El Plan de la Patria indica que debe implementarse el modelo de gestión socialista en las unidades productivas. En las empresas de alimentos del Estado la producción se ha desplomado.
Caracas. El Gobierno creó mediante decreto un régimen transitorio para los trabajadores con el fin de aumentar la producción de alimentos y controlar el destino de los empleados privados; pero la medida va más allá y está en línea con el estado comunal.
La semana pasada, el Ministerio del Trabajo publicó una resolución en la que permite al Estado solicitar trabajadores, tanto públicos como privados, para reactivar las plantas por un lapso de 60 días prorrogables. Eso significa que, por ejemplo, el empleado de empresa privada procesadora de arroz puede ir a una pública.
Esta norma se enmarca en las leyes del poder popular que contemplan el estado comunal y el sistema de economía comunal. De hecho, la resolución en uno de sus considerandos indica que “es deber del Estado promover y proteger el aparato productivo agroalimentario con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa del poder popular”, y agrega que la solicitud correspondió al Ministerio de las Comunas.
El Plan de la Patria, que es la guía del Gobierno desde 2013, señala que se tiene que implementar el modelo de gestión socialista en las unidades productivas, y en la Ley del Sistema de Economía Comunal se detalla que el esquema productivo socialista está orientado hacia la eliminación de la división social del trabajo (especialización).
Abogados laborales consultados comentan que en el régimen del sistema comunal las relaciones laborales son diferentes.
Según la disposición del Ministerio del Trabajo, la industria que absorberá a los trabajadores temporales estará obligada a pagar el salario y bono de alimentación. Mientras que la empresa que prestará a los empleados deberá continuar con las obligaciones de cotizaciones del Seguro Social y computar la antigüedad de la prestaciones sociales. Sin embargo, no todas las condiciones laborales están claras y más porque muchos empleados tienen contratos colectivos.
Luego de una semana de publicada la resolución, el Gobierno le realizará ajustes, indicó el diputado Francisco Torrealba, quien en un programa del canal Globovisión apuntó que se aclarará que el régimen es de carácter voluntario: “En la Gaceta faltó precisión. Nadie será forzado”, y hasta apuntó que “la iniciativa fue de un sindicato de una empresa privada”.
Saldo de las empresas estatales
La normativa del Ministerio del Trabajo destaca que el régimen transitorio para los empleados públicos y privados fue una petición del Ministerio de las Comunas, que solicitó “la prestación de un grupo de trabajadores” para que fueran incorporados a diversas plantas procesadores de maíz.
Esa exigencia reafirma que las empresas públicas tienen un pobre desempeño. El Estado tiene un conglomerado de 293 industrias y los datos oficiales disponibles señalan que en varias plantas la producción está en picada, lo que explica en parte la ausencia de rubros básicos en los comercios, incluyendo las redes estatales.
La información de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Alimentación detalla que en 2015 las 11 plantas estatales de harina precocida de maíz procesaron 21.164 toneladas, 3 % menos que en 2014.
En otras instalaciones las operaciones fueron más críticas y en las plantas de arroz se produjeron 8.662 toneladas, de manera que la caída fue de 35 %. En las empresas de pastas la producción descendió 24 % y apenas generaron 235 toneladas en un año.
La emblemática Lácteos Los Andes, que produce leche, jugos y yogurt, en 2012 llegó a tener un pico de fabricación de 327.047 toneladas de productos, al cierre del 2015 procesó 260.450 toneladas, 23 % menos.
En Industrias Diana, que procesa aceite y otros rubros, en 2013 se generó un máximo de 191.000 toneladas, mientras que en 2015 terminó elaborando 115.422 toneladas con lo cual hubo una reducción de 29 %.
Foto: AVN
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