La Sala Electoral celebró el pasado 1° de marzo la audiencia oral y pública, en la cual escuchó los alegatos del oficialismo y del Ministerio Público ahora dirigido por Tarek William Saab para solicitar la repetición de los comicios legislativos en el estado; y de los tres legisladores opositores para rechazar dicha medida.
Caracas. El juicio que el chavismo inició en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra los resultados de las elecciones parlamentarias del 5 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas ya está en su recta final. Tras pasar meses durmiendo el sueño de los justos, el asunto ya está en etapa de sentencia; es decir, en el máximo juzgado deberían estar trabajando en el fallo que le pondrá punto final al pleito, el cual mantiene a la Asamblea Nacional (AN) dominada por la oposición sin su mayoría calificada de 2/3 partes y que ha sido la excusa usada por el organismo rector del Poder Judicial para impedirle ejercer sus funciones.
El proceso entró en su etapa culminante luego de que el pasado 1° de marzo la Sala Electoral celebrará, un año y tres meses después de lo originalmente previsto, la audiencia oral y pública para escuchar los argumentos de los accionantes, en este caso de la exministra de Pueblos Indígenas y exaspirante a diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicia Maldonado, para pedir la repetición de los comicios; y de la contraparte; los opositores Julio Ygarza, Romel Guzmana y Nirma Guarulla, a quienes el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como vencedores, para rechazar la solicitud y para pedir que les dejen asumir sus curules.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Procesos Electoral (Lopre) este acto debió celebrarse a principios de 2016, en virtud de que el 30 de diciembre de 2015 fue cuando la instancia judicial decidió admitir la demanda y acordar la medida cautelar que dejó sin representación al estado Amazonas. No obstante, apenas en diciembre se fijó por primera vez, aunque posteriormente fue diferida.
A lo largo de 2016 el caso permaneció en fase de sustanciación, en virtud de la decisión de la Sala de encomendar a unos tribunales civiles y mercantiles de Amazonas que tomara testimonio a unos electores (Rafael Alfonzo Dasilva Yapare, Willi Cariban, Genrry Aguilar y Helver Aguilar) los cuales afirmaban que habían sido presionados desde la Gobernación de la entidad para votar a los candidatos opositores o que habían recibido dinero a cambio de hacerlo. Sin embargo, semanas después el máximo juzgado revocó esta decisión y decidió encomendarla a unos juzgados de Monagas.
“Todo esto nos demoró algo” se justificaron fuentes cercanas al TSJ, aunque en esa instancia hay quienes sostienen que esto fue una estrategia deliberada para dilatar el asunto y mantener el bloqueo a la AN. El hecho de que a lo largo de 2017 del caso no se supiera más refuerza esta última tesis. Por esa situación, el Gobierno señala que el Parlamento está en “desacato”.
A votar otra vez
Repetir las elecciones. Esa fue la petición que más escucharon los magistrados Indira Alfonzo, quien encabeza la Sala Electoral y tiene este asunto en sus manos; Malaquías Gil, Jhannett Madriz, Fanny Cordero y Christian Zerpa durante la audiencia del pasado 1° de marzo.
En el acto oyeron los alegatos de los representantes del oficialismo en relación con la supuesta de compra de votos que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) habría orquestado desde la Gobernación de Amazonas, entonces en manos de Liborio Guarulla, para imponerse en las parlamentarias. Argumento con el cual consideraron viciado el proceso, aunque no pudieron probar en qué magnitud esas irregularidades habrían afectado los cómputos, requisito fundamental, de acuerdo con la jurisprudencia del TSJ para pensar en repetir el proceso eleccionario.
Esta tesis fue respaldada también por el Ministerio Público, ahora dirigido por Tarek William Saab, el cual abandonó la tesis asumida por Luisa Ortega Díaz en relación a que en esos comicios no se registraron irregularidades que afectaran los resultados finales o al menos no se habían encontrado pruebas para sustentar tales afirmaciones.
“No había motivos para apoyar la repetición de las elecciones”, afirmó Zair Mundaray, el director de Actuación Procesal en el exilio de la Fiscalía, al ser consultado sobre si esa instancia estaba a favor de la petición del oficialismo.
Sin voz ni voto
La Asamblea Nacional no pudo participar en esta audiencia y en casi ninguna etapa de este largo proceso, pese a ser la gran afectada. ¿La razón? La Sala Electoral se lo impidió escudándose en una decisión de la Sala Constitucional que deja en manos de la Procuraduría General de la República la representación del Parlamento en cualquier asunto judicial.
“A nosotros hace tiempo el TSJ nos sacó del caso y no nos dejó actuar”, se quejó el consultor jurídico del Legislativo, el constitucionalista Jesús María Casal, quien agregó en este en caso “se han violado flagrantemente los derechos políticos de los tres diputados, así como las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, cuya facultad de calificar a sus miembros fue vulnerada e incluso la de su presidente de comparecer en ese juicio en defensa de esa facultad”.
Las posibilidades de que la Sala Electoral atienda las demandas del chavismo son altas. No hay que olvidar que de cada 100 casos que los ciudadanos presentan contra el Estado ante esta instancia más de 90 los gana este último, de acuerdo con un estudio publicado en 2014 por la organización Un Estado de Derecho.
Durante las conversaciones que el Gobierno y la oposición sostuvieron en República Dominicana, bajo la facilitación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, la posibilidad de repetir las elecciones en Amazonas fue uno de los puntos que se abordaron y sectores de la MUD estaban dispuestos a aceptarla para superar el actual bloqueo al Parlamento.
Foto referencial: Miguel González
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