En las cercanías de 33% de los centros electorales se repartieron bolsas de comida y bonos

En Catia

La firma Torino Capital indicó que el chavismo logró aumentar su capacidad de movilización el 10D con el uso del carnet de la Patria para monitorear la asistencia de los votantes.

Caracas. ¿Cómo es posible que en medio de la crisis económica más larga en la historia de la región, el PSUV haya logrado ganar dos elecciones consecutivas? Con esta pregunta inicia el más reciente informe de la firma Torino Capital que intenta responder a la interrogante a lo largo de su texto.

Lo que nuestro estudio sí muestra es que la clave de la estrategia de campaña implementada a través de los puntos [rojos] progubernamentales fue el monitoreo de la asistencia de los votantes y que esto fue hecho usando el carnet de la patria, se lee en el texto.

La consultora realizó un estudio, junto con la firma venezolana Innovarium, en 142 centros de votación de 14 ciudades del país —tanto rurales como urbanos y de distintos estratos sociales— durante los comicios de alcaldes del pasado 10 de diciembre. “En 33,1 % de los centros electorales los votantes pudieron recoger bolsas de comida o recibir el bono navideño [bien sea en un punto del Gobierno o en un lugar de entrega separado] (…) Testimonios recogidos durante el trabajo de campo sugieren que la entrega de estos beneficios fue la continuación de una práctica llevada a cabo en los días previos a la elección”.

El informe también indica que en las adyacencias de 35,2 % de los recintos de votación se registró “algún tipo de actividad gubernamental”. “De esta cifra lo que más prevaleció, por mucho, fue la entrega del carnet de la Patria que fue expedido en las cercanías de 16,9 % de los centros de votación, mientras que en 12,7 % de los centros de votación se registró la entrega de bonos”.

Torino Capital explica que el estudio se limitó a registrar lo que sucedía a las afueras de los centros y que no se encontró ninguna evidencia de que se condicionara la entrega del beneficio a que los electores votaran por el chavismo, sino a que estos asistieran a los recintos y se dirigieran a los puntos rojos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con el carnet de la Patria, para llevar registro del flujo de votantes. “Más bien, nuestros trabajadores de campo reportaron casos en los que seguidores de la oposición iban a los puntos progubernamentales para recibir sus beneficios luego de que votaban”.

A modo de contexto recuerdan que, pocos días antes de la elección, Maduro señaló que todos los votantes debían llevar su documento de control a los centros electorales y chequearse en los puntos rojos y que el ministro de Comunicación e Información, y encargado electoral del PSUV, Jorge Rodríguez, señaló que el carnet de la patria era clave para afinar la estrategia de movilización del Gobierno.

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Acotan que en 55,6 % de los centros no se reportó violación de la norma electoral pero que “el uso de puntos progubernamentales para distribuir beneficios otorgados por programas sociales gubernamentales ilustra, en sí mismo, lo borroso de las líneas entre el Gobierno y el partido, lo que es algo atípico en las democracias modernas y que inclina pronunciadamente la cancha a favor del Gobierno”, se lee en el texto.

La investigación registra el uso de la intimidación en algunos centros de votación. “Grupos progubernamentales (colectivos) estuvieron presentes en 28,9% de los centros de votación; en 58,5% de estos casos se reportó que tuvieron una actitud cordial hacia los seguidores de la oposición, y en 41,5% una relación hostil con ellos”.

El texto precisa que en 26,7 % de los centros se reportó episodios de “asedio”, ya fuera por miembros del PSUV o los colectivos. Añaden que en 34,2 % de estos mismos recintos también había activistas de la oposición. “Violaciones más serias a la norma electoral, como intimidación, la compra de votos o violencia fueron observadas en 23,2 % de los centros”.  Esto arrojó que fue incumplida, en 88 % de los casos, la norma que prohíbe realizar activismo político en un radio de 200 metros alrededor de los centros de votación.

El estudio desestima las alegaciones y denuncias realizadas por partidos de la oposición. “Nuestro análisis sugiere que no hay evidencia estadística de alteración del voto en la data, en la magnitud necesaria para modificar o alterar significativamente los patrones de voto nacionales”.

Añade que en conjunto con el aumento de la capacidad de movilización del chavismo se produjo una desmovilización de los votantes opositores que le permitió al Gobierno ganar los dos últimos procesos electorales. “Entre las elecciones parlamentarias de 2015 y las municipales de 2017 el número absoluto de votos chavistas subió en 737.000 personas (14,3 %) mientras que el número absoluto de votantes de la oposición cayó en 5 millones (-70,6 %)”, Algo que atribuye a los llamados a la abstención de los principales partidos de la MUD y otros líderes opositores.

“Autoridades generan desconfianza”

La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación también realizó un informe sobre los comicios del 10D en el que destaca que “la actuación de las autoridades, antes, durante y después de los comicios, no contribuye con el afianzamiento de la confianza ciudadana en las prácticas democráticas, debido a que, en este proceso, al igual que en los que le han precedido, se vienen reiterando elevados niveles de imperfección y de contravención a la ley en los procesos electorales”.

Entre las irregularidades destacaron lo breve del lapso de campaña para dar a conocer la oferta electoral y la ubicación de los centros electorales que habían sido reubicados, el uso de procedimientos de intimidación y compra del votante, a través del control por medio del carnet de la Patria y la entrega de bonos y oferta de beneficios, “aupados abiertamente desde las más altas instancias del poder, así como el control de los centros electorales mediante la sustitución de los miembros seleccionados por sorteo y el uso de recursos públicos de diversa índole para favorecer a los candidatos oficialistas”, señalaron.

El informe también registra declaraciones de altos funcionarios durante la jornada electoral que constituyen violaciones a la normativa y considera “imperioso que las autoridades electorales intervengan para acabar con la enorme disparidad en el acceso a los medios de comunicación existente entre los candidatos de una elección, en particular con el uso prácticamente exclusivo de los medios públicos por parte de los candidatos del oficialismo, así como para poner coto al uso ventajista de los recursos y los cargos públicos a favor de los mismos”.

También solicitaron “la ampliación de la observación internacional, con la inclusión de organizaciones que gozan de amplio reconocimiento como son Unasur, la OEA y la Unión Europea, [lo que] contribuiría a elevar la confianza ciudadana en los procesos electorales del país, dada la manifiesta polarización reinante”.

Foto referencial: Miguel González


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