La segunda mitad del año arrancó con un incremento en las denuncias porque los miembros del CICPC insultaron y humillaron a una periodista en Aragua
Redacción Espacio Público
Caracas. En junio se conmemoró el día del periodista en Venezuela, justamente en el mes en el que las violaciones a la libertad de expresión aumentaron 53,84% con respecto al mismo período del año anterior.
La segunda mitad del año arrancó con un aumento de denuncias de graves violaciones en materia de derechos humanos por de miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (CICPC), quienes insultaron, humillaron y desnudaron a la periodista Beatríz Lara, de Aragua, quien pretendía darle cobertura a un traslado de presos.
El cuerpo de seguridad intentó procesar judicialmente a Lara por “resistencia a la autoridad”, “obstrucción de la justicia” y por “conspiración en plan de fuga de los presos que estaban siendo trasladados”, pero ninguno de los cargos procedieron. Posteriormente los funcionarios se disculparon y alegaron estar “muy estresados” por el traslado, lo que habría sido la razón de la agresión.
También se contabilizó la agresión de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Zulia al periodista Henry Chirinos, del canal Televisa, mientras cubría los enfrentamientos entre ese cuerpo de seguridad y un grupo de manifestantes.
Pese a que Chirinos se identificó como periodista, le quitaron la cámara, se abalanzaron sobre él, lo arrastraron hasta el medio de una jardinera y le pusieron una bota militar en la cara. Posteriormente fue esposado y golpeado con un rolo en la espalda y el abdomen.
El tipo denuncias que más se contabilizó fue la censura, la cual aumentó 100% con respecto al mismo mes del año anterior (de 3 a 6 casos). En este contexto fue despedida la periodista Génesis Arévalo del diario La Verdad, del estado Vargas, luego de que diera unas declaraciones en un programa de radio sobre el acoso del que había sido víctima tras la publicación de un trabajo de investigación.
El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, visitó la a la sede del periódico donde trabajaba Arévalo y luego sus jefes prescindieron de su trabajo. Fuentes que prefirieron no identificarse aclararon que el despido fue solicitud del mandatario regional.
En otro orden de ideas, el periodista Juan José Peralta denunció la suspensión injustificada de la transmisión del programa “Amanecer en la Noticia”, que venía moderando en el canal Telecentro, en Barquisimeto, desde abril de 2012 en el horario estelar de 6.30 a 8.00 am, de lunes a viernes.
Peralta explicó que su despido vino después de que circulara en una columna llamada Confidencial, que escribe Custodio Segovia, una información de que Telecentro no le paga a sus trabajadores los cestatickets hace varios meses y que adolecen de seguridad social porque no cotiza ante el IVSS como mandan las leyes. El periodista fue señalado de filtrar la información por ser amigo de Segovia desde que estudiaban en la universidad.
Contra las ONG
En este escenario adverso las organizaciones de derechos humanos también se han visto afectadas. Luego de que el Estado venezolano fuese evaluado por la Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), el presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó las actuaciones de las Organizaciones No Gubernamentales y las acusó de estar creando “una campaña de mentiras a nivel internacional”.
A la par los miembros de Provea y Espacio Público acudieron a la sede del Ministerio Público para denunciar la intervención ilegal de las comunicaciones privadas de ambas organizaciones por parte de altos funcionarios del Gobierno nacional. La solicitud fue la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, para que investigue a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, tras la divulgación en su programa “Con el mazo dando” de “información que sólo es posible obtener a través de la intervención de las comunicaciones realizadas por Provea y Espacio Público”.
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