En un documento los asesores de Maduro señalan que los comandos cívico militares deben supervisar la distribución de la producción primaria, así como la venta de medicamentos y atender los problemas del transporte. Se recomienda reforzar los Clap.

Caracas. Economistas afines al oficialismo prepararon un documento con sugerencias al gobierno de Nicolás Maduro para la “recuperación” de la economía y los planteamientos consisten en recrudecer los controles y crear comandos cívico militares para regular a los sectores clave.

La economía entra en su quinto año de recesión. La producción está en picada, hay fallas de abastecimiento e hiperinflación. Y esos desequilibrios han sido por el modelo de controles. Con una severa crisis, los asesores del Ejecutivo insisten en la misma política.

El documento tituladoRecomendaciones para atender la coyuntura económica y marcar un nuevo rumbo de la economía Venezolana”, elaborado por los economistas Pascualina Curcio, Julio Escalona, Judith Valencia, Tony Boza, el sociólogo y ex vicepresidente de Economía, Luis Salas, así como el constituyente Mario Silva, entre otros, plantea incrementar las regulaciones en la entrega de dólares y fijar los precios.

Se indica que “hay que mantener y reforzar el control de cambio” y para consolidar la medida se tiene que “suspender la asignación de divisas públicas a empresas privadas; destinando las divisas disponibles para importaciones directas de bienes esenciales por el Estado y la restricción de la libre convertibilidad del bolívar soberano; y establecer mecanismos de administración de divisas que respondan a las necesidades prioritarias de la población venezolana y de las políticas económicas del gobierno revolucionario”.

Para los oficialistas, la asignación de divisas “debe supeditarse a un baremo de precios internacionales, con la finalidad de impedir la sobrefacturación de importaciones y la fuga de divisas; la evasión tributaria por precios de transferencia y el traslado de precios inflados a las estructuras de costos de producción, distribución y comercialización”.

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Desde 2003 el Gobierno regula la aprobación de billetes verdes. Al inicio, las asignaciones de dólares fluían, pero la demanda por el tipo de cambio barato y los cambios en la distribución de los ingresos petroleros —a fin de que una parte fuera a fondos paralelos— hizo que la disponibilidad de dólares en el BCV no cubriera todos los requerimientos. En 2013, y con un barril en 90 dólares, la administración de Maduro empezó a restringir los dólares y hoy día los privados tienen menos acceso a las divisas oficiales. Aquellos que intentan mantener sus operaciones recurren al mercado paralelo, lo que incide en los precios.

Los economistas chavistas agregan que debe haber espacios para que “el sector privado transe las divisas que tiene colocadas en la banca internacional, sin que el Estado coloque las divisas que ingresan por exportación de las riquezas naturales”.

Además del control de cambio, los asesores insisten en seguir con el control de precios.

Desde hace 15 años también se imponen controles a los precios de artículos esenciales y esas medidas se han acompañado de un marco regulatorio que establece elevadas multas y cárcel por boicot, usura y acaparamiento.

En la mayor regulación de los precios se propone el apoyo de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y de comandos cívico militares.

Los oficialistas indican que debe redimensionarse y fortalecerse el “sistema público de distribución de bienes esenciales, especialmente los Clap. Definir cómo aplicar un sistema de supervisión y control de los canales privados de distribución, con la finalidad de erradicar el acaparamiento y desvío de los productos, a través de la proliferación de eslabones de intermediación que distorsionan el abastecimiento y encarecen los precios”.

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Mediante normativas, el Ejecutivo le ha dado a los Clap el poder de vender bolsas de comida y de inspeccionar la producción y distribución de los rubros esenciales. En ese proceso, las empresas de alimentos y artículos de higiene personal tienen que destinar más de 50 % de su producción a los Comités.

El documento añade que tiene que existir “un plan integral de producción, distribución y consumo de 8 rubros esenciales (harina de maíz, arroz, pasta, azúcar, leguminosas, queso, leche y proteínas (pollo, huevos o pescado), con la definición de metas, y plazos de producción definidos así como responsables en función de los recursos financieros, institucionales, cognitivos y organizativos disponibles. El Gobierno debe definir metas de producción; y cada productor o los productores deben comprometerse, pública y contractualmente, a cumplirlas. La producción, distribución y fijación de precios implica un control riguroso y estricto, desde las fábricas hasta el comercio final”.

Tal como está previsto en el Plan de la Patria 2019-2025, los oficialistas consideran que debe impulsarse el modelo de empresas socialistas y estatales. “Hay que reactivar y fortalecer la producción de las empresas del Estado y empresas de producción social, especialmente la de alimentos e insumos industriales. Las materias primas importadas subsidiadas por el Estado deben ser utilizadas, fundamentalmente, por empresas del Estado y de propiedad social o comunal”.

Mayor presencia militar

Ya los militares controlan las importaciones y la distribución de los bienes, y los economistas que asesoran al Gobierno plantean un aumento de la presencia militar.

Se propone la creación un comando cívico militar con participación del Poder Popular y de la clase obrera para la supervisión de la producción primaria, el transporte a las fábricas y hasta la comercialización.

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De igual manera se prevé un equipo cívico militar para la venta de medicinas.

“Hay que crear un equipo de supervisión cívico-militar que, con base de un sistema automatizado de carácter público y el uso de la tecnología de identificación biométrica, asuma el control y supervisión de la distribución y venta de los medicamentos”, agrega el reporte.

Según los economistas y constituyentes, “hay que establecer un plan de adquisición y de distribución de medicamentos esenciales y de alto costo, que asegure la superación inmediata de la escasez y fortalecer la producción nacional de medicamentos del sector público, de empresas nacionales y de universidades. El Estado venezolano debe garantizar la producción y distribución de medicamentos básicos y de los relacionados con enfermedades crónicas”.

Para los asesores, los comandos cívico militares deben intervenir en el Metro de Caracas y el Ferrocarril y la Fuerza Armada Nacional tendría que encargarse del resguardo de las instalaciones de los servicios básicos.

El diputado José Guerra apunta que los planteamientos de los oficialistas no contribuyen a la reactivación y añade que “seguir con los controles implicará una mayor escasez con hiperinflación”.

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Foto: Archivo Crónica.Uno



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