Tres militares y un civil fueron castigados en la sede de Boleíta por liderar una protesta para exigir el respeto a sus derechos humanos, atención médica y visita para todos los presos políticos. La abogada Tamara Suju indicó que en el primer semestre de 2019 Casla Institute registró 72 nuevos casos de tortura y 27 casos de intentos de violación sexual.
Caracas. Desde pinturas en las paredes hasta la construcción de baños. Desde la eliminación de las celdas usadas —presuntamente— para la tortura hasta instalación de televisores en los cuartos de los presos. Así supuestamente han modificado los sótanos de la Dirección Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta.
Fuentes extraoficiales indicaron a Crónica.Uno que estos cambios se han realizado hace aproximadamente dos semanas, ante las reiteradas peticiones de los familiares de los presos políticos a la comisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que se encuentra en Caracas, para que visite la prisión.
[irp posts=”142738″ name=”Gobierno de Maduro impuso sitio de entierro a la familia del capitán Acosta Arévalo”]Exigen que constaten la situación sótanos adentro, donde supuestamente ocurren torturas y malos tratos durante los interrogatorios. Familiares han denunciado, bajo anonimato, que entre los castigos figuran dejarlos sin agua, comida o sin la visita de sus abogados y parientes.
Bajo custodia de la Dgcim fue asesinado el capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, el viernes 28 de junio, a consecuencia de las torturas a las que fue sometido durante su detención. El Ministerio Público imputó a dos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por este hecho.
El abogado del caso, Alonso Medina Roa, contó, el día del entierro, que la autopsia de Acosta Arévalo reveló que, en términos coloquiales, lo “molieron a palos”. Al militar lo detuvieron arbitrariamente el viernes 21 de junio, el mismo día que partió de Venezuela la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. También fue víctima de desaparición forzada.
Sin embargo, la abogada Tamara Suju, directora ejecutiva de Casla Institute, expuso en la conferencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acerca de crímenes en Venezuela, que al capitán lo colgaron de un árbol en una zona boscosa a las afueras de Caracas y le taparon los ojos con cartón.
“Le dieron golpes con palos en la cabeza, abdomen, codos, rodillas, pies. Le dispararon cerca de los oídos para aturdirlo. Le echaron ácido y no sabemos si en la misma zona boscosa o en la Dgcim le aplicaron las descargas eléctricas”, dijo.
Extraoficialmente, se conoció que entre las modificaciones a la sede de Boleíta también se encuentra la iluminación de los espacios. “Derrumbaron paredes y quieren hacer ver que las celdas de tortura nunca existieron”, contó a Crónica.Uno un pariente, quien pidió no identificarlo, por miedo a venganzas.
La muerte del capitán Acosta Arévalo y la insistencia de los familiares, y políticos, para que la comisión constante cómo se vive dentro, al parecer puso sobre aviso a los oficiales de la Dgcim, aunque todavía no les han autorizado el ingreso a los funcionarios defensores de Derechos Humanos.
En el informe del Acnudh, presentado el 4 de julio de 2019, admitieron que en la Dgcim y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se cometen torturas y malos tratos a los detenidos dentro de las celdas.
Castigos y amenazas a detenidos por exigir respeto
Desde el 3 de julio los militares presos políticos lideraron una protesta para exigir que cesen las torturas y se respeten sus derechos humanos. También para solicitar que les permitan las visitas a todos, incluyendo al teniente coronel Igbert Martín Chaparro, quien no las recibe desde hace más de dos meses. Otras de las peticiones son que los saquen al aire libre para recibir luz solar y se libere a los presos con boleta de excarcelación.
Fuentes contaron a Crónica.Uno que tras esta rebelión trataron de llegar a acuerdos que en la Dgcim no se cumplieron. Posteriormente, funcionarios encapuchados y con armas largas sacaron a los militares de sus celdas y requisaron sus pertenencias. “Les robaron las medicinas y hasta las almohadas. Los amenazaron (a los militares presos) diciéndoles que tenían cómo entrar y responder”.
Por estas exigencias castigaron a los oficiales Martín Chaparro, Humberto de la Sotta, Ruperto Molina y al civil Carlos Marrón. Sus parientes no han obtenido noticias de ellos en más de una semana y tampoco les permiten que les pasen comida diariamente.
[irp posts=”143374″ name=”Excarcelan a clarinetista detenida por tuitear su descontento con gobierno de Maduro”]Registrados 27 casos de intento de violación en 6 meses
En la conferencia de la OEA sobre crímenes internacionales en Venezuela, la abogada Tamara Suju reveló que Casla Institute documentó 27 casos de intentos de violación sexual durante el primer semestre de 2019, cometidos por oficiales de las fuerzas de seguridad del Estado. También registraron 28 casos de actos lascivos a presos políticos y un caso de violación.
“Se han registrado otros casos de tortura donde les echan aceite y les prenden fuego alrededor, donde les cortan las plantas de los pies, los cuelgan de árboles a la intemperie, les pegan electricidad en las axilas y juegan con ellos a la ruleta rusa”.
Casla Institute maneja 72 nuevas víctimas directas de torturas, en el primer semestre de 2019, en las que se añade el patrón de violencia sexual, detención arbitraria y desaparición forzada temporal. En 2018 recopilaron 111 casos y 430 denunciados entre 2013-2017.
“Hay nuevos patrones de tortura como una cava donde meten a las víctimas para que se congelen, causan asfixia y dolores musculares. Documentamos el uso de ácido o sustancias que inyectan o colocan en las heridas, violencia sexual e intentos de violación con palos que luego tratan de metérselos en la boca”, explicó la abogada.
En 100 % de los casos hubo violencia sexual y en 100 % de ellos los golpes fueron con puños y les proporcionaron choques eléctricos y colgamientos de árboles.
El Foro Penal Venezolano registra 590 presos políticos en el país, cifra actualizada hasta el 15 de julio; 107 son militares.
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