta sí era patrimonio público

La ONG Transparencia Internacional determinó que Rossana Barrera y Kevin Rojas, designados por Juan Guaidó para atender a los militares que huyeron a Colombia, manejaron de forma poco clara más de 35.000 dólares. Confirmó que los funcionarios no administraron la ayuda humanitaria en especies. Recomendó a la AN designar un contralor especial y Guaidó agradeció cooperación.

Caracas. Luego de tres meses de investigación, rastreo de datos y entrevistas a los involucrados, la ONG Transparencia Internacional a través de su capítulo Venezuela, determinó que el dinero donado por personas y entes privados para atender a los militares venezolanos que huyeron a Cúcuta era patrimonio público y que no fue administrado con claridad.

Se trató 32 millones de pesos colombianos en efectivo (10.288,42 dólares), transferencias directas para pago de hoteles realizadas por donantes directamente al proveedor de los servicios por montos no especificados y una donación de la Fundación Pharus por 25.000 dólares a través de la Fundación Rescate Venezuela.

En su primer informe sobre los hechos, Transparencia deja claro que no pudo determinar si Rossana Barrera y Kevin Rojas (designados por Juan Guaidó para atender a los funcionarios exiliados) malversaron o desviaron los recursos bajo su control, o si pagaron servicios con sobreprecio. Sin embargo, la ONG concluyó que las dudas sobre la administración de los fondos –planteados a la opinión pública por el portal Panam Post se sustentan en el desorden, falta de transparencia e improvisación con que fueron manejados.

El documento de 21 páginas explica con detalle la metodología, alcance y limitaciones de la investigación ciudadana emprendida a solicitud del propio Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional.

“La sistematización de la información solicitada y registrada permite determinar la existencia de eventuales irregularidades en la administración de recursos asignados”, dice el informe.

Su principal limitación para establecer taxativamente si hubo delito, es que al ser un ente de veeduría ciudadana no tienen acceso a información bancaria protegida por la confidencialidad.

Sí era patrimonio público

Como se recordará, el señalamiento central de Panam Post era que Barrera y Rojas habían malversado la ayuda humanitaria destinada a los militares. La respuesta de Guaidó en aquel momento se basó en dos planteamientos: uno, que Barrera y Rojas no manejaron la ayuda humanitaria; y dos, que los recursos que administraron no eran patrimonio público porque habían sido donados por privados.

Sobre el primer punto, Transparencia pudo determinar que, en efecto, ninguno de los dos funcionarios nombrados el 24 de febrero por Guaidó, tuvo acceso ni competencia para distribuir, recibir o almacenar la ayuda humanitaria en especies que había venido llegando a Colombia a partir del 7 de febrero.

Sobre el segundo argumento de Guaidó, la conclusión de Transparencia es vertical: “Los recursos asignados a los órganos, entes y demás instituciones a los que incumbe el Poder Público Nacional, cualquiera sea su naturaleza y título de la adquisición de los recursos (incluida la donación), se considera patrimonio público”.

La anterior afirmación se desprende de lo establecido en los artículos 5 de la Ley Contra la Corrupción y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Nacional.

“Todo recurso asignado a un funcionario adscrito a un órgano o entidad pública, para el desempeño de una función pública de interés para la nación, es dinero público y el mismo debe ser sometido a registro, verificación, evaluación y seguridad en las operaciones”, señala el informe.

Advierte Transparencia la inexistencia de tales controles oficiales se prestaría para que los funcionarios del Estado (y Barrera y Rojas lo eran al haber sido designados por el presidente encargado) podrían recibir dinero para el desempeño de sus funciones, emplearlo sin control y generar “enormes conflictos de intereses”.

Respecto al conflicto de intereses, la investigación confirmó que Barrera es cuñada del diputado y colaborador directo de Guaidó, Sergio Vergara. Aunque Barrera afirmó que su nombramiento no respondió a esa relación, Transparencia sostuvo que “las personas que optan a responsabilidades públicas deben presentar de manera formal su declaración de conflicto de intereses” y que “las relaciones filiales afectan el desempeño de la función pública”.

Medias verdades

Para el equipo técnico de Transparencia que trabajó en la investigación, Panam Post basó su publicación en la falsa premisa de que Barrera y Rojas tenían competencias para manejar la ayuda humanitaria, cuando en realidad “solo tenían a su cargo la asistencia de militares y policías que cruzaron la frontera a partir del 23F, de acuerdo a una comunicación firmada por Guaidó y enviada al canciller de Colombia Carlos Holmes Trujillo el 24 de febrero”.

En consecuencia, dice el reporte, “no se obtuvo evidencia de que Barrera y Rojas hayan tenido relación con la ayuda humanitaria en especie que llegó a Colombia”. El informe también desmonta algunas y confirma otras de las siete afirmaciones realizadas por Panam Post contra Barrera y Rojas. Veamos algunas.

Por ejemplo, el portal dice que los dos funcionarios inflaron las cifras de militares de 700 a 1400, pero el equipo de investigación constató que de acuerdo con Migración Colombia dijo públicamente el 13 de abril que para esa fecha eran 1500.

La web dijo que los funcionarios incurrieron en gastos en ropa cara, discotecas y hoteles por más de 3 millones de pesos colombianos. Transparencia tuvo acceso al informe de auditoría elaborado por un contralor privado designado por el embajador Humberto Calderón Berti. En el mismo se señala que los funcionarios presentaron “facturas duplicadas, transferencias entre cuentas bancarias sin indicar el titular, copias de facturas ininteligibles y facturas de hoteles con indicación de pago que no están incluidas en la relación de gastos”.

Otro señalamiento del trabajo periodístico señala que los funcionarios reportaron pagos con sobreprecio en siete hoteles cuando solo les tocaba atender a los militares alojados en dos hoteles. Transparencia determinó que “son las autoridades colombianas las que deben aclarar” este punto, pues en entrevista con el embajador Calderón Berti este consideró inconsistente que los delegados tuvieran una deuda con el hotel Villa Antigua, cuando solo les correspondía trabajar con los hoteles Amaruc y Ácora. Al respecto, Barrera explicó que el hotel Amaruc es del mismo grupo del Villa Antigua y que las facturas salieron a nombre de este último.

Las deudas de la AN
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Comisión de Contraloría no ha informado a la opinión pública sobre el mandato de investigar hechos de Cúcuta. Foto Maru Morales P.

El informe destaca que aún cuando la investigación presentada se realizó a solicitud de la Asamblea Nacional y que la comisión de Contraloría recibió el mandato hacer su propia indagatoria el pasado 18 de junio, a la fecha esa instancia parlamentaria no ha informado ningún avance en la materia.

Otra de las deudas del Parlamento es sobre la designación de un contralor especial para los activos en el exterior, acordada también por la plenaria en la misma fecha, y que al día de hoy no se ha concretado.

Adicionalmente, Transparencia recomienda a la AN nombrar “un equipo formal, con rigurosidad legal, con un Cuerpo de Auditoría, que realice estudios de los casos y entes públicos bajo su responsabilidad y adscripción, para presentar a todos los venezolanos el estado de las cuentas y bienes por los que debe responder”.

Entretanto, el gobierno interino de Guaidó respondió el mismo día de la publicación del informe de Transparencia con un comunicado agradeciendo el trabajo realizado a petición de la AN con miras a esclarecer los hechos. «Asumimos las responsabilidades, recomendaciones y planteamientos de la investigación que señalan la insuficiencia de criterios y procesos adecuados para el manejo de los recursos», dice el texto.

¿Quién es Osman Hutson Rosas?

El informe contiene un dato que llama la atención. En la entrevista con el equipo de Transparencia, Kevin Rojas dijo que “el 4 y 5 de febrero trabajó como voluntario apoyando a Osman Hutson Rosas, representante en Colombia de la Asamblea Nacional en el Programa de Ayuda Humanitaria”. Esta afirmación destaca porque los únicos nombramientos de representantes en el exterior que hizo la AN, fueron anulados por inconstitucionales.

Se trató de 38 venezolanos –entre los que no está Hutson– residenciados en 16 países del mundo designados en junio de 2018 por la comisión de Política Exterior como representantes de la AN para la diáspora. Horas después del nombramiento, Florido fue removido del cargo y la decisión fue anulada. El entonces presidente de la AN, Omar Barboza, explicó: “Florido y la comisión rebasaron sus funciones. La Asamblea Nacional no puede tener representantes en el exterior porque su ámbito de acción constitucional es nacional”.

Osman Hutson Rosas es un militante de Voluntad Popular que en 2011 se postuló como integrante del equipo nacional de activistas. Si el cargo que le atribuye Rojas en su declaración es cierto, cabe preguntarse cuándo fue designado y quién lo designó.

Recomiendan mejorar procedimientos

Ante las irregularidades detectadas, Transparencia recomendó al gobierno interino, entre otros aspectos, “diseñar y aprobar un procedimiento con instituciones autónomas encargadas de garantizar el cumplimiento de estándares mínimos de control de lo público, que permitan rendir con detalle el uso y destino de cada elemento público”.

Instaron a la AN a hacer públicos los nombres y currícula de los funcionarios designados, las razones por las cuales fueron seleccionados y la facultad con la que actúa. Además, dar a conocer los objetivos, alcance y ámbito de sus funciones, precisar su órgano de adscripción y supervisión, identificar a los asesores y sus tareas, y hacer un análisis de posibles conflictos de intereses por parte de las personas que realizan la designación.

También sobre el manejo de fondos públicos, señalan la necesidad de elaborar presupuestos con normas claras que regulen las fuentes de ingreso de recursos, su distribución y límite de gastos. Además de publicar la rendición de cuentas periódicamente.

Transparencia ratificó su propuesta de renovar urgentemente un contralor especial y un equipo que goce de autonomía funcional e independencia administrativa, para vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes públicos de Venezuela en el exterior.


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