El Tribunal Supremo de Justicia, por su parte, gastará en su sede más del doble de lo que destinará al mantenimiento y mejoras de todos los juzgados del país.

Caracas. Identificar a los policías y militares responsables de violar Derechos Humanos y sentarlos en el banquillo de los acusados será una de las prioridades del Ministerio Público (MP) en 2017. Al menos esto es lo que se desprende del presupuesto del organismo para este año, en el cual se anuncia que invertirá casi 85 millones de bolívares en “actuaciones asociadas a investigaciones contra la vulneración de los derechos fundamentales”.

Aunque la suma parece poca, si se la compara con los 26,9 millardos que el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz manejará en total a lo largo de este período, lo cierto es que resulta superior a los 69,2 millones que tiene previstos para “actuaciones asociadas a la práctica de peritajes sobre investigaciones penales”; y además es una de las partidas que figura explícitamente en el decreto-ley de ingresos y gastos del Estado que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le aprobó al Gobierno en diciembre pasado.

Sin embargo, desde el MP aclaran que estas cifras son simplemente para financiar gastos de las experticias y pruebas necesarias para sustentar las averiguaciones, tales como viáticos o traslados; y que el monto definitivo es mayor.

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Y no puede ser distinto, pues a lo largo del año pasado la Fiscal General expresó en varias ocasiones su preocupación por la cantidad de denuncias de violaciones a los DDHH que recibió, en particular contra funcionarios que participaban en la Operación Liberación del Pueblo (OLP); y por ello le pidió en varias ocasiones al Gobierno que la revisara.

“Si bien es cierto que es necesario realizar actividades para combatir la criminalidad, estas no pueden desarrollarse de manera compulsiva, de manera violenta contra toda una población y sobre todo contra los más vulnerables, contra los más indefensos, porque estaríamos en una situación muy grave como sería criminalizar a los más pobres y además eso propicia más la violencia. Estas operaciones ejecutadas en esta forma no ayudan a la paz, no contribuyen ni fortalecen la tolerancia, por el contrario, exacerban la violencia”, declaró en noviembre luego de que se conociera de la desaparición y ajusticiamiento de 12 campesinos a manos de efectivos del Ejército en Barlovento.

Hasta octubre, el despacho dirigido por Ortega Díaz investigaba a 926 policías y militares por ajusticiar a 476 personas solo en el marco de la OLP.

El presupuesto asignado al Ministerio Público para 2017 es 270 % superior al originalmente previsto en el gasto de 2016, el cual fue de 7,2 millardos de bolívares.

Casi 77 % de los fondos asignados al organismo, más de 20 millones, serán para cubrir las demandas de personal; es decir, los sueldos y demás compromisos laborales de los fiscales, abogados, expertos, peritos y el resto de los funcionarios de la instancia encargada de investigar los crímenes que se producen en el país.

Más para su sede que para todos los tribunales

Sin embargo, un organismo que sí vio crecer su presupuesto, casi al nivel de la inflación anunciada por las fuentes extraoficiales del Banco Central de Venezuela (BCV), fue el TSJ, el cual recibirá este año casi 105 millardos de bolívares, lo cual representa un incremento de 466 % en comparación con los 18,4 millardos que figuraban en la ley de 2016.

Como en el caso del MP, buena parte de los fondos (61 %) serán empleados para gastos de personal. Con todo, el máximo juzgado tiene previsto realizar inversiones mil millonarias en modernización de los tribunales y adecuación de las sedes de los juzgados.

Así, en el presupuesto figura que invertirá 1,2 millardos de bolívares en tecnología para, entre otras cosas, “ampliar la infraestructura de videoconferencias que interconectarán las distintas jurisdicciones”; para la “expansión del sistema [de gestión judicial] Independencia y de la Agenda Única al 100 % de los tribunales”, así como para la mejoras del centro de datos y la sustitución de las líneas telefónica analógicas.

Además, el TSJ destinará 1,8 millardos para el “mantenimiento, ampliación y adecuación de las sedes judiciales para garantizar las condiciones óptimas en la prestación del servicio de justicia” y otros 1,5 millardos para la “optimización de las condiciones en las sedes judiciales para elevar los niveles de eficacia en el acceso a la justicia”.

No obstante, estos montos son menores a los 6 millardos de bolívares que el organismo reservó para el mantenimiento de su sede principal.

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