Provea encuentra un patrón entre los acusados por parte del Estado del supuesto ciberataque. Para esta organización, el Gobierno solo busca presentar evidencias que respalden su teoría de sabotaje eléctrico, que dejó al país cinco días sin luz. Una tesis que ha sido desmentida por numerosos expertos.
Caracas. A Geovanny Zambrano, de 54 años, Corpoelec/Edelca Guayana lo obligó a aceptar una jubilación forzada a mediados de febrero de este año. Más de 25 años tenía este venezolano trabajando en esta empresa, por lo que se vio motivado a denunciar el pasado 18 de febrero las desmejoras en sus condiciones laborales, así como la fallas en la infraestructura del sistema eléctrico en el país. La corporación no soporto tales denuncias y le ofrecieron un “despido indirecto”, como dice Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea.
A Zambrano lo detuvieron efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado lunes 11 de marzo en Puerto Ordaz, en plena vía pública. Estuvo desaparecido casi 11 horas. Lo liberaron la madrugada del martes. No obstante, fue poco el tiempo que estuvo libre. A las 4:00 p. m. del mismo día fue nuevamente apresado en el sector Altavista de Puerto Ordaz sin ningún tipo de orden judicial.
De acuerdo con Uzcátegui, el Gobierno intenta presentar una “evidencia concreta” para respaldar su teoría del “sabotaje eléctrico” que dejó al país, al menos, cinco días sin luz, considerando que hay varios estados en los que no se ha restablecido el sistema. Una tesis que ha sido desmentida por expertos que apuntan que la falla se generó por un incendio de vegetación que afectó las tres líneas de 765 kilovoltios entre Guri y las subestaciones Malena y San Gerónimo B.
Provea encuentra un patrón entre los acusados por parte del Estado del supuesto ciberataque. Luis Carlos Díaz, periodista y experto en tecnología, también fue detenido arbitrariamente en Caracas la tarde del lunes 11 de marzo. Aunque fue liberado la noche del martes, fueron varias las irregularidades durante su detención. Tanto él como su esposa fueron maltratados y amenazados. Además, a pesar de que a su casa los efectivos del Sebin fueron con orden de allanamiento para retirar cualquier tipo de aparato electrónico, le robaron, entre otras cosas, dólares en efectivo. Luis Carlos también estuvo desaparecido por nueve horas hasta que su pareja pudo verlo cuando los funcionarios lo llevaron, con esposas en manos, hasta su casa para el proceso de allanamiento. Con Zambrano, fue igual. El empleado público fue llevado esposado hasta su hogar en horas de la noche del 12 de marzo pero, en su caso, no había orden de allanamiento, aseveró Uzcátegui.
“Se llevaron todo tipo de documento”, comentó Uzcátegui. Igualmente, asevera que aunque la situación represiva por parte del Estado se agudiza durante el apagón general, subraya que esta persecución a los empleados públicos tiene antecedentes. Provea está sistematizando la cifra total de trabajadores detenidos, pero Uzcátegui subrayó que son numerosos los casos que han registrado sobre personas que han sido privadas de libertad por contradecir las políticas del Gobierno en sus distintas empresas. De hecho, recordó el caso del secretario general del sindicato de Corpoelec, Eloy Palacios, quien fue encarcelado hace un año.
“Mi esposo no se inmiscuía en temas políticos y, de hecho, nunca perteneció al sindicato. Queremos que se aclare su caso”, dijo la esposa de Geovanny Zambrano, Mileidy de Zambrano.
Hasta la tarde de este 13 de marzo ni los abogados o familiares del trabajador conocen el sitio de reclusión en el que se encuentra.
La persecución por motivos sociales y/o políticos, la desaparición forzada de personas y el encarcelamiento —de forma masiva y sistemática—, podría configurarse dentro de los supuestos de crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma”, establece Provea.
De acuerdo con Amnistía Internacional, las desapariciones forzadas las cometen agentes del Estado o personas que actúan en su nombre y se niegan a reconocerlo. Además, definen que ocurre cuando ocultan la suerte y el paradero de la víctima, dejándola fuera del alcance de la protección de la ley.
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