El abogado especialista en Derecho Internacional, Mariano de Alba, aclara que no es correcto hablar de bloqueo o embargo: “La orden ejecutiva emitida busca aumentar la presión económica, prohibiendo y aumentando los riesgos para empresas estadounidenses y extranjeras de tener relaciones económicas con el régimen de Maduro, pero no con el sector privado”.
Caracas. Desde hace meses el gobierno de Donald Trump afirma que “todas las opciones” están sobre la mesa para llevar a Nicolás Maduro a dejar el poder. Sin embargo, el que hasta enero fue el mayor comprador de crudo de Venezuela elevó las sanciones económicas el 28 de enero de este año contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y recrudeció la presión este 5 de agosto a través de la Orden Ejecutiva 13884 (EO, por sus siglas en inglés) que bloquea todos los bienes e intereses en territorio estadounidense que pertenezcan al gobierno venezolano. Además, aquellas empresas que asistan de manera financiera, material y tecnológica a la administración de Maduro también correrán el riesgo de ser sancionadas.
A continuación, Crónica.Uno responde algunas dudas frecuentes respecto a lo que implican estas nuevas sanciones:
¿Contra quién va dirigida la Orden Ejecutiva?
Hacia todos los bienes e intereses en propiedad del gobierno de Nicolás Maduro que se encuentren en Estados Unidos o en el poder y control de cualquier persona de ese país norteamericano.
¿Qué pasa con los bienes?
Quedan bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados o retirados.
¿Cómo afectaría a las empresas privadas?
Cualquier empresa que patrocine o brinde asistencia financiera, material o tecnológica al gobierno de Nicolás Maduro o a cualquier persona incluida en la lista OFAC, correrá el riesgo de ser sancionada, a excepción de las empresas que tengan licencia para mantener operaciones en Venezuela, como es el caso de la estadounidense Chevron que en julio recibió una licencia para extender actividades hasta octubre en territorio venezolano.
¿Qué no prohíbe la Orden Ejecutiva?
Las órdenes, directivas o licencias que pueden emitirse tras esta EO, “sin perjuicio de un contrato celebrado o cualquier licencia o permiso otorgado antes de la fecha de vigencia de esta orden”. Así como las transacciones para la realización de los negocios oficiales del Gobierno Federal de Estados Unidos por parte de empleados, beneficiarios o contratistas de los mismos y transacciones relacionadas con el suministro de alimentos, ropa y medicamentos “destinados a aliviar el sufrimiento humano”.
¿Es un embargo como el que Estados Unidos aplicó a Cuba o Irán?
“No es correcto hablar de bloqueo o embargo. La orden ejecutiva emitida busca aumentar la presión económica, prohibiendo y aumentando los riesgos para empresas estadounidenses y extranjeras de tener relaciones económicas con el régimen de Maduro, pero no con el sector privado venezolano. Las medidas previstas en la EO son más limitadas que las que han sido impuestas a esos países”, aclaró el abogado y especialista en Derecho Internacional, Mariano de Alba, en su cuenta de Twitter.
¿Puede afectar la medida a la población venezolana?
Mariano de Alba explica que sí, en la medida que empresas estadounidenses o extranjeras que brinden un servicio que genera utilidad a los venezolanos decidan cesar sus relaciones con el gobierno de Maduro, para no arriesgarse a recibir una sanción de Washington.
¿Qué implican las 13 nuevas licencias emitidas este martes por el Departamento del Tesoro?
Este martes 6 de agosto el Departamento del Tesoro emitió 13 nuevas licencias y modificó 12. De acuerdo con el abogado Mariano de Alba, estas limitan el impacto que de otra forma hubiese llegado a tener la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump. Las licencias autorizan ciertas transacciones que habrían quedado prohibidas por la sanción del 5 de agosto.
¿A quién beneficia este tipo de medidas?
Un informe de la ONG Provea, publicado en mayo de este año, aclaraba que las primeras sanciones económicas contra Venezuela ocurrieron en noviembre de 2018. Asimismo, revelaba que no son las medidas de Trump las responsables del colapso económico que atraviesa el país. El documento también exponía que este tipo de sanciones terminan por serle útiles a los gobiernos que las padecen, porque al lograr la “asfixia económica” sirven de excusa para culpabilizar al “enemigo externo” de los errores locales.
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