Los saldos negativos de Pdvsa y Corpoelec fueron 775 millardos y 149 millardos de bolívares, según Transparencia Venezuela.

Caracas. La decisión del Estado de tener más peso en la economía ha tenido impactos debido a que las empresas públicas muestran un pobre desempeño y pérdidas.

Según una investigación de Transparencia Venezuela, desde 2001 hasta 2017, el Estado pasó de ser propietario de 74 empresas públicas a 526, cuatro veces más que las que tiene Brasil (130) y 10 veces más que las que posee Argentina (52), consolidando una estructura que ha servido para el manejo discrecional y poco transparente de enormes sumas de dinero, en perjuicio de la nación y sus ciudadanos.

La consolidación de las Empresas Propiedad del Estado (EPE) fue precedida por los límites al derecho a la propiedad y libre empresa, la instauración del control de cambio y de precios, así como modificaciones a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Todo ello sentó las bases para que se desatara la hegemonía del Gobierno en todos los sectores, a partir de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones, reestatizaciones, renegociación de asociaciones estratégicas en el sector petrolero o de creación de empresas.

Un informe de la organización que se concentró en ocho empresas en los sectores petróleo, manufactura, agroalimentario, financiero y eléctrico, revela que las empresas estatales arrojaron en 2016 pérdidas por 1,29 billones de bolívares, cifra que superó el presupuesto de la nación en materia de salud, educación, vivienda y seguridad social. Los casos más emblemáticos son los de Pdvsa, con saldos negativos estimados en 775 millardos de bolívares y Corpoelec, con 149 millardos de bolívares.

De las 526 empresas públicas hasta ahora identificadas, 74 % fueron adquiridas o creadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, destaca el comunicado.

La investigación muestra que hay empresas en todos los sectores, no solo en los que son considerados estratégicos como energía, transporte, telecomunicaciones y agua.

Las industrias están distribuidas de la siguiente manera: 25 % son de manufactura; 13 % de los sectores agroalimentario, ganadería y pesca; 12 % petroleras; 7 % son instituciones financieras; 7 % de servicios; 6,5 % de transporte; 5 % de construcción; 5 % de comunicación; 4 % de minería y el resto de electricidad, agua, hoteles y hasta una empresa aeroespacial.

De las 526 empresas, 114 son filiales de Pdvsa, aunque 42 de ellas no son petroleras. En un primer momento, la estatal petrolera actuó como la gran financista de la expansión del Estado empresario.

La investigación confirmó opacidad en la información pública de las EPE. “Solo se conoce el nombre del presidente o máxima autoridad de 24 % de ellas; la estructura accionaria de 21 % y la composición y miembros de las Juntas Directivas de solo 6 % de las 526 empresas, por ejemplo”.

El dominio estatal a través de las EPE en sectores como el de alimentos, cemento, banca y gestión de importaciones, ha sido utilizado para la creación de mafias de distribución en mercados paralelos, incluso el contrabando; mientras que ha afectado severamente la productividad del empresariado privado y limitado las opciones de compra de los ciudadanos en general.

También a través de las EPE se ha aprovechado el acceso a divisas subsidiadas bajo monopolio del Gobierno.

El poder clientelar

El estudio determinó que en el año 2006 hubo un giro importante en la gestión de las empresas “encauzada al logro de intereses políticos electorales y de control social”.

De acuerdo con los datos, las EPE emplearon al menos a 440.717 personas, “lo que representa 5,6 % de la población ocupada formalmente, según el último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística en 2016”. Las empresas que reunían la mayor cantidad de trabajadores son Pdvsa y sus filiales petroleras y no petroleras, seguidas de las del sector manufactura y las de electricidad.

También se evidenció la “distribución opaca y sesgada de sus productos hacia aliados o exigiendo lealtad, por ejemplo, de vehículos (Chery); electrodomésticos (Haier) y alimentos”. A lo que se suma el uso de recursos para campañas electorales “y la adopción de acuerdos de cooperación internacionales en condiciones desventajosas para el patrimonio de la Nación, pero favorables a los intereses del partido en este escenario”.

En 2016, 256 empresas administraron 6,04 billones de bolívares, de acuerdo con el presupuesto nacional más los créditos adicionales. Para 2017, el presupuesto original de las empresas aumentó 246 % en términos nominales, alcanzando la cifra de 19,7 billones de bolívares sin considerar el presupuesto de Pdvsa, que no está incluido por cuanto no ha sido publicado.

“Todas las empresas han requerido auxilios financieros para funcionar, incluso Pdvsa, la gran financista de la expansión del Estado empresario ha sido seriamente endeudada, lo que es coincidente con sus datos presupuestarios publicados en octubre de 2016, que estiman pérdidas de  775,4 millardos de bolívares”, señala.

En 2016, los sectores que manejaron mayor cantidad de recursos son “las instituciones financieras (42 %) y empresas del sector manufacturero (11 %), actividades en las que no está justificada la actuación del Estado.”

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De color verde oliva

La investigación demostró que las EPE son usadas para favorecer a determinados grupos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que ha desvirtuado su compromiso constitucional “para dirigirlo hacia la autoridad y el partido político de turno, que no ha representado los intereses superiores de la Nación”.

“En la muestra de 127 empresas de las que se conocen sus máximas autoridades, 30 % tienen algún militar activo o jubilado en la junta directiva. Se trata de empresas importantes de los sectores agroalimentario, financiero, energía y las empresas básicas, empresas en las que se administran los mayores recursos”.

Foto: Archivo



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