En dos días nueve personas murieron en operativos de las FAES y Cicpc en Caracas

Las Adjuntas, El Valle, La Mata, Catia y la carretera Panamericana fueron los lugares donde ocurrieron las muertes en manos de la FAES. Todas las víctimas eran hombres menores de 35 años de edad y clase baja. 

Caracas. El 20 de abril de 2017 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a Luis Alfredo Ariza mientras manifestaba en La California. Ese año se marcó un récord de protestas en el país con un total de 6.729, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y que dejó 3.666 detenidos, según el Foro Penal. Cuatro meses estuvo Luis tras las rejas entre la Zona 7 en Boleíta y Tocuyito, estado Carabobo, supuestamente por estar implicado en un saqueo. Lo liberaron bajo régimen de presentación cada 30 días.

A dos años de este hecho, Luis, de 21 años, fue nuevamente víctima de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero, en esta oportunidad, el “castigo” fue su vida. El lunes 13 de mayo, a las 4:00 a.m. funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) aparecieron en su casa, ubicada en Las Adjuntas. “Vístete y sal”, le ordenaron los oficiales, cuenta su papá. El joven acató la instrucción. A los pocos minutos se escuchó un disparo.

“No nos dejaban salir de las casas. Así es cada vez que vienen esos tipos. Los matan y se los llevan como animales y uno no puede hacer nada”, agrega el padre de Luis, quien describe que el barrio estaba vigilado por las FAES. Fue hasta el día siguiente que los familiares pudieron ver el cuerpo de su hijo. Los propios oficiales lo llevaron hasta el Hospital Pérez Carreño. Luis entró sin signos vitales.

“Son unos sádicos. Lo mandan a vestirlo, pero luego lo matan y le quitan la ropa. Mi hijo estaba desnudo”, cuenta el papá, quien prefirió resguardar su identidad.

Al menos nueve personas murieron a manos de cuerpos policiales entre el 13 y 14 de mayo de este año en Caracas. Todas las víctimas eran hombres que vivían en zonas populares de la capital. El 80 % de los casos, es decir 7 de las muertes, fueron responsabilidad de las FAES y los otros dos fueron a manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Luis vivía con su esposa y su hijastra de 6 años. Su padre denuncia que los funcionarios de las FAES le robaron todo lo que tenía en la casa. Por otro lado, aseveran que cuando pusieron la denuncia ante el Cicpc, este organismo les dijo que su hijo tenía un expediente abierto por una “averiguación”. No agregaron más nada.

Luis estaba desempleado. A veces, se desempeñaba como barbero y le cortaba el cabello a vecinos de su comunidad. Sin embargo, su mamá cuenta que en las últimas semanas había tenido varias entrevistas en un banco privado del país. Su plan era ingresar a esta institución.

Esta no es la primera vez que funcionarios de las FAES llegan hasta Las Adjuntas. Hace cuatro meses, entre 8 y 9 de enero, seis personas murieron durante un operativo de este cuerpo policial en el barrio Kennedy. Todas las víctimas también fueron hombres.

Las otras muertes de esta semana ocurrieron en El Valle, La Mata, Catia y la carretera Panamericana. Todos los familiares coinciden en que se trata de una “política de exterminio”. “Esas FAES hacen desastre. Son unos malandros”, opina la mamá de Luis.

607 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad en Caracas en 2018. El 58 % de los casos fueron responsabilidad de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), según cifras de Monitor de Víctimas.

En El Valle cuatro personas murieron por el accionar de las FAES. Ángel Santaella, de 29 años de edad, Jorge Luis Malavé, de 30 años y otro joven por identificar estaban entre las víctimas del lunes 13 de mayo. Sus padres dijeron que los sorprendieron en la avenida Fuerzas Armadas a las 7:00 a.m. mientras los jóvenes estaban comprando unas verduras. Mientras que a Víctor Rangel lo mataron en su propia casa en Los Jardines de El Valle, cuenta su hermana Sarai.

Por último, otros dos jóvenes fueron despojados de su moto y detenidos por oficiales del Cicpc en el sector La Mata, en la zona rural de El Hatillo, a la altura del liceo Abilio Reyes Ochoa, denunciaron maestras de este lugar el lunes a las 8:00 a.m. “Se los llevaron hasta Sabaneta. Yo esperé frente al liceo hasta la noche porque sabía que el Cicpc tendría que volver a pasar por allí. Pero me dijeron que no sabían nada”, cuenta la máma de Jonathan Castillejo. Al día siguiente recibe una llamada del Hospital Domingo Luciani. Su hijo habría muerto por un impacto de bala en el abdomen.

Los policías no pueden seguir matando a la gente. Ya basta. Me dijeron que fue enfrentamiento y mi hijo no estaba armado. Le quitaron su moto y luego lo asesinaron”, cuenta la madre de Jonathan, quien tenía 19 años.

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