El hambre dispara contra la FANB

Colgar el uniforme por fuerza de la escasez

La falta de alimentos gobierna los cuarteles y desata la huida de las tropas profesionales y conscriptas que integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las bajas militares se cuentan por miles y los oficiales recurren a actividades por cuenta propia para enfrentar la crisis que permea la institución.

Por Julio Materano

De su oficio militar, Alexis Gutiérrez, un oficial con 22 años de servicio en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dice que se lleva más afanes que sueños alcanzados. Con tres hijos anémicos y una mujer en Guanarito, estado Portuguesa, reclama una vida holgada, lejos de los aprietos económicos que, según comenta, someten a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Los oficiales enfrentan una rutina desdichada, vergonzosa, cuya mayor satisfacción es, en ocasiones, comer un plato insípido de pasta con tajadas de plátano rancio. Un aliciente que, en su caso, le deja el sinsabor de la pobreza y lo obliga a pedir la baja.

El hambre, que desprofesionaliza a la FANB, se interna en los cuarteles y desata la huida de militares. “En este país nadie está bien a excepción de la cúpula chavista. Quien piense que estamos mejor por ser militares está equivocado. No tenemos qué comer. Y todos pagamos por el error de un sistema que no ha sabido reconocer a quienes disienten, a quienes piensan diferente y eso es discriminatorio”, sostiene el sargento.

Quienes hacen el trámite de la baja son, en su mayoría, sargentos y oficiales de menor grado que huyen de la peor crisis que asedia a la institución. El hecho de que 10 de los últimos 11 ministros de Alimentación provengan de la FANB no garantiza que los oficiales tengan comida suficiente en los cuarteles. En un país con una de las mayores reservas de petróleo y oro en el mundo, ¿por qué hay hambre en la FANB? Porque en la calle hay hiperinflación, porque faltan alimentos, porque la gente hace colas para comprar productos regulados, porque no hay efectivo.

Gutiérrez no es el único en formalizar su retiro. Las solicitudes de bajas se cuentan por cientos, de acuerdo con fuentes vinculadas al Ministerio de la Defensa, el ente responsable de aprobarlas. Solo en la sede de Seguros Horizonte en Los Próceres —la empresa encargada de honrar la seguridad social de la Fuerza Armada— se formalizan por lo menos cuatro trámites de ese tipo por día; una cifra conservadora que sitúa en 20 las peticiones de retiro por semana y que ubica en 80 las gestiones por mes en ese lugar, asegura una fuente directa de esa institución. De mantenerse ese ritmo, a finales de año se habrían concretado 960 descensos en Caracas, un dato grueso que no incluye los retiros gestionados en los otros 33 despachos que tiene la aseguradora en todo el territorio.

En enero de este año, el caudal de solicitudes era tal, que algunos militares dormían en los predios de la sede de Seguros Horizonte en la Torre La Primera, en Chacao, para ser los primeros en la fila y solicitar la solvencia de la financiadora de Primas Horizonte.

Aquel hecho, que insinuaba el desespero de las tropas, no solo hizo estallar en escándalo a los usuarios de las redes sociales, sino que trascendió súbitamente al Ministerio de la Defensa, que contuvo la burla y las críticas con una orden ejecutada a contrarreloj que pretendía ocultar lo ineludible: el hambre.

 

Desde febrero, las diligencias para tramitar la solvencia pasaron a la sede de Seguros Horizonte en el Instituto de Previsión Social (Ipsfa) de la FANB, en Fuerte Tiuna, donde se centralizaron algunos trámites. Los componentes con más solicitudes son la GNB y el Ejército, cuyos oficiales, conscriptos y profesionales, resienten la ausencia de alimentos básicos. Otra dimensión del drama que sacude al Ministerio de la Defensa es la partida de pilotos militares que, seducidos por salarios dolarizados, prefieren irse a Conviasa y a empresas privadas.

Como antídoto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, publicó un video en el cual aparece en un cuartel comiendo como si fuera uno más de la tropa. 

Aun cuando no ha sido ventilada la data oficial en torno a las bajas, hay quienes arrojan sus propios cálculos. En mayo de 2017, Henrique Capriles Radonski aseguró que había 1000 militares solicitando su retiro por el descontento. La renuncia masiva de los funcionarios se remonta a 2011, cuando la FANB tuvo que crear un plan de adiestramiento exprés para formar en cuatro meses a 400 sargentos en la Escuela del Ejército en Aragua, por la partida de militares. Cifras extraoficiales hablan de 1500 peticiones en 2009, incluyendo la del general Antonio Rivero. En 2010, un total de 1000 oficiales pasaron a la reserva activa.

Atrás quedó la época en la que el difunto presidente Hugo Chávez consentía al sector castrense y le procuraba aumentos y prebendas por encima de los demás sectores. Como ocurrió en 2011, cuando los premió con un aumento de 50 % por encima del gremio médico y del Magisterio de Educación. Un año que destaca en la cronología de recompensas a la FANB es 2013, período en el cual el presidente Nicolás Maduro ajustó los sueldos en tres ocasiones. La primera fue en mayo, fecha en la que el sucesor de Chávez se estrenó con un incremento de 40 %. Cinco meses después, Maduro anunciaba otro aumento de entre 45 % y 60 % para todo el gremio. El gesto de beneplácito fue repetido en noviembre de ese mismo año, cuando hizo otro ajuste general.

En esa ocasión Maduro también informó sobre la creación de un fondo de contingencia médica y otro para el acceso a la vivienda. 

Hoy la crisis estalla en los comedores de la FANB y no hay capacidad para ofrecer mayores lisonjas para el sector castrense.

Quizá por el malestar, que parece atomizar a la FANB, el 19 de marzo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo en un acto público en Los Próceres que ampliarán los planes de subsidio a los comedores militares. Y detalló que en los primeros meses de este año han entregado 18.000 préstamos personales y de vivienda para el sector. El pasado 2 de abril, el Ejecutivo aprobó un crédito adicional para el Ejército por 2 billones de bolívares y de ese monto, 86 millardos de bolívares irán a la alimentación de los cadetes. 

En aquella alocución, Padrino López presumió del programa Mi Casa Bien Equipada para llevar línea blanca a los oficiales y anunció además la “Campaña Nacional Negro Primero”, para brindar asistencia sanitaria, social y burocrática al cuerpo castrense en todo el país.

En medio de la coyuntura, algunos militares cargan sus viandas de alimentos y reciben permisos especiales durante el ejercicio de sus funciones para comer en sus hogares. Parte de la alimentación ahora corre por cuenta propia y pesa sobre el bolsillo de los funcionarios: se les agota la comida. Y esto ocurre en medio de las sacudidas de las detenciones de militares, la degradación de otros oficiales.

El docente de la Universidad Simón Bolívar y experto militar, Hernán Castillo, añade que el deterioro es tan profuso que en la región centroccidental hay cerca de 4000 solicitudes de bajas entre los distintos componentes, pero todas han sido retenidas. Argumenta que el panorama se torna devastador para una de las instituciones más favorecidas por la riqueza petrolera.

La vergüenza de ser militar

 

Alexis Gutiérrez es sargento mayor de primera y cabeza de familia. Comparte sus días entre el rigor endeble de la academia y el quebranto de alimentar a sus hijos de 7, 10 y 15 años. Relata que lo esperan en casa, hambrientos, mareados de solo tomar agua para aplacar el ardor del hambre que hace crujir sus estómagos. 

En el país, 9 de cada 10 venezolanos no pueden pagar su alimentación diaria y 6 de cada 10 han perdido 11 kilogramos de peso, advierte la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi).

“No puedo hacer nada con 2 millones de bolívares mensuales. Se me va la vida esperando que la situación económica mejore y que haya condiciones dignas para servir a mi patria. El país nos necesita, pero el Gobierno no mira a los oficiales de bajo rango con la misma piedad con la que ve al Alto Mando Militar”, sostiene, y enmudece de momento.

Su decisión es inminente. Dice que cambiará su arma por un pico y en lugar de botas militares, se calzará zapatos de hule. Ha heredado unas tierras en San Nicolás de Guanarito y se ve allí, entre caminos de tierra amarilla y linderos de espesa vegetación, cortando el monte para sembrar. Cree que es lo más indicado para resguardar su hogar de la crisis. El dinero que recibe es insuficiente y apenas le alcanza para comprar huevos y algo de queso para compartirlo en su casa, donde el vértigo desencadenado por la crisis ha llegado a niveles insospechables. “Cuando dices que sirves a la Patria, pero tienes que recurrir a la reventa de cosas porque el Estado no te garantiza las condiciones básicas para vivir, nada haces con el orgullo militar. Prefiero servir a mi familia”, matiza.

Alexis desgrana sus frustraciones mientras aguarda por su turno en el Ipsfa en Caracas, donde espera gestionar su pase a la reserva activa, el estatus que ocupa el militar profesional que deja de prestar servicio. Hace todas las diligencias para lograrlo. Lleva 20 días de trámites y, a juzgar por la cantidad de requisitos por zanjar, puede que le resten otros 10. La de ese martes —27 de febrero— fue su tercera noche en Caracas, tiene poco presupuesto para continuar en la ciudad y aún le resta un sello por tramitar en la sede de Seguros Horizonte en Chacao. Se niega a renunciar a su derecho.

Una lista virtual de requisitos, que guarda en su teléfono, lo separan de una “vida libre”. El archivo digital que guarda bajo el título de “Hasta la victoria siempre”, la misma consigna —de origen cubano— con la que el chavismo se asume inmortalizado en el poder, es ahora una bitácora personal. 17 exigencias completan el oficio, entre ellas, las fotocopias de la solvencia de armamento, la liquidación de las primas de Seguros Horizonte, de la caja de ahorros, más los resueltos de graduación y del último ascenso.

Los programas sociales en manos de militares nada lograron frente a la situación. La crisis recrudece casi dos años después de que el Gobierno oficializara la Gran Misión Abastecimiento Soberano, un plan en manos del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que era la respuesta a la escasez de insumos. Puertas afuera, el desabastecimiento, que acorrala a los oficiales de bajo rango, ha producido por lo menos 1308 protestas de civiles, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Ingresos corroídos

 

A propósito de los reclamos, el abogado y especialista en Derecho Penal, Alonso Medina Roa, reitera que el disgusto por los bajos sueldos se afianza en la tropa profesional. “En la década de los 60, un oficial cuando se graduaba de subteniente tenía un ingreso promedio de 1000 dólares al mes. Hoy día un general puede tener un ingreso aproximado de 25 o 30 dólares. Evidentemente, esto refleja el deterioro de los ingresos por sueldos y salarios”.

El fundador del Foro Penal Venezolano agrega que el Ipsfa, la otrora institución que era garante de seguridad social, es ineficaz. Muchos de los oficiales que pasaron al retiro en los 80, 90 y 2000 —matiza Medina Roa— adquirieron viviendas en Santa Mónica, Prados del Este y Piedra Azul en Baruta. Actualmente, los financiamientos son muy modestos y las primas de seguros HCM no cubren las emergencias.

En Venezuela se estima que existen 165.000 efectivos militares y 25.000 en reserva, fuera de los integrantes de la milicia, un componente que infla la cifra a 489.497 funcionarios, según el Presupuesto Nacional 2017. Ese año la institución atrajo a 124.172 hombres y mujeres con respecto a 2016, cuando la FANB sumaba 365.315 funcionarios, según datos oficiales.

La crisis económica que permea a la FANB se torna contradictoria en un contexto nacional en el que los militares ejercen un rol estelar en el cuadro Ejecutivo. Su papel no es accidental. 13 de 32 ministerios existentes en el país están ocupados por personal castrense. Para algunos expertos, es el mayor lucro del chavismo, cuyo liderazgo político se dedicó a demoler las bases de una antigua estructura militar, para dar paso a una nueva organización que surgió en 1999, cuando Chávez incorporó a militares activos y retirados a su gabinete.

La lectura que hace el sargento Alexis sobre el cuerpo castrense encarna una sentencia de fracaso que deja al descubierto los desmanes de un Gobierno que presume de su tejido cívico militar: “Son más los oficiales que conocen de hambre, que de lujos. A veces ni siquiera podemos salir a la calle uniformados porque es motivo de vergüenza, de rechazo. La gente no nos respeta y muchas veces nos insultan”, se queja.

Su mohín de arrepentimiento y su ceño fruncido resumen lo que intenta decir con palabras. No solo le enfada el maltrato gubernamental, su visión de sí mismo es pesimista. Piensa que ha perdido su tiempo, que no tiene modo de recobrarlo y que ha sido usado por un Gobierno que desecha a las fichas de bajo rango. Lo expresa con su verbo lacónico, su acento arrollado y sin reservas.

Mientras la cúpula militar sucumbe al poder, Alexis, el oficial de Guanarito, no descarta marcharse del país. Por ahora, colgará su uniforme para trabajar por cuenta propia, una táctica de supervivencia que cada vez tiene más adeptos en los destacamentos de la GNB. Solo en febrero, dice el oficial, más de 15 efectivos de su unidad en Guanare tramitaron la baja. El fenómeno se orquesta con enfado en un año electoral decisivo, en el cual el Gobierno recurre, como en todas las contiendas, a la bota militar.

Alexis esgrime los desplantes de una institución embestida por la corrupción. El hombre, cuya edad no supera los 45 años, cree que ha tomado la decisión más determinante de su vida; dejar lo que hasta hace algunos años era su inquebrantable vocación: “Servir a la patria grande”.

Cansados de comer sardinas con arroz

Entre las variables que sopesan quienes abandonan la Fuerza Armada Nacional cobra ventaja el comodín de emigrar. El “adiós” a la institución es para algunos el preludio de la huida definitiva del país, una decisión aupada por la falta de comida, el machismo y la crisis que degrada a la FANB.

Daniela, una sargento de 26 años —que por seguridad prefirió resguardar su apellido— reconoce que ingresó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por necesidad, para tratar de aliviar la pobreza que doblega el presupuesto en su hogar y que hoy, en medio de la crisis económica más cruda, priva también a su madre del tratamiento antihipertensivo. “No consigo los medicamentos para mi mamá y tenemos que hacer de todo para medio comer en casa”. Ella, al igual que el resto de la tropa que la acompaña, tiene previsto irse del país. Su plan aún no está definido y baraja Colombia y Francia entre las naciones destino.

Con Daniela, quien tramita su solvencia en la sede de Seguros Horizonte en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), están otros cinco jóvenes. Son en total 12 sargentos de tercera venidos de Tinaquillo, estado Cojedes, pero están diseminados: cada quien en lo suyo. El grupo, que se dice cansado de comer sardina con arroz, se vislumbra todo en la calle, sin presiones políticas ni órdenes de superiores que intentan doblegar la voluntad de quienes sirven. El reclamo es unísono, enérgico. A la voz de rechazo se suma también el disgusto por el machismo y la discriminación política que permea a la FANB.

Los funcionarios de entre 24 y 27 años de edad son el pulso de la diáspora. Buscan entender la ciudad con urgencia, no conocen Caracas y llegaron la mañana del 1° de marzo para tramitar sus solicitudes de baja. Esperan retornar ese mismo día a sus casas pero tienen un alud de documentos a medio hacer y la mañana cobra ventaja.

Daniela aspira vivir en el primer mundo, pero sabe que requiere de mucho dinero para hacerlo: necesita trabajar antes de marcharse del país y tiene el tiempo en contra para reunir el monto del pasaje: por lo menos 1200 euros. Tal vez se dedique a la economía informal, el salvavidas sobre el que descansan algunos funcionarios para sortear la crisis en los cuarteles. La sargento se apoya en sus familiares residenciados en el extranjero para tratar de zafarse de lo que considera el peor momento del país. “Me cansé de comer solo pasta, en el mejor de los casos. Creo que merecemos un trato digno”, se lamenta.

Fuentes militares aseguraron que hasta la última semana de febrero, la Unidad de Tinaquillo, en Cojedes, registraba 80 bajas de sargentos de primera, con tres años de formación, según informaron sus miembros. La coyuntura desarticula los cuarteles y deja las tropas profesionales desmanteladas.

“La vida del militar es muy miserable, tienes que hacer silencio así no estés de acuerdo con las órdenes de tu superior. Todo el mundo calla para no pelear, no entrar en diatribas. Si te quejas por la crisis, te tildan de apátrida, de opositor y eso podría traerte consecuencias a ti y a tu familia”, dice Daniela.

Fabiola, una sargento que también aguarda con los otros seis militares en las afueras del Ipsfa, desmenuza su vivencia en la Guardia Nacional Bolivariana. “Me cansé de ser humillada, de comer arroz solo. Cada mes debemos pagar 20.000 bolívares en efectivo en nuestra unidad para asegurarnos un plato de comida, pero los alimentos no alcanzan para todos. Hay compañeros que se desmayan porque se quedan sin comer. No se justifica que la comida sea un asunto de azar. Si desayunas, no almuerzas y si almuerzas no cenas. Es algo inaudito por donde se mire”, comenta la joven de la Unidad de Tinaquillo, estado Cojedes.

Cree que sus tres años de formación no pasaron en vano, se lleva la sagacidad de quien ha aprendido a vivir con lo mínimo, pero la domina también el sinsabor de la represión, del rechazo. “Hay mucho machismo. En una ocasión mi superior me pidió que le lamiera sus botas, pensé que era una broma, pero su insistencia fue aterradora. Por supuesto que no lo hice”, suelta. Su voz quebrada delata su frustración. Fabiola no quiere regresar a la FANB y su familia está de acuerdo, la apoya incondicionalmente.

Las discusiones sobre la huida de funcionarios, coinciden los jóvenes de Tinaquillo, transcurren en silencio, en pequeños grupos de almuerzo y de tropa, que disienten en voz baja para no levantar sospechas.

La prolongada coyuntura económica los aflige a todos. “Aquí no hay nada que hacer, hermano. Se perdió el respeto hacia el país y hacia la gente, hacia la FANB que debería garantizar el orden interno”, remata un joven que prefiere resguardar su nombre. Entre sus quejas, asoman las maniobras de los oficiales que intentan sobrevivir al margen de cualquier actividad ilícita, o del habitual “matraqueo” de algunos efectivos.

“No todos roban, hermano, pero hay quienes se desbocan en ese camino de supervivencia, porque eso es lo que hacemos, sobrevivimos a un sabotaje que viene de nuestros propios superiores. No le interesamos a nadie”, comenta.

Él y sus compañeros intentan tomar el Metro para llegar a Chacao, están a contrarreloj. Sus caras reflejan angustia. En el Ipsfa la atención es expresa. Les exigen una carpeta marrón y otra amarilla con las copias de sus documentos. Sin conocer Caracas, planean la ruta de ida a Chacao, a la otra sede de Seguros Horizonte. Saben que tienen cerca el Buscaracas en Los Símbolos y lo toman, desconfiados, hasta el Metro de La Bandera. El viaje de la tropa a Tinaquillo está truncado por la falta de efectivo. Insisten en su retiro.

La diáspora precoz de los militares

Quienes se embarcan en su idilio de defender a la patria tienen en contra la crisis socioeconómica que asedia a la Fuerza Armada y que resta condiciones a la institución para formar a sus oficiales. El éxodo ocurre con mayor acento en las tropas profesionales.

No solo los oficiales de bajo rango abandonan la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La diáspora también ocurre en otros grados, entre ellos los tenientes que se marchan del país en busca de bienestar. Pero a decir verdad, la mayor desbandada se registra en las tropas profesionales más nuevas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Ejército, integradas por oficiales de bajo rango, que acaban de embarcarse en su idilio de defender a Venezuela.

La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, adjudica el fenómeno al desmejoramiento de las condiciones sociales de los oficiales y al temor sobre los escenarios bélicos y políticos en Venezuela. “El problema está en que el Gobierno ha manipulado lo que es un derecho. Nadie está obligado a servir sin su deseo. Pero hay oficiales que han pedido la baja y se les niega porque tienen miedo de que salgan del país”, comenta.

Explica que tanto las deserciones como las solicitudes de bajas tienen que ser adoptadas por una resolución del Ministerio de la Defensa, un instrumento que dejó de ser público con el chavismo en curso. “Son aspectos de orden público. La Fuerza Armada es un bien de la Nación y como tal, deberían rendirse cuenta sobre ello, sobre quiénes forman parte de ella”, dice la experta militar al tiempo que denuncia la opacidad gubernamental. Señala que la última vez que se registró un fenómeno similar fue hace más de 10 años. Pero hoy la alta incidencia fragmenta a todos los componentes. Para San Miguel, se trata de un ápice del drama social, un espejo de la realidad del país.

Según la Memoria y cuenta 2015 del Ministerio de la Defensa, la última filtrada, ese año fueron aprobados cinco proyectos de bienestar social para cinco unidades militares de la Fuerza Armada. Con una inversión de 117 millones de bolívares, tal asignación pretendía mejorar la alimentación del personal de la Guardia del Pueblo, pero desde entonces los recursos eran insuficientes. Ese año el Ministerio de la Defensa destinó además 919 millones de bolívares para la alimentación de 7902 cadetes de la Universidad Militar Bolivariana. Se trata del único dato grueso divulgado en ese documento en torno a la alimentación.

El informe de gestión además rinde cuenta sobre la adquisición de material de uso común para 10.950 aspirantes que ingresaron a los diferentes Institutos de Educación Militar y para 11.097 profesionales egresados. La Memoria y cuenta ventila una cifra concluyente y asegura que ese año fueron adquiridos insumos de reemplazo, como cobijas, uniformes y botas de campaña, para un total de 122.000 integrantes de la FANB. La data perfila el tamaño de un cuerpo que languidece.

Un lugar donde convergen frustraciones

A los reclamos que hacen los militares por el retroceso de sus condiciones socioeconómicas, se adhieren también las quejas por la precaria atención sanitaria para ellos y sus familiares. No tienen acceso a créditos para viviendas y enfrentan como cualquier civil las dificultades que truncan sus aspiraciones personales.

Para algunos es el sitio donde comienza el sueño de ser militar. Para otros, el lugar donde concluye el idilio de servir, donde se liquida cualquier pretensión castrense. Se trata de la oficina en la que confluyen los funcionarios que se marchan a casa para reinventarse una existencia arrimada a las comodidades mínimas. Ubicada en el Ipsfa, la sede administrativa de Seguros Horizonte está circundada por cierto halo castrense. Pocos militares se atreven a compartir su historia. Son reacios a declarar y temen represalias.

Allí la suerte parece echada para quienes lidian con sus miedos y frustraciones. En el lugar entran y salen militares a toda hora, algunos acuden para actualizar sus primas de seguro; otros, para afinar pagos de crédito, pero buena parte lo hace para tramitar la baja, un fenómeno que cobra cuerpo en tiempos de crisis. En ese despacho de Seguros Horizonte todo parece normal. Los promotores se desplazan con soltura por los pasillos cortos y orientan a quienes se estrenan en el trámite.

Un militar, oriundo de Guárico, hace de su espera un ejercicio de catarsis y parece repasar, con cada frase articulada, su agotamiento. La cola para verificar las carpetas es corta, quienes llegan se suman intuitivamente, quieren asegurarse de que cumplen con todos los requisitos. Algunos están de civiles, otros visten de “Patriótico”, el uniforme verde oliva que acuñó Chávez durante su segundo gobierno.

“Es malo decirlo, pero aquí se acabó lo que se daba. No hay más que hacer, entonces solo queda reinventarse, replantearse las cosas para sobrevivir. Buscarse un nuevo trabajo”, dice el teniente. No comparte su nombre, asegura que sobran los amagos de amenaza.

En esa sede de la aseguradora estatal, el ambiente no es ajeno a lo habitual en cualquier oficina. La espera predomina en la jornada y roba la paciencia a quienes aguardan por su retiro. El grupo de 12 sargentos —venidos de Cojedes— que intenta salirse de la GNB, encarna esa mañana del 28 de febrero la prueba de la huida masiva. Les preocupa el desabastecimiento de alimentos, la precariedad de su seguridad social y la ausencia de políticas públicas que les garanticen un estatus digno de vida. Sostienen que, incluso, Misión Vivienda —la única alternativa legada por Chávez para optar por una casa— los dejó desamparados.

“No tengo cómo comprar una casita para hacer una familia y empezar desde cero. Todos nosotros vivimos arrimados donde nuestros padres o suegros”, relata Adolfo, uno de los 12. En la sala, donde hay también civiles cuya póliza es Seguros Horizonte, hay espacio para la queja en voz baja. Se escurren las críticas y lecturas contra el Gobierno, contra la falta de medicinas y de alimentos.

Adelina González, una mujer con alrededor de 70 años, expone su drama. Cuenta que su hijo no solo se marchó de las Fuerzas Armadas sino del país. “Su mujer, que tiene nacionalidad peruana, se enfermó de cáncer y tuvo que irse con ella para tratar de salvarla. Anderson está en Perú y vendrá pronto para buscar a sus tres hijos, mis nietos. Andrea se complicó porque no pudo atenderse en Venezuela desde el primer momento”, relata Adelina la con voz quebrada.

La Memoria y cuenta 2015 del Ministerio de la Defensa señala que ese año se invirtieron 3,9 millardos de bolívares en Sanidad Militar, para brindar asistencia hospitalaria, ambulatoria y rehabilitación al personal militar y familiares afiliados. Durante ese período la sanidad militar dispensó 5 millones de servicios de los cuales 1,2 millones fueron para militares propiamente. Pero el año pasado, Andrea, la nuera de Adelina, no pudo conseguir su tratamiento de quimioterapia en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas. El hospital se suma a la lista de recintos en cierre técnico por el desabastecimiento de insumos que ronda 90 % en la red pública.

Alimentos en manos del poder castrense

En Venezuela, el rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no solo se ciñe a la seguridad y defensa, la institución castrense ostenta también un papel protagónico en el área agroindustrial y de alimentos, con el control de Agrofanb y de las misiones Alimentación y Abastecimiento.

La alimentación del país está en manos de la cúpula militar, un grupo estrecho de hombres que controla la Misión Alimentación, creada en 2003.

Con el fallecido presidente Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, los militares han sido ministros, presidentes de organismos financieros y de empresas estatales. También se han encargado de la administración de los dólares oficiales y de la producción e importación de rubros básicos.

Desde la conformación de la Misión Alimentación, solo ese plan ha manejado por lo menos 60 millardos de dólares, de acuerdo con Transparencia Venezuela. 

A juzgar por el hambre que padecen miles de ciudadanos, la desnutrición y las muertes adjudicables a la crisis socioeconómica, los recursos no han sido orientados de la mejor manera. La coyuntura marca un punto de inflexión en las tropas profesionales e incide en la seguridad y defensa de la nación, consideran algunos expertos.

En 70,8 % de los hogares escasea la comida para sus miembros y 80 % está en inseguridad alimentaria, arroja la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi). Las circunstancias obligan a las familias a recurrir a mecanismos inusitados para su alimentación, como la mendicidad y la basura, concluye el estudio elaborado por las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello.

La crisis económica, que ha empobrecido a 87 % de los hogares, según la Encovi, desentona con el discurso del madurismo, cuyo liderazgo ha tomado el control casi absoluto de la cadena de importación y distribución de alimentos, primero con la Misión Alimentación y luego con la Misión Abastecimiento Soberano.

Un dato que despunta en este aspecto es el peso del Estado en la adquisición de artículos de primera necesidad en el exterior en 10 años. En 2007 el Gobierno controlaba 20 % del total de importaciones, mientras que en 2017 —y en un contexto de menos compras externas— la participación subió a 73 %, de acuerdo con información de Ecoanalítica.

En los últimos 10 años se ha disparado de manera vertiginosa la actividad del sector público, hasta el punto de monopolizar el suministro de 27 rubros entre los que se cuentan el papel higiénico y productos comestibles como aceite, arroz, fórmulas infantiles, lácteos, además de insumos médicos y de construcción.

A propósito de la distorsión del cuerpo castrense, el docente de la Universidad Simón Bolívar y experto militar, Hernán Castillo, señala que la percepción actual que tiene la población de la FANB es negativa. Y sentencia: “La mayoría de los venezolanos piensa que se ha desvirtuado su misión y que hay confabulación con grupos paramilitares”.

A esa lógica ensombrecida, Castillo añade también la indisciplina y desjerarquización que afecta a la institución. El docente señala que, con los recursos asignados entre 1999 y 2017, el presupuesto de la FANB sobrepasa 11 % del Presupuesto Nacional.

El analista critica también el dominio cubano sobre el Estado Mayor de la Fuerza Armada. “La jerarquía es otorgada indiscriminadamente de acuerdo con los intereses de la revolución”. Lejos de ser un cuadro de poder aislado, la cúpula de la FANB tiene sus manos puestas sobre todas las fuentes de riqueza de Venezuela. A decir verdad, han sido los propios militares —en especial el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López— los responsables de delimitar los parámetros para la ejecución presupuestaria de toda la Misión Abastecimiento, conformada por más de 15 organismos.

El cuadro de poder es totalizante. Entre 2013 y 2017 se han constituido 14 compañías militares en áreas claves, con lo cual el poderío económico de la FANB asciende a un total de 20 industrias. Una empresa estratégica dentro de ese abanico es la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) con la cual los militares echaron mano al sector petrolero en 2016. Además cuenta con el Emiltra, una sociedad de transporte multimodal creada en 2013 para transportar los alimentos distribuidos por el Estado a través de sus diferentes programas sociales.

El conglomerado militar va desde la fabricación de municiones hasta el embotellamiento de agua, uniformes y cauchos. En 2017 el Ejecutivo destinó más de 1 billón de bolívares a 16 de las 20 compañías de la FANB, lo cual esboza el peso de esas empresas para el Estado.

El sector militar ostenta también un puesto estratégico en el área agroindustrial y de alimentos. Se trata de una función delegada a través de la Empresa Agropecuaria de la FANB (Agrofanb) una entidad con amplia participación en la cadena de producción y distribución, que en 2017 manejó 1,2 millardos de bolívares. Según el plan de siembra notificado por el Ejecutivo en junio de ese año, Agrofanb y la Corporación de Desarrollo Agrícola debían cultivar 720.000 hectáreas de arroz, maíz, café y sorgo, un plan ambicioso en torno al cual el Gobierno solo ha logrado cosechar la escasez de alimentos.

Hoy la institución tiene su propio centro de poder y se extiende por todas las ramas del sector público, con especial incidencia en las decisiones políticas del Ejecutivo, precisa Transparencia Venezuela en su informe “La Fuerza Armada tiene luz propia en la corrupción”. A juicio de la organización, el panorama profundiza las tensiones políticas e incertidumbres jurídicas en el país.

A todo el poderío de la FANB se suma también el papel decisivo que tiene la institución sobre el control de la distribución de alimentos y otros productos de consumo básico a través del Comando para el Abastecimiento Soberano, que data de septiembre de 2016. Y que en la práctica no es más que un señorío legitimado en la Gaceta oficial N.° 41.266 para supervisar la fabricación de los artículos básicos y coordinar los mercados municipales. El instrumento legal, de fecha 27 de octubre de 2017, incrementa de 18 a 27 el número de artículos controlados por altos funcionarios de la FANB, entre ellos harina de maíz, pollo, aceite, caraotas y lácteos, por mencionar algunos.

 

Entre los militares con mayor protagonismo en el ámbito económico destacan el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que encabeza la Misión Abastecimiento, así como el general Rodolfo Marco Torres, que ha sido ministro de la Banca Pública y ministro de Finanzas así como presidente del Banco de Venezuela. Fue miembro del directorio del Banco Central de Venezuela y es director externo de Pdvsa. 

Además de Marco Torres, están Giuseppe Yoffreda, quien presidente la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), instancia que controla gran parte de las adquisiciones de bienes en el exterior; y Luis Medina, actual titular de la cartera de Alimentación.

El dominio se extiende a otras áreas estratégicas. En el Ministerio de Energía Eléctrica está Luis Motta Domínguez y en el Ministerio de Transporte, Carlos Osorio. En Pdvsa se encuentra Manuel Quevedo. Y la CVG tiene como cabeza a Justo Noguera, también gobernador de Bolívar. 

El rebusque es en La Bandera

Entre el equipaje desperdigado en la terminal de Caracas se abre una ruta inusitada de acceso a los alimentos. El amasijo de viajeros, que desborda el recinto, sirve de telón a sargentos y tropas alistadas que comercializan alimentos subsidiados por el Estado a través de las bolsas Clap, para completar un pasaje de autobús o resolver sus gastos.

Para quienes intentan cruzar el país desde Caracas sin vehículo propio y con los recursos disminuidos, La Bandera, el terminal de pasajeros más convulso de la ciudad, es un lugar de paso obligado. Circundado por el desafuero comercial, el embarcadero es también un mercado abierto donde los militares de bajo rango construyen su propio nicho con la reventa de bienes y artículos de consumo doméstico.

Entre bolsos y maletas desperdigadas en los corredores, donde reposan los viajeros que están por embarcarse, se abre una ruta inusitada de acceso a los alimentos que congrega a civiles y militares que reciben, cada cierto tiempo, insumos subsidiados por el Estado: cajas Clap. Allí la bota impone los precios del azúcar, el arroz, la harina de maíz y los granos, alimentos que se comercializan al menudeo y que tienen alta demanda en un momento en el que la población reclama insumos para su mesa.

Sigilosas, las ventas de los funcionarios transcurren a la carrera, entre susurros, antes de abordar los autobuses que los llevan hasta sus destinos, relatan quienes trabajan en el interior de la terminal. Ignacio Mijares, un comerciante informal que acude con su mujer para comercializar “tetas” de leche y de azúcar, confiesa que transa con los sargentos y oficiales conscriptos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y, ocasionalmente del Ejército, que salen de permiso cada 15 días o mensualmente.

“Ellos venden discretamente, casi siempre están de civil para no levantar sospecha y evitar que les llamen la atención. Tienen necesidades como cualquiera de nosotros y se rebuscan en la calle para conseguir efectivo y llevar algo de dinero a sus casas”, cuenta Ignacio, quien también se gana la vida como mototaxista.

Los precios de los productos, coinciden quienes dicen ser sus compradores, son iguales a los de la redoma de Petare, Catia y Quinta Crespo. En La Bandera, donde sobran los bachaqueros de oficio, un kilo de arroz ronda los 300.000 bolívares y hay espacio para las transferencias bancarias.

El amasijo de viajeros sirve de telón a los militares que ofrecen sus productos al final de la tarde, en los días que se marchan a sus casas. Son en su mayoría sargentos, tropas profesionales, con hijos y mujeres, cuyos ingresos anémicos solo alcanzan para lo básico. Se reconocen porque andan con los típicos de los militares: verde oliva y de mochileros,

En ese lugar, el trueque de bienes de primera necesidad también gana adeptos militares, pero pocos se atreven a hablar. Ninguno de los oficiales consultados en el sitio da crédito a la situación. Pero en La Bandera todo aquello es un secreto a voces que habla sobre lo mal que está el personal castrense. El mercado de rebusque es ancho para los miembros de la GNB y tiene arraigo en la crisis: el bachaqueo, la reventa de productos y el cobro de vacunas a propietarios de automercados y licorerías. En la frontera con Colombia tiene otros matices como el contrabando de medicinas, gasolina y de billetes, según denuncia el experto militar Hernán Castillo.

Oficiales buscados en periódicos

 

A propósito de las faltas graves en las que han incurrido funcionarios de la GNB, solo en septiembre del 2017, la Fiscalía General Militar ha solicitado la apertura de averiguación penal militar a 450 tropas profesionales, de las cuales 200 corresponden al comando de la Zona Guardia Nacional Bolivariana 44 (Miranda) y 250 al Comando de Zona N.° 43 (De-Sur), según declaró en ese entonces el general de brigada, Edgar José Rojas Borges.

Los anuncios de investigaciones a militares sobran en la prensa nacional. En especial los pautados por el Comando de zona N.° 43 en Distrito Capital. Ejemplo de ello es el aviso de investigación publicado la segunda quincena de marzo por el Destacamento N.° 434. En el cartel se solicita la comparecencia a los sargentos de segunda Ángel Camargo, Yoselis Berbesi, Marcos Hernández, Alfredo Quero, Anthony Peroza y a los sargentos de primera Carlos Urrieta, Junior Moros y Luis Barrozo por excederse en sus vacaciones y lapsos de permiso, sin justificación.

“Lo que vivimos es una crisis generalizada donde nadie se salva de esta situación económica. Hasta los soldaditos se rebuscan”, suelta el encargado de una lunchería en el área de boleterías de la terminal. Roberto Barrios, un comerciante informal que también ha hecho de La Bandera su lugar de trabajo, se esmera por aportar más detalles sobre las ventas de los militares en ese lugar: “Casi nunca están solos, vienen en parejas o en grupos y se sientan en las área comunes para ofrecer parte de lo que reciben”.

En el sector no falta quien remata los artículos para obtener efectivo, como ocurrió en un autobús que cubre la ruta La Bandera-Nueva Granada-Fuerzas Armadas, cuando una mujer de tropa alistada se esmeró por vocear su oferta en medio de los viajeros que atiborraban el pasillo: desodorante, hojillas de afeitar, jabón de baño y toallas sanitarias. La oficial pretendía reunir el dinero para visitar a su familia en Ciudad Bolívar.

 

Especiales Crónica Uno

Créditos

Coordinación editorial y concepto:
Celina Carquez

Textos:
Julio Materano

Colaboradora:
Mayela Armas

Fotos y videos:
Francisco Bruzco, AVN

Infografías:
Milfri Pérez

Edición de textos:
Natasha Rangel

Visualización y Desarrollo:
Betzy Barragán