Los venezolanos en Ibarra se vieron obligados a abandonar sus residencias, sufrieron persecución y fueron agredidos físicamente el pasado domingo. Por esta razón el diputado por América Latina, El Caribe y África, Mauro Zambrano, hizo la solicitud de cambio de orden del día en el pleno de la Asamblea y propuso una resolución en que condena enérgicamente la incitación a xenofobia y el odio, la violación a los derechos de los migrantes y el rompimiento de los derechos humanos.

Caracas. En la sesión n°569 del pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador, los diputados aprobaron por unanimidad discutir una resolución orientada a rechazar la xenofobia en el país tras el brote de violencia en la ciudad de Ibarra contra venezolanos. Estos hechos ocurrieron el domingo 20 de enero luego del femicidio que cometió en la vía pública el venezolano Yordys Rafael Lozada contra la joven de 22 años de edad, Diana Carolina Ramírez, quien tenía cuatro meses de embarazo.

Los venezolanos en Ibarra se vieron obligados a abandonar sus residencias, sufrieron persecución y fueron agredidos físicamente. Por esta razón el diputado por América Latina, El Caribe y África, Mauro Zambrano, hizo la solicitud de cambio de orden del día en el pleno de la Asamblea y propuso una resolución en que condena enérgicamente la incitación a xenofobia y el odio, la violación a los derechos de los migrantes y el rompimiento de los derechos humanos.

“No se le puede dar nacionalidad a los crímenes que suceden en el país“, dijo Zambrano minutos antes de que la solicitud fuese aprobada por unanimidad por los 124 diputados ecuatorianos.

Silvia Salgado, diputada del Movimiento Alianza, expresó que Ibarra es una ciudad que aprendió a vivir con flujos de migración desde hace años atrás, “inclusive mereció el título de ser la ciudad a la que siempre se vuelve”. Señaló que ahora no merece tener el estigma de una ciudad que vive una xenofobia: “Mi intención es decirle que Ibarra no es xenófoba, que persigue a seres humanos por su condición de nacionalidad”.

La sesión fue suspendida y será retomaba luego de un receso al final de la tarde de este martes,

Parte de la respuesta del gobierno de Venezuela, fue activar tres vuelos para este miércoles 23 de enero, como parte del Plan Vuelta a la Patria, para traer al país a venezolanos que se encuentran en Ecuador.

Lozada tenía antecedentes penales

La ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, compareció ante el pleno de la Asamblea Nacional de ese país para responder a interrogantes de los diputados sobre la actuación de la policía, organismo que no pudo evitar que Lozada asesinara de varios cuchillazos a Ramírez.

Romo indicó que Lozada Garcés fue detenido por la policía y registra tres detenciones. El venezolano tiene antecedentes penales por delitos cometidos en el estado Trujillo. En 2015 fue acusado de violación, en 2016 de agresión y en 2017 de violencia contra funcionarios públicos.

“Todos los problemas se relacionan entre sí, si tuviéramos la posibilidad de tener bases de datos, podríamos hacer una verificación normal que permita regular el movimiento migratorio. Venezuela no quiere entregar esa información”, acusó. Declaraciones que este lunes desestimó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Romo destacó que esto no significa que la violencia machista esté relacionada con la nacionalidad.

Fue precisamente la nacionalidad lo que desatacó el brote de violencia contra venezolanos en Ibarra tras el femicidio. La diputada del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, calificó de “bochorno” los ataques.

Reyes preguntó a Romo sobre qué medidas se están tomando para proteger a los venezolanos que “huyen de la guerra de Nicolás Maduro”, quienes fueron víctimas de saqueos de sus pertenencias en un contexto en que, según Reyes, “la policía miraba expectante”.

Romo respondió que fueron actos violentos reprochables, “que en sí mismo pueden convertirse en delito”, dijo, “utilizar el término de limpieza social va a ser sancionado”. Reiteró, como lo publicó el comunicado de la Policía Nacional de Ecuador este lunes, que no hubo muertos ni personas ingresadas a centros de salud.

El Gobierno ordenó enviar grupos policiales especiales, patrullar la zona y enviar mensajes de paz por la convivencia pacífica. “Muchos tenían temor de enviar a sus hijos a las escuelas, hemos estado evitando manifestaciones públicas”, señaló Romo. Y concluyó: “No vamos a permitir abusos, ni delitos motivados por diferencias de nacionalidad”.

Parte de las medidas que tomó el Gobierno fue implementar el requisito de antecedentes penales para el ingreso de venezolanos al país, formación de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Así lo expone el comunicado difundido por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que fue fuertemente cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

“Se subestimó la amenaza a Diana”

“Se subestimó la amenaza, el nivel de riesgo”, expresó Romo tras el cuestionamiento que los diputados hicieron sobre la actuación de la policía al no impedir que Lozada asesinara a Ramírez. Mencionó que una de las preocupaciones era no lastimar a la víctima, pero fallaron en ese intento, “en una mala valoración de detener lo que estaba pasando”, destacó.

Luego de 90 minutos que Ramírez estuvo en situación de rehén, Lozada la tomó en una vía pública en presencia de la policía y la asesinó de varios cuchillazos.

Romo refirió que, ante la confusión en el código de actuación de la policía, este organismo está facultado en usar la fuerza y aseveró que tienen la obligación de hacerlo en el marco de la ley y en seguimiento de los procedimientos existentes para cada caso.

Aclaró que la información se levantó oportunamente la información para que la cadena de mando fuese asumida por niveles superiores.

“El incidente de Ibarra va a ser investigado, Diana no debió haber muerto delante de la policía. Cuando se trate de salvar una vida, la policía no debe dudar, tiene que actuar. Vamos a mejorar los protocolos que sean necesarios”, reconoció la ministra del Interior en el pleno del Parlamento.

En los últimos cuatro años en Ecuador se han cometido 587 feminicidios, uno cada tres días, según datos de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. Hasta noviembre de 2018; 75 mujeres fueron asesinadas “por el hecho de ser mujeres”, expone el documento. El 64 % tenían entre 14 y 36 años de edad. El 67 % de los crímenes fueron cometidos por sus parejas, exparejas, esposos o novios.

Foto referencial: cortesía Metro Ecuador.

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