Familiares de las víctimas desmienten la versión del cuerpo de seguridad —que alegan que los hechos ocurrieron tras enfrentamiento— y aseguran que, apenas los efectivos ingresaban a sus hogares, accionaban sus armas al instante sin respetar la presencia de menores de edad.
Caracas. Dormía solo en su hogar, ubicado justo detrás de la gasolinera Maitana, en la Autopista Regional del Centro. Su madre había salido temprano a trabajar. A penas derriban la puerta de la entrada de su casa, Wilker José Graterol Zambrano, de 16 años, despertó. Más de 20 efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) habían ingresado sin orden de captura o allanamiento a las 8:00 a. m. el pasado miércoles 9 de enero, de acuerdo con los testimonios de los vecinos del sector. A los pocos minutos escucharon disparos.
“Él nunca había usado un arma”, cuenta su madre. El cuerpo de seguridad adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) declaró ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que la muerte del joven ocurrió tras un enfrentamiento y que el menor de edad portaba una pistola.
Él era una persona que estaba empezando la vida. Nadie tiene algo malo que decir de él. Él y mi mamá tenían una vida tranquila y hasta un poco rural”, cuenta la hermana.
Los vecinos observaron a los funcionarios arrastrar el cuerpo envuelto en una sábana blanca y lanzarlo a una de sus camionetas. Seguidamente, lo llevaron hasta el Centro Diagnóstico Integral (CDI) Cruz-Villegas en la parroquia de Coche, que fue donde por primera vez los familiares pudieron verlo. El cuerpo había ingresado sin signos vitales a las 11:00 a. m.
Su madre expresa con rabia y tristeza que además de matarle a su hijo, le destrozaron su casa y le robaron sus pocas pertenencias. “Hasta la gallina del vecino se robaron”, expresó.
Los familiares aseveran que los funcionarios ingresaron a otros hogares para amedrentar. Por su parte, la misma comunidad contó que vieron desde sus ventanas a los efectivos acostados en las hamacas de la casa de Graterol, riéndose y tomándose fotografías.
Wilker Graterol era el menor de seis hermanos y había cursado hasta el tercer grado del liceo. Era la compañía de su madre. Ningún integrante de esta familia confía en el poder judicial del país, que, según el último informe de Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project), lo ubica en el último lugar del índice de Estado de Derecho entre 113 países evaluados.
“Denunciar es perder el tiempo. Nadie ni nada nos va a devolver a nuestro hermano. Solo sabemos que ese grupo no debería de existir, son peores que los ladrones. Y lo más triste es que no hay quien pare esto, si el propio Nicolás Maduro los apoya”, señaló la hermana de la víctima.
En apenas tres días, entre el 7 y 9 de enero de este año, 10 personas han muerto en operativos de las FAES en el estado Miranda y Distrito Capital. De acuerdo con el reciente informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), 7523 personas murieron a manos de cuerpos policiales en el 2018, casi 2000 personas más en comparación al 2017, considerando que fueron 5535, lo que representa un incremento de 36 %.
“A mi sobrino le metieron una granada para acusarlo de enfrentamiento”
El mismo miércoles 9 de enero que falleció Graterol, en Las Adjuntas, parroquia Macarao, también murió Daniel Anthony Armas Mesías, de 24 años. Vivía con sus dos hijos varones menores de edad, uno de 2 años y el otro de 4. Su pareja emigró a Colombia hace unos meses.
A las 9:00 a. m. llegaron los funcionarios de las FAES a su hogar. Su tío, Elías Armas, quien vive en la casa de al lado, escuchó a los efectivos gritar: “Hay que matarlo”. Más de cuatro tiros recibió el joven que se dedicaba al comercio y la buhonería. También fue envuelto en una sábana blanca y, en este caso, trasladado al Hospital Miguel Pérez Carreño, en La Yaguara.
“Cuando llegamos al centro hospitalario, nos enteramos de que a mi sobrino, los mismos policías, le metieron una granada debajo de la franela para acusarlo por enfrentamiento. Él no tenía nada de eso”, asevera.
Entre abril de 2017 y diciembre de 2018, Monitor de Víctimas registró 2707 homicidios en el estado Miranda y Distrito Capital. De ese total, 36 % han sido bajo acciones de cuerpos de seguridad del Estado, con 987 muertes.
Yo no sabía el poder que tenía este Gobierno hasta que aparecieron en nuestra casa ese día. Los ciudadanos en este país no tenemos derechos humanos. Y para los pobres no existe justicia”, concluyó Armas.
En Las Adjuntas también murió el 9 de enero Ángel David Campos Álvarez. Por otro lado, en el Barrio Kennedy, igualmente perteneciente a la parroquia Macarao, las FAES realizó un operativo a tempranas horas de la mañana del pasado martes 8 de enero que dejó cinco muertos. Y, al iniciar la semana, el lunes 7 de enero, murió Deivy Johan Caballero de 33 años, a las 8:30 p. m. en la urbanización Las Rosas, ubicada en Guatire. “No hubo enfrentamiento. Lo asesinaron”, denunció su madre.
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