La comisión de Contraloría acordó oficiar al presidente encargado Juan Guaidó para que adopte medidas de protección de activos a favor de la empresa procesadora de aluminio, Alunasa, perteneciente a la CVG. Julio Montoya aseguró que la empresa tiene un valor de 120.000 millones de dólares y la administración de Maduro la declaró en quiebra y la “están rematando por 8000 millones de dólares”.
Caracas. Las denuncias de presunta corrupción en la administración Chávez-Maduro no dejan de llegar a la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN). Este miércoles, el diputado Julio Montoya (PJ-Zulia) solicitó un derecho de palabra para presentar un caso, que, a su juicio, puede significar la implementación de un nuevo modelo de robo a la nación: “La quiebra de empresas del Estado en el exterior y su recompra a precios de gallina flaca por parte de testaferros de altos funcionarios maduristas”.
Se trata de la empresa Aluminios Nacionales SA (Alunasa), una compañía adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana con sede en Costa Rica, que se ocupaba de comprar, procesar y vender el aluminio venezolano producido por Alcasa. La empresa pasó de procesar y vender 12 toneladas de aluminio a tener al día de hoy 38 embargos, 21 demandas sobre el terreno, 40 demandas bancarias y 77 demandas sobre bienes. La administración Maduro la declaró en quiebra. Montoya pide explicaciones al responsable de la compañía, el general de división Noel Rafael Martínez Rivero.
El diputado aseguró que según los reportes que ha recibido, un primer modus operandi para desfalcar a Alunasa era desviar la mitad de la carga a otro destino desconocido, con compradores desconocidos y beneficiarios distintos al Estado. “A Alunasa solo llegaban 30 % o 40 % de la carga comprada a Alcasa, el resto desparecía”, afirmó.
El otro modus operandi, dijo Montoya, sería la quiebra inducida —o por mala gestión— de las empresas y su posterior venta a precios irrisorios: “Podría haber una estrategia del régimen para vender propiedades del Estado. Alunasa vale 120.000 millones de dólares y podrían rematarla en 8000 millones de dólares. Un daño patrimonial de más de 100.000 millones de dólares. Podría haber funcionarios del régimen envueltos en estos quiebres. Incluso Maduro podría comprarla a través de testaferros”.
Alertó que en una situación similar se encuentra la refinería de Pdvsa en República Dominicana, la cual podría ser vendida al 30 % de su valor.
Afirmó que si bien en la actualidad Alcasa no está proveyendo aluminio a Alunasa, pues su producción está en cero, esa no es excusa para cesar las operaciones pues la materia prima se puede comprar a otro país.
El presidente de la comisión de Contraloría, Freddy Superlano (VP-Barinas), solicitó a Montoya oficiar este mismo miércoles al presidente encargado Juan Guaidó y al procurador general especial, José Ignacio Hernández. Al primero para que evalúe la designación de una junta directiva ad hoc de CVG que nombre una nueva gerencia para Alunasa —tal como se hizo con Citgo y Monómeros Colombo Venezolanos—, que pueda frenar cualquier transacción con esta compañía; y al segundo para que se comunique con el gobierno de Costa Rica y sus cortes para garantizar la protección de ese activo de la República.
Además, la comisión de Contraloría solicitará al diputado Ismael García (VP-Aragua), que se encuentra exiliado en Costa Rica, la colaboración para ahondar más en el caso y contactar con las autoridades de ese país.
Rotondaro colabora
Otro caso elevado este miércoles a la comisión de Contraloría, es el reconocimiento por parte de Carlos Rotondaro sobre el desfalco de otros 100 millones de dólares en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Rotondaro, quien presidió ese organismo durante 10 años, entre 2007 y 2017, solicitó asilo a Colombia y dio una entrevista a un medio colombiano esta semana en la que reconoció la retención por razones políticas de fondos y medicamentos donados por la OPS a Venezuela para la atención de pacientes renales y con VIH. Rotondaro dijo estar dispuesto a entregar las pruebas a la Asamblea Nacional.
William Barrientos (UNT-Zulia), llevó la denuncia: “4000 pacientes murieron por este mecanismo perverso, pacientes renales y pacientes con VIH”.
Superlano recordó que en 2018, la comisión de Contraloría citó a Rotondaro para que respondiera a las denuncias sobre corrupción en el IVSS pero este no acudió. Saludó su disposición de colaborar y señaló que se le solicitará a los diputados José Manuel Olivares (PJ-Vargas) y Gaby Arellano (VP-Táchira) exiliados en Colombia, que se reúnan con el exfuncionario.
Además, Barrientos dijo que en la misma tónica del esquema de quiebre de empresas del Estado, podrían encontrarse diversos activos pertenecientes al Banco Industrial de Venezuela con sede en Curazao y Nueva York. Este banco del Estado fue liquidado en febrero de 2016. En tal sentido, la comisión acordó oficiar al gobierno de la isla y coordinar el trabajo con la comisión de Finanzas.
Video Maru Morales P.
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