De acuerdo con la comisión de la AN encargada de investigar el caso, funcionarios policiales apuntaron con una arma a un niño de tres años, familiar de uno de los detenidos de la operación “Gedeón” realizada el pasado 15 de enero, en el que murió Óscar Pérez junto con otras 8 personas.

Caracas. Allanamientos ilegales, amenazas de muerte e incluso torturas son las denuncias que ha recibido la comisión de la Asamblea Nacional (AN) encargada de la investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 15 de enero en el Junquito, donde Óscar Pérez y ocho personas más fueron asesinadas en un operativo realizado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En el hecho también fueron detenidas siete personas.

Así lo informó la presidenta de la comisión, Delsa Solórzano, junto con los diputados Winston Flores, César Alonso, Adriana Pichardo y Juan Miguel Matheus, quienes además esperaban la presencia, en la sede administrativa del Parlamento, de varios funcionarios públicos involucrados en el caso para prestar sus testimonios. Estos no llegaron al sitio.

Según señaló Solórzano, incluso antes de la operación “Gedeón”, se realizaron detenciones arbititrarias a familiares y amigos de los fallecidos y detenidos. Recalcó que el pasado 16 de enero, funcionarios de seguridad allanaron —de manera ilegal— la residencia de Zoraida Cisneros, madre de José Antonio Pérez Cisneros, detenido el 15 de enero y de quien hasta ahora no se sabe su lugar de detención, por lo que manejan el caso como una posible desaparición forzosa.

Allanaron la casa, ubicada en Oripoto, El Hatillo. Sometieron a Dani Cisneros, hijo de la señora. Luego lo golpearon delante de su hijo de tres años, al niño también lo apuntaron con una pistola en la boca. La señora Cisneros ha estado en fiscalía y tribunales militares buscando a su hijo y hasta ahora no hay conocimiento de su paradero, acotó la diputada.

Aunque el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó el 16 de enero que detuvieron a siete personas en el operativo, los parlamentarios aseguraron que han obtenido información sobre otras seis personas detenidas y se han realizado 12 allanamientos —ilegales— en Caracas, Zulia, Táchira.

Desde el 16 enero, parte de la comisión de la AN encargada de darle seguimiento a los sucesos ha estado presente en la morgue de Bello Monte con los familiares de los fallecidos, a la espera de la entrega de los cuerpos. Sin embargo, las actas de reconocimiento de los cadáveres fueron firmadas por los parientes el 18 de enero en horas de la noche y se espera que este viernes 19 de enero firmen las actas de defunción, mientras se aguarda que la Fiscalía Militar dé la orden para que, después de cuatro días, se retiren los cuerpos.

Flores afirmó que el director de la morgue, Domingo Argenis García, les indicó —a través de un comunicado entregado el 16 de enero— que el encargado de las investigaciones era el fiscal militar 9° de Caracas, Luis Marval Flores.

Edificio Pajaritos - AN<br /> Diputado: Wiston Flores<br /> Foto: Luis Miguel Cáceres
Diputado Winston Flores indicó que esperaba la presencia de funcionarios públicos para testimonios sobre los hechos del 15 de enero

Esto es inconstitucional, ya que la investigación debería pertenecer a tribunales civiles, pero el director adjunto, Luis Martínez, nos respondió que era procesado por la jurisdicción militar porque los involucrados tenían armas militares durante el operativo, asaltaron el Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del estado Miranda [el 18 de diciembre de 2017] y que estas eran las órdenes recibidas por parte del Ministerio de Relaciones Interiores, lo cual no tiene sentido, ya que ellos tienen solo potestad civil, no militar, indicó el diputado Flores.

César Alonzo, miembro de la comisión, sostuvo que —junto con los parlamentarios José Luis Pirela y Franklyn Duarte— se dirigieron el miércoles 17 de enero a la urbanización La Peña, en el kilómetro 16 de El Junquito, donde ocurrió el operativo, para investigar la escena del crimen. Sin embargo, funcionarios de la GNB no les permitieron el paso.

Nos indicaron que no dejaban pasar ni a los medios ‘ni a los opositores’. Después, funcionarios a bordo de motos se nos acercaron enseñando sus armas, como forma de intimidación, declaró.

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Delsa Solórzano sostuvo que la comisión también investiga las muertes de los dos funcionarios de la PNB, pues “tenemos dudas de si el miembro de un colectivo estuvo involucrado en la operación”.

Según declaraciones del ministro Reverol, dadas 24 horas después del operativo, los funcionarios fallecidos fueron identificados como Adriun Domingo Ugarte Herrera, de 32 años, pero de acuerdo con fuentes policiales esta era la chapa que portaba Heyker Vásquez, líder del colectivo “Tres Raíces” del 23 de enero, como supervisor jefe de las Fuerza de Acciones Especiales de la PNB, y Nelson Antonio Chirinos, de 29, quien realmente sí era funcionario. Ambos cuerpos fueron entregados el mismo día de la operación “Gedeón” y enterrados al día siguiente.

Ese mismo día, Reverol confirmó la muerte de Óscar Pérez, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) quien se convirtió en uno de los hombres más buscados del país luego de que en junio de 2017 asaltara la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y del Tribunal Supremo de Justicia abordo de un helicóptero del Cicpc.

Fotos: Luis Miguel Cáceres



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