El “saneamiento” que ha impuesto la instauración del arco minero del Orinoco, según lugareños, ha dejado más de 40 asesinatos por funcionarios militares.

Ciudad Guayana. Desde enero algo no olía bien en El Callao, una de las zonas del estado Bolívar más fecundas en oro, porque volvieron las denuncias sobre abusos militares.

El primer señalamiento fue concreto: el Ejército. Los puntos de control en las entradas y salidas del municipio y en algunas minas fueron la alarma. Para los mineros, la entrada de los militares iba a ser un problema. A juzgar por lo que ocurrió luego, tuvieron razón.

Los hechos se dividen en dos tandas: la primera, un homicidio en circunstancias confusas el 15 de enero. Luis Daniel Fuentes Figueroa fue tiroteado en una tasca, Los Nietos, del casco central del pueblo. Las sospechas comenzaron con el calibre de las balas de fusil AR 15.

Antes, el viernes 13, Roger José Gaspar fue asesinado a tiros en las Mercedes. Aunque el calibre de las balas nunca se supo, sí hubo una acusación: la víctima era un pran minero. El saneamiento persistía y la presencia del Ejército no era una inocentada sino una de las aristas de un plan que conoce el Estado.

Arco de muertes

Tras la creación de la zona de explotación del Arco Minero del Orinoco se han multiplicado las denuncias acerca de la incursión del Ejército en las zonas mineras. La lógica es simple: el Gobierno mandó a “limpiar” de pranes y pandillas estos sectores para entregarlos a las trasnacionales que se encargarán de la explotación.

En 2016, las denuncias sobre tales prácticas abundaron tanto como la sangre que corrió por las balas. Muchas de ellas, por cierto, de la OLP.

El jueves 19 de enero, los asesinatos regresaron a El Callao, más en concreto, a la zona conocida como Necupay. Ese día, Alberto David Durán Picón, apodado el Pato, murió asesinado en un enfrentamiento con el Ejército.

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Voces del componente armado cerraron el asunto al señalar a la víctima como pran minero. Pero la comunidad dijo que Durán Picón solo era un minero corriente.

La situación suscitó protestas. El mismo diputado Américo de Grazia, representante del sur de Bolívar en la Asamblea Nacional, criticó que grupos paramilitares encabezaban las protestas. Pero la comunidad reaccionó y señaló que “no había grupos paramilitares protestando como lo aseguró De Grazia. Eran familias, padres, madres, hijos comerciantes y mineros los que exigían que se respetaran los derechos de las personas que fueron violentadas”. Los vaivenes continuaron.

Por si fuera poco

Los sucesos siguieron el 31 de enero. Tres hombres, conocidos como El Mono, Cher y Tortuga murieron tiroteados en la mina El Perú. Los rivales: funcionarios del Ejército.

Los entierros fueron manifestaciones de repudio contra los uniformados.

“Nos preguntamos, ¿será que ante la incapacidad y el carente nivel profesional e investigativo de los cuerpos policiales y militares, habrán aprobado la pena de muerte y no se nos ha informado? Porque entonces, ¿para qué funciona el Cicpc y la Fiscalía del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, si son los funcionarios policiales y militares los primeros que violan las derechos humanos y constitucionales?”, comentó un habitante de la zona que pidió el anonimato.

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Esa misma fuente, ligada a las minas, recordó que desde noviembre “los procesos de pacificación en El Callao han sido frustrados por estos operativos de la OLP como parte de la etapa inicial del Arco Minero. Antes de cerrar el 2016 fueron asesinados varios mineros cerca de una mina llamada Isidora, de El Perú”.

Las estimaciones sobre los asesinatos en la era de la explotación del Arco es lo más resaltante: 40 mineros cayeron en enfrentamientos para justificar tales crímenes. El Ejército tilda a las víctimas de pranes. El asunto, más allá de lavar responsabilidades de una parte, está en el descontrol sobre las armas en el sur de Bolívar. Ello lo que ha dejado más que nada es muerte.

Foto: Cortesía Correo del Caroní


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