Junta directiva de la AN prepara respuesta a solicitud de llenar vacante con una línea de sucesión no definida en la Constitución. Los criterios de la Consultoría Jurídica del Parlamento y de la fiscal en el exilio, Luisa Ortega, sustentarían la réplica. “Jamás apoyaremos una interpretación plegada a intereses políticos”, dicen en el MPV. “No podemos seguir dando soluciones mágicas”, afirman en Cambiemos. VP apunta a una salida constitucional y “que no sea solo simbólica”.
Caracas. Hace más de un mes, el pasado 4 de julio, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio volvieron a lanzarle una papa caliente al Parlamento: dictaron un fallo en el que declaran el vacío de poder de la Presidencia de la República y ordenan a los diputados llenar la vacante. Pero no en aplicación del artículo 233 constitucional según el cual correspondería al vicepresidente ejecutivo asumir el cargo, sino “en aplicación de la línea de sucesión presidencial”, dice el fallo.
La respuesta de la Asamblea Nacional (AN) se ha retrasado por dos razones. Primero, porque la directiva está recabando todos los criterios jurídicos y políticos que permitan sustentar su posición: que la Constitución vigente no tiene una línea de sucesión presidencial debidamente desarrollada que permita cumplir a la vez con la letra de la Carta Magna y con la sentencia redactada desde Bogotá, Lima y Miami. El artículo 233 agota esa línea de sucesión, por un lado en el vicepresidente ejecutivo y en otros casos en el presidente de la Asamblea Nacional, pero no aclara el proceder en caso de que estas figuras estén imposibilitadas de asumir el cargo.
En segundo lugar, porque la mayoría de los diputados y partidos de la oposición (MUD, AD, Prociudadanos y Concertación) difieren expresamente del bloque 16-J (Vente, Convergencia y ABP) que sostiene que el nombramiento de un presidente encargado —aun si es apresado o forzado al exilio— abrirá el camino para la transición definitiva, permitirá renovar al Consejo Nacional Electoral, convocar a elecciones e iniciar un gobierno de unidad.
Sin sucesión ni potestad
El presidente de la AN, Omar Barboza, solicitó una opinión sobre el asunto a la Consultoría Jurídica y otra a la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Aunque Barboza no ha hecho público ninguno de los dos escritos —se espera que lo haga esta semana junto con la respuesta de la directiva— en Crónica.Uno pudimos conocer que hay al menos dos coincidencias: uno, que la Constitución no resuelve el problema de la sucesión presidencial de forma correcta y dos, que la Asamblea Nacional no tiene potestad para interpretar la Carta Magna. Incluso, uno de los dos escritos recomendaría al Parlamento impulsar una enmienda constitucional sobre este tema.
Consultadas las principales fracciones y partidos, resultó que la mayoría coincide en que la AN no puede actuar fuera de la Constitución, así lo manden los magistrados en el exilio, pues eso deslegitimaría a la AN y a sus diputados de cara a un proceso de transición.
El diputado de Voluntad Popular, Juan Guaidó, a la sazón jefe de la bancada de la unidad, reconoció que todos los partidos de oposición que hacen vida en la AN están de acuerdo en la necesidad de propiciar el cambio de gobierno, pero difieren en el cómo.
Para nombrar un nuevo gobierno necesitamos el concierto de todos los factores. En la Constitución están los mecanismos para elegir un nuevo gobierno. No podemos ‘bypasearlos’ alegremente. Todos los factores tenemos que acordar un mecanismo efectivo y no simplemente simbólico o enunciativo”, indicó Guaidó.
Manuel Teixeira, del MVP, dijo que la AN reconoce a los magistrados en el exilio, declaró el abandono de cargo, la responsabilidad política de Maduro y autorizó para que se le investigara por corrupción, lo cual evidencia la búsqueda de soluciones constitucionales a la crisis. Sin embargo acotó:
Hay posiciones encontradas dentro del MPV y dentro de la AN. Reconocemos a los magistrados y reconocemos las investigaciones. Pero la AN siempre tiene que actuar apegada a la Constitución. No existe línea de sucesión presidencial en la Constitucion nacional. No puede crear mecanismos inexistentes a conveniencia argumentando que es un tema político. El MPV jamás, jamás, jamás estará de acuerdo en una interpretación distinta de la Constitucion que se quiera hacer por intereses políticos”.
Cero falsas esperanzas
Juan Miguel Matheus, diputado de PJ, recalcó que la Asamblea tendrá que apoyarse en cuatro pilares para solucionar el abandono de cargo: interpretación de la Constitución, apoyo del pueblo, apoyo de los poderes institucionales y apoyo de la comunidad internacional.
Declinó calificar de “inviable” la petición de los magistrados pero hizo énfasis en que el Poder Judicial no puede obligar a otro poder a ejecutar sus sentencias: “El planteamiento de los magistrados es parte del intento de restablecer el orden constitucional, pero tenemos que recordar que nosotros no somos órgano de ejecución de las decisiones judiciales. El Código de Procedimiento Civil establece que los órganos judiciales deben hacer cumplir sus propias decisiones“.
Por su parte, la jefa de la recién creada fracción de la Concertación (AP y Cambiemos), Melva Paredes, dijo que su partido, Cambiemos, también solicitó una opinión jurídica: “Sería muy lamentable que nosotros también violemos la Constitución como lo ha venido haciendo el Gobierno. Y sería muy lamentable seguir dándole a los venezolanos esperanzas falsas en soluciones mágicas que no van a resolver nada. Hay que ser muy responsables”.
Difirió del criterio de los magistrados en el exilio respecto a quien debería asumir la presidencia en este caso: “El poder Ejecutivo tiene un mandato que vence el 9 de enero. Su mandato sigue siendo legítimo hasta ese momento. De acuerdo con la Constitución, correspondería al vicepresidente asumir el cargo. Que lo asuma el presidente de la Asamblea Nacional u otra persona, como pretende el TSJ en el exilio, no lo veo constitucional”.
Desde la fracción de Acción Democrática así como desde la de Un Nuevo Tiempo, sostienen que el planteamiento de los magistrados es inviable y solo contribuiría alimentar falsas esperanzas.
“No es un capricho”
Del otro lado se encuentra el bloque 16-J, que considera que la AN debe debatir y responder favorablemente la solicitud de los magistrados de llenar la vacante presidencial.
“No es cierto que no existe la figura legal y constitucional para actuar. Lo que se requiere es la voluntad política, la decisión y una postura coherente. No es un capricho de la fracción 16-J, es un mandato del TSJ en el exilio, es una necesidad imperiosa del pueblo”, dijo el diputado de Convergencia, Biaggio Pilieri.
Consultado sobre la inexistencia de una línea de sucesión presidencial explícita y extendida en la Constitución, dijo que el mandato del TSJ en el exilio es para que la AN “designe al encargado de cubrir la vacante, sencillo”.
Por último, José Aparicio, de Prociudadanos, dijo que ese bloque no ha debatido el tema.
Fotos: Archivo Crónica.Uno.
Video: Maru Morales P.
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