La teoría y la práctica no concuerdan cuando se trata de la venta de comida a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Mientras que el presidente Nicolás Maduro insta a sus funcionarios a vender dos veces al mes los alimentos a las familias venezolanas, en urbanismos como los edificios de Fundapol, en el kilómetro 5 de la Panamericana, la distribución de los paquetes se produce de forma irregular.

Caracas. Las bolsas Clap deberían llegar cada 15 días a las familias venezolanas, pero la realidad es otra. En muchas comunidades la queja es la misma: se despachan con retraso o no llegan. En los edificios de Fundapol —urbanización Bicentenaria del Libertador— las reciben un mes sí y un mes no.

Rosa Díaz, Luisa Zambrano, Mildred Barrientos y Gisela Pérez forman parte de las 235 familias que residen en la mencionada urbanización y compran los alimentos distribuidos por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Las vecinas informaron que desde el 2016 están agrupados en consejo comunal, instancia que les permitió hacer las gestiones ante el Clap Fuerza Bolivariana para comprar los alimentos. Sin embargo, actualmente se han presentado inconvenientes con las personas encargadas de la venta de estos productos de la dieta básica y con el concejal Armando Graterol, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Salud del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador,  porque es quien decide cómo y cuándo se venden los paquetes de comida regulada.

Los vecinos afirman que como la urbanización está ubicada en el kilómetro 5 de la Panamericana, pertenece a la parroquia Coche, razón por la que dependerían del concejal Graterol —quien fue electo por ese circuito— para obtener el Clap. Pero la comunidad también comparte espacio con la parte alta de La Vega, después del sector Los Mangos, y esos edificios no son reconocidos por la parroquia, situación que reclaman sus habitantes.

Según Rosa Díaz a los vecinos los afecta estar en linderos de dos parroquias. Aseguran que no reciben apoyo de la parroquia Coche.

La vocera principal dijo que esa era orden del Estado Mayor y allí nos dijeron que la orden es excluir de los censos a las personas que ya no viven aquí, los que ya se  fueron del país inmediatamente pierden la caja. Siempre me calo las cadenas del Presidente, él dice una cosa y en la parroquia dicen otra. Quisiera que Maduro nos vea la cara y venga, la mayoría son tercera edad.

Lee también
Claman por ayuda para evitar derrumbe de edificios de Fundapol

Sain Rangel aseguró que mientras el Clap llega en otras comunidades cada 15 días, en los edificios la entrega no ha sido regular y no reciben información. Dijo que quieren sacar del listado a su papá porque hace un año, luego de fallecer su esposa, se encuentra solo, por lo que las encargadas de la venta de la comida le indicaron que él formaría parte de su grupo familiar.

Resoluciones como esta, donde los voceros del Clap se proponen agrupar miembros de familias para reducir la entrega de las bolsas, también fueron planteadas a Anabelsy García, residente del edificio 14.  A ella le dijeron que debe tener esposo e hijos para recibir la caja así que le indicaron que formaría parte de la carga familiar de su mamá.

Estos casos motivaron a los vecinos a pedir información a los voceros principales, les preguntaron por qué excluían a la gente, por qué le negaban alimentos a personas que viven solas. La respuesta fue la denuncia de los voceros ante el Estado Mayor Conjunto por miedo a su integridad. Las familias no entienden el motivo de la queja: solo solicitaron información, lo cual es un derecho.

Otro problema grave de la urbanización es el permanente riesgo de derrumbe, que fue constatado por Bomberos del Distrito Capital y Protección Civil. Organismos que alertaron a los vecinos sobre el riesgo de desplomarse cuatro de los 19 edificios. Esto fue denunciado ante instancias como el Gobierno del Distrito Capital sin conseguir las soluciones necesarias.

Fotos: Norma Rivas


Participa en la conversación