El máximo Tribunal del país se prepara para blindar con una nueva sentencia a los 13 magistrados que fueron nombrados por el anterior Parlamento en diciembre.
Juan Francisco Alonso
Caracas. La Asamblea Nacional vuelve a estar en la mira del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que se alista para darle un nuevo golpe al Parlamento mediante una sentencia.
El nuevo golpe iría en la dirección de blindar a los actuales miembros del máximo juzgado, cerrando las puertas a cualquier posible anulación de las polémicas 13 designaciones hechas en diciembre por el anterior Legislativo controlado por el chavismo; y para limitar el control político que los diputados ejercen sobre el Gobierno y los demás poderes. Al menos eso es lo que se desprende del recurso de interpretación que los hermanos y abogados Gabriela Flores Ynserny, Daniel Augusto Flores Ynserny y Andrea Carolina Flores Ynserny interpusieron el pasado 23 de febrero ante la Sala Constitucional.
La acción persigue que la Sala analice los artículos 136, 222, 223 y 265 de la Carta Magna. Las primeras dos normas cuya interpretación se pidió establecen que el Poder Público Nacional se divide en cinco ramas y que ellas están obligadas a cooperar entre sí, que la AN puede “realizar las investigaciones que juzgue convenientes” y que en el marco de ellas puede citar a cualquier funcionario público para requerirles información y que ellos “están obligados (…) a comparecer” y sino se les aplicarían sanciones.
La tercera, por su parte, señala que los jueces están obligados a tomar en consideración “las pruebas” que reciban del Legislativo y la cuarta y última estipula que los magistrados puede ser removidos con el voto de las 2/3 partes de los diputados, siempre y cuando la Fiscal, el Contralor y el Defensor haya calificado que incurrieron en “faltas graves”.
El magistrado Arcadio Delgado Rosales será el encargado de responder la interpretación, según los registros digitales del TSJ.
En la AN esta noticia no sorprendió y desde allí recordaron que el pasado 16 de febrero, durante la primera discusión del proyecto de Ley de Amnistía, el presidente del organismo, Henry Ramos Allup, ya anunció que algo así ocurriría.
“No les quede la menor duda de que (en el TSJ) están preparando varias atrocidades para hacer nugatorias y para declarar nulas e inconstitucionales cualquier decisión que aquí se tome”, dijo en esa ocasión el legislador adeco.
De producirse un fallo que restrinja las competencias de la AN, sería el cuarto que el máximo juzgado dicta tras la suspensión de los cuatro legisladores de Amazonas, la declaratoria de desacato por no cumplir ese dictamen y la resurrección del decreto presidencial de emergencia económica.
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