El TSJ afirma que magistrado Zerpa huyó para no ser procesado “por actos lascivos”

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El magistrado Christian Zerpa, miembro de la Sala Electoral, aseguró desde EEUU que decidió desertar para no legitimar a Nicolás Maduro, quien esta semana será juramentado como Presidente de la República, por segunda vez, por la Sala Constitucional.

Caracas. 2019 comenzó movido en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pues apenas horas después de que el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, asegurara que el presidente Nicolás Maduro tomaría posesión de su cargo para un nuevo sexenio ante la Sala Constitucional del máximo juzgado, uno de los miembros del organismo rector del Poder Judicial anunció, en una entrevista en televisión en Miami, que había huido a Estados Unidos para no “legitimar” al mandatario.

El magistrado Christian Zerpa, quien desde diciembre de 2015 integra la Sala Electoral, desde donde había participado en todos los fallos que le arrebataron a la Asamblea Nacional los diputados de Amazonas y sentaron las bases para que el TSJ neutralizara al Parlamento, aseguró que no se rebeló antes por miedo y dijo estar arrepentido.

Con mi actitud lo que quiero es aportar un grano de arena para que reflexione el grupo que lleva las riendas del poder y entienda que hay muchas personas descontentas”, dijo.

Desde el TSJ, por su parte, aseguraron que la decisión de Zerpa se debe al miedo a ser procesado por presuntamente incurrir en “acoso sexual, actos lascivos y violencia psicológica”. Así lo afirmó el presidente del organismo, magistrado Maikel Moreno, en un comunicado de prensa, en el cual se apunta que el funcionario se habría propasado con mujeres que laboraban en su despacho y que algunas de ellas habrían renunciado y otras habrían tenido que ser reubicadas.

Moreno, en el boletín, agregó que ante “los señalamientos por la conducta inmoral del exmagistrado Zerpa, y ante los argumentos y pruebas señalados por sus víctimas”, la directiva del máximo juzgado pidió el 23 de noviembre pasado al Consejo Moral Republicano iniciar el proceso para destituir al funcionario.

No obstante, el TSJ jamás informó de esa actuación públicamente ni tampoco lo hizo la instancia integrada por el fiscal general, el contralor y el defensor del Pueblo designados por la Constituyente, Tarek William Saab, Elvis Amoroso y Alfredo Ruiz, respectivamente. Es más, desde organismo aseguraron que no hay nada allí contra Zerpa y que “estamos de vacaciones colectivas”.

Para el pavo sí, para la pava no

Otro elemento que llama la atención es que el TSJ no hubiera tomado cartas en el asunto a la primera denuncia contra Zerpa, visto que la violencia contra la mujer es oficialmente una de sus prioridades.

El artículo 62 de la Ley del máximo juzgado establece, por ejemplo, que son causales para remover a un magistrado cuando: “Sus actos públicos atenten contra la respetabilidad del Poder Judicial y de los órganos que represente”, cuando cometa “hechos graves que, constitutivos o no de delito, pongan en peligro su credibilidad e imparcialidad y comprometan la dignidad del cargo”, cuando incurra “en abuso o exceso de autoridad”.

También llama la atención que a Zerpa el organismo no le haya aplicado la jurisprudencia con la que la Sala Constitucional avaló la remoción del diputado disidente Germán Ferrer o, más recientemente, del diputado Juan Requesens, visto que, según el propio relato del TSJ, el funcionario incurrió de manera “continuada y permanente” en delito, lo cual permitiría, por ejemplo, detenerlo en el acto, de acuerdo con sus últimos dictámenes.

El magistrado, que se encuentra en EEUU, participó en los fallos que desde diciembre de 2015 han servido para bloquear el accionar de la AN y, por ello, el año pasado fue sancionado, junto a los demás miembros de la Sala Electoral, por el gobierno de Canadá, por atentar contra la democracia y los derechos humanos.

Su designación por parte del anterior Legislativo controlado por el chavismo en vísperas de que se constituyera el actual generó polémica. ¿La razón? Zerpa había sido diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en los comicios parlamentarios de ese año, en los cuales perdió, y acto seguido apareció en la lista de candidatos a magistrado, pese a no contar con los requisitos, según la revisión que hizo en su oportunidad el Consejo Moral.

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