El TSJ meterá el ojo a la legalidad de las mesas de cambio creadas por el Banco Central

BCV enfrenta problemas para “ejecutar” la última subasta de Dicom

El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa admitió a trámite una demanda que los representantes del Banco Venezolano de Crédito interpusieron hace menos de 10 días contra la resolución del instituto emisor que flexiblizó el control de divisas.

Caracas. La última reforma que sufrió el control de cambio vigente en el país desde 2003 y que estableció las llamadas mesas de cambio será revisada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa, en su auto número 149 del pasado 20 de junio, admitió a trámite la demanda de nulidad que los representantes del Banco Venezolano de Crédito (BVC) interpusieron contra las resoluciones número 19-01-04 y 19-05-03 que el Banco Central de Venezuela (BCV) emitió en enero y mayo pasado y mediante las que se autorizó a los bancos privados a realizar “operaciones de venta de moneda extranjera (…) mediante el débito de la cuenta única que mantengan las respectivas instituciones bancarias en el BCV por la cantidad en Bolívares equivalente a la operación cambiaria ejecutada”.

En el dictamen, la instancia verificó que el recurso cumplía con los requisitos de ley para ser tramitado y por ello decidió citar al fiscal general elegido por la Constituyente, Tarek William Saab; al presidente del BCV, Calixto Ortega, así como también al procurador encargado, Reinaldo Muñoz; para que den sus opiniones respecto a la solicitud de la institución financiera privada.

De la misma manera se le solicitó al ministro de Finanzas, Simón Alejandro Zerpa, que ofrezca sus puntos de vista, por ser “el órgano del Ejecutivo Nacional al que corresponde convenir con el BCV, los términos en que serán regulados la negociación y el comercio de divisas en el país, las transferencias o traslados de fondos tanto en moneda nacional como en divisas, del país hacia el exterior o desde el exterior hacia el país, así como los convenios internacionales de pago”.

Y, por último, el máximo juzgado abrió las puertas para que economistas, académicos u organizaciones de usuarios puedan dar su opinión.

Respecto a la solicitud de los abogados del BVC para que el TSJ suspendiera temporalmente los efectos de las resoluciones y con ello la actividad de las mesas de cambio, el Juzgado decidió tramitar esta petición aparte y remitírselo a la Sala Político Administrativa para que lo decida.

Eludiendo las sanciones

Economistas advirtieron en su momento que la decisión del instituto emisor no implicaba una supresión del control de cambio impuesto en 2003 por el fallecido Hugo Chávez, sino una flexibilización y que la misma buscaba esquivar las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a la administración de Nicolás Maduro.

“Esto nace por las sanciones al BCV que prácticamente limitaron a los bancos corresponsales dentro del Dicom, estos decidieron no operar más en el Dicom, en este sentido, ya no se podía realizar la subasta porque no había participación del sector privado”, explicó en su momento el analista financiero Henkel García a Crónica.Uno.

Consultado sobre la posibilidad, aunque remota, de que las mesas de cambio sean eliminadas, el experto dejó en claro que complicaría aún más la situación económica. “Las mesas de cambio pudieran funcionar como un mercado cambiario, pero el tema de las sanciones pesa. Un escenario distinto sería si los bancos corresponsales pudieran operar, si eso llegase a ocurrir creo que se podrían comprar dólares desde el portal web de un banco”.

García reconoció que esta iniciativa ha servido para que algunas empresas puedan realizar operaciones cambiarias para mantenerse, pese a que admitió que hasta ahora son pocas las afortunadas. “Es un mercado para poco actores, para actores privilegiados porque tienen el visto bueno de los bancos corresponsales o porque no tienen problemas”.

Expertos atribuyen al control de cambio buena parte de la culpa de la actual crisis económica que confronta el país, en especial en materia de abastecimiento y de hiperinflación. La supresión del mismo es una de las primeras medidas que figuran en la mayoría de las recetas para salir de la actual coyuntura.


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