Los establecimientos estatales venden productos básicos importados de Colombia. Pese a los costos, algunas familias están haciendo sacrificios para adquirirlos ante la elevada escasez.
Caracas. “Qué vamos a hacer, no podemos seguir pasando más hambre”, relata Bianca Trejo, trabajadora de un comercio que estuvo cuatro horas en cola en la Almacenadora Caracas, ubicada en Las Flores de Catia, para adquirir arroz, harina precocida de maíz, pasta y aceite elaborados en Colombia y que se ofertan a precios internacionales.
Bianca, quien reside en Catia, comenta que gastó 80.000 bolívares en su compra, la cual repartirá con el resto de sus familiares que han tenido dificultades para adquirir alimentos: “Yo tenía meses que no conseguía arroz, y aunque me gasté todo lo que me había redondeado en varios productos, todavía no tengo leche y café”.
Como esta trabajadora, personas de varias zonas populares de Caracas están pagando alimentos básicos a precios internacionales, debido a que el Gobierno hace más de mes arrancó con el Plan de Abastecimiento Complementario que ha consistido en importar comida y artículos de higiene personal de Colombia, Brasil, Panamá y Trinidad y Tobago.
Los insumos que se están distribuyendo en la capital son principalmente de Colombia y se encuentran en establecimientos estatales de Catia, Macarao, Antímano, San Agustín, El Cementerio, El Paraíso y La Florida, muchos custodiados por militares. En calles de El Valle los llevan los consejos comunales.
Y aunque el Estado en sus redes ha vendido artículos importados a precios subsidiados, ahora esa política no se aplica y las personas deben pagar mucho más de lo establecido en la regulación.
Josmar Gómez es una ama de casa que vive en Propatria y con lo que le dio su esposo, que es albañil, compró aceite, arroz, azúcar y pasta. “Es caro, pero prefiero pagar aquí que ir a los bachaqueros”, afirmó. En total, desembolsó 20.000 bolívares.
Las distorsiones
Ese plan evidencia que el Gobierno autoriza importaciones a través de sus entes, mientras tiene a la industria en jaque.
Las empresas han bajado su actividad por la restricción en la entrega de dólares y el control de precios que les obliga a vender artículos muy por debajo de sus costos de producción. Por tal motivo, la ausencia de alimentos, medicinas, pañales, papel higiénico y otra larga lista de productos se ha recrudecido. Datanálisis calcula que el desabastecimento de rubros regulados en Caracas es de 77,8 %.
Aunque a principios de este año las autoridades prometieron a los empresarios revisar los precios de los rubros controlados, ello se hizo a medias. Y a esa distorsión se sumó un recorte más fuerte en las autorizaciones de billetes verdes, que hasta septiembre fue de 80 %.
[irp posts=”28835″ name=”Marabinos experimentan efectos de la liberación de precios con productos colombianos”]En paralelo, el presidente Nicolás Maduro creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) con el fin de controlar la fabricación y distribución del sector privado y lanzó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) para despachar bolsas de comida casa por casa, instancia que además recibe 50 % de la producción de las industrias de alimentos y artículos de higiene.
De manera que el Estado eleva el cerco cuando las empresas operan a 35 % de su capacidad, según cifras de Conindustria. Y la elaboración de rubros, como harina de maíz, arroz y pasta cae entre 26 y 31 %, de acuerdo con la información de Cavidea.
Frente al deterioro de la producción, las autoridades permiten a gobernadores y entes oficiales importar. En marzo, el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, elaboró un decreto para autorizar las compras de insumos en Colombia, a los meses, esta estrategia la repitieron los gobernadores de Falcón, Stella Lugo; Bolívar, Francisco Rangel Gómez y Tachira, José Vielma Mora, quien fue designado por el Jefe de Estado para coordinar las importaciones para los estados Barinas y Mérida y el Distrito Capital.
Fuentes oficiales señalan que más gobernadores serán autorizados para adquirir comida y artículos de higiene.
[irp posts=”37782″ name=”Capriles: En Venezuela no se ha dado un proceso de diálogo”]En días pasados el ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, dijo que “se han abierto unos canales a través de los cuales se abastecen sistemas formales de comercialización de alimentos, con precios más altos que los regulados. Pero esos precios más altos, son mucho más bajos que los que se ofrecen a través del bachaqueo. Estamos en un punto intermedio, es una solución de emergencia a una condición de emergencia”.
Ya al cierre del primer semestre, del total de importaciones, 65 % fueron del sector público, según cálculos de Ecoanalítica.
El economista y profesor, Ronald Balza, apunta que “por la vía de los controles no se le dan garantías a la población” y añade que estas últimas acciones oficiales dan muestras de que “el Gobierno decide quién puede cubrir sus costos y quién no”.
Hay más. El Ejecutivo no ha aclarado los prodecimientos para las importaciones de dichos rubros: quiénes son los empresarios que los traen, la paridad de referencia y si cumplen con los registros sanitarios.
El director de Econométrica, Henkel García, señala que dichas compras generan dudas “¿cómo llegan esos productos? ¿A qué dólar lo están trayendo: a la tasa de 10 bolívares o a Dicom? porque si lo traen a dólar paralelo es una ilegalidad”.
Las colas y los precios
Para adquirir los productos importados las personas tienen que hacer horas de colas. Candela Morales vive en Petare y llegó en la madrugada a La Florida para buscar un número y poder entrar al establecimiento.
“Con la platica que tengo vengo a buscar productos que tenía tiempo sin conseguir. A pesar de los precios prefiero venir hasta acá que cancelarle a los bachaqueros”, apunta esta costurera. A su lado estaba María Navarro, quien trabaja limpiando casas y también es de Petare. Relata que “aunque gano un poco más de salario mínimo vengo a ver qué encuentro”.
En las entradas de los locales estatales están las listas de los productos disponibles. La harina precocida de maíz se ofrece a 1.850 bolívares, mientras que la industria local tiene que venderla a 190 bolívares. Situación similar se registra con el arroz, que en los comercios está en 1.590 bolívares y las empresas deben ofrecerlo a 120 bolívares. La pasta en las redes oficiales está en 1.990 bolívares, pero el valor regulado es 15 bolívares.
Los artículos de higiene se ofrecen a precios superiores. El valor máximo fijado por las autoridades al papel higiénico es de 862 bolívares, el importado cuesta 1.300 bolívares. La Superintendencia de Precios Justos ordena a las plantas vender el jabón de baño hasta en 132 bolívares, mientras que el traído desde Colombia vale 520 bolívares.
Para obtener esos productos las personas no tienen que ir según el terminal de cédula de identidad y en algunos puntos les permiten adquirir hasta cinco kilos de cada rubro.
Ante los gastos que están asumiendo algunas familias, Ronald Balza detalla que no todas las personas pueden tener acceso a esos productos, porque no cuentan con los ingresos suficientes y agrega que aquellos que hacen esas compras “están sacrificando otros gastos ¿Qué pasa con las medicinas? ¿Qué sucede con los útiles escolares?”.
Niria Zapata cobró su pensión y la orientó a adquirir arroz, harina, aceite y granos: “La cobré y la gasté completica. Yo cuido a dos nietos y tengo que alimentarlos. Lo que más me preocupa es que no consigo leche para ellos”.
Cuenta que hizo ese sacrificio porque en la zona donde habita (Casalta II) no llegan los Clap. “Allá no ha llegado la primera bolsa”.
[irp posts=”37402″ name=”“Le hice ocho huecos a la correa esperando los Clap””]Así como Niria, Bianca y Josmar tampoco se han beneficiado de las bolsas de comida. Hace cuatro meses las censaron, pero no han recibido los paquetes.
Henkel García añade que “el sistema de los Clap no ha sido suficiente y el Gobierno coloca productos colombianos para que la gente los adquiera. Sin embargo, esas acciones no tienen lógica económica”.
El Ejecutivo le ha dado todo el poder a los Clap, no obstante, el sistema ha sido discrecional. Las comunidades que se han podido beneficiar de esos paquetes cuando los reciben tienen que pagar precios diferentes. Muchas bolsas llegan con menos productos de los prometidos. Otras zonas todavía no han visto a los Comités.
Fotos: Mariana Mendoza y Mayela Armas
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