Por los momentos, la única medida concreta en favor de la actividad económica en el Zulia fue exonerar del pago de impuestos a los comerciantes afectados por saqueos en el centro comercial Sambil.
Caracas. Ya son dos las semanas desde que el país padeció el colapso eléctrico más importante de su historia y aún no se normaliza el suministro. Sectores productivos del país rechazan que sean ellos quienes carguen las consecuencias de la mala administración pública: fueron objeto de saqueos, perdieron inventario por descomposición y el blackout del Internet fueron problemas impuestos. El comercio no levantó vuelo por más de 15 días y el Gobierno nacional no expresa la intención de ejecutar planes que apalanquen la actividad económica.
Antes del apagón, las actividades escolares y económicas fueron interrumpidas entre el 28 de febrero y el 4 de marzo por la extensión del asueto de Carnaval. Tres días después, un apagón energético de casi siete días –que aún no se resuelve en todo el país– entorpeció el acceso al agua, alimentos, telecomunicaciones y combustible. Pese a que casi no existe información oficial, la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional calculó que durante el 8 y el 11 de marzo se produjeron pérdidas de 1000 millones de dólares, sin incluir los daños por saqueo.
“Nosotros pagamos las consecuencias de un problema que atañe a quienes ejercen el monopolio de los servicios básicos”, señaló a Crónica.Uno Fernando Cepeda, tesorero de Fedecámaras, al advertir que los saqueos también son producto del descontento ciudadano. La cúpula empresarial rechaza que quienes detentan las competencias del poder público en Venezuela “aún no hayan presentado al país un plan de seguridad que garantice el normal desenvolvimiento de las actividades productivas”, ni antes, ni durante, ni después del colapso eléctrico.
“Esto ocasionará atraso, desinversión, menos tributos, desolación, escasez”, se denunciaba desde Fedecámaras Zulia, al exigir “la indemnización económica de los afectados por pérdidas millonarias. El Estado debió proteger la propiedad privada y los derechos económicos (…) como lo establece la constitución”.
No tenemos información sobre préstamos de intereses blandos para resarcir los daños al inventario, equipos de refrigeración, electrónica y seguridad que fueron saqueados o destruidos”, señaló Cepeda.
Hasta es inexistente la información acerca de la articulación del Estado para asumir las consecuencias del megapagón o la responsabilidad sobre este. Al contrario, gobernadores y ministros de Nicolás Maduro acusan al Gobierno de Estados Unidos de sabotear la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar.
Por los momentos, informó el gerente general del Sambil Maracaibo, Juan Carlos Koch, la única medida que se ha concretado en el Zulia es la exoneración del pago de impuestos municipales por parte de la Alcaldía de Maracaibo para los afectados del Sambil.
Levantarse después del saqueo
Recuperar el capital perdido por la ola de saqueos no será fácil. Según Fedecámaras Zulia, se contabilizan más de 500 comercios saqueados en ese estado durante la primera semana del megapagón. Aunque esta es la zona más afectada del país, también ocurrieron saqueos en Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito Capital, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa y Sucre, informó Conindustria.
Así, al menos 60 % de las panaderías, hoteles, abastos, centros comerciales y productoras de alimentos —entre las que figuran Maralac, Plumrose, Monaca, Pepsi-Cola Venezuela, Cervecería Polar, Upaca y Alimentos Polar— quedaron en pérdida total de inventario o mobiliario. Esto se traduce en desaparición de materiales, reducción de la producción y desabastecimiento local y regional.
Fedecámaras Zulia indicó que las expectativas de invertir se derrumbaron. Quienes han puesto su denuncia en los entes de seguridad del Estado, no confían en que se haga justicia.
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