Solo dos de las 60 ambulancias de que disponen los Bomberos del Distrito Capital están operativas en el Área Metropolitana de Caracas. A esta coyuntura, se suma que solo 2 de los 25 vehículos supresores de incendios están activos, lo que deja a los funcionarios con un margen muy delgado de maniobra.

Caracas. Los dormitorios a media luz, las literas ruinosas y los colchones desvencijados en el interior del Cuartel Central de Bomberos Victoriano Jordán, en la avenida Lecuna, son tal vez el preludio de una institución que si no está deshecha, presta un servicio que se desarticula, que luce desmantelado frente a la demanda de la población.

Solo 2 de 60 ambulancias de que disponen los Bomberos del Distrito Capital están operativas para el Área Metropolitana de Caracas, una nomenclatura de ciudad que congrega a los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo, Sucre y Libertador. A esta coyuntura, se suma el hecho de que 2 de los 25 vehículos supresores de incendios son los que están activos, por lo cual los funcionarios tienen un margen de maniobra muy delgado, según informaron fuentes del cuerpo de rescate.

Las cifras dadas por los efectivos muestran que el sistema se desarticula y deja a la población desprovista de primeros auxilios en caso de siniestros mecánicos y naturales.

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A propósito de ello, este jueves miembros del cuerpo de Bomberos del Distrito Capital protagonizaron una protesta en las inmediaciones del destacamento ubicado en el centro de Caracas, para manifestarse en contra de la crisis que embiste a la institución.

El capitán Franklin Forrero, quien tiene 26 años de servicio en ese organismo, expone con un dato concluyente la crisis que los arropa: ninguna de las 25 estaciones de bomberos distribuidas en la ciudad se salva del cierre técnico. Todas están sumidas en un terreno administrativo fangoso y es poco lo que ha hecho el Ejecutivo para zanjar la deuda laboral con los casi 4000 funcionarios, entre empleados administrativos y efectivos,  adscritos a los Bomberos del Distrito Capital.

Solo un urinario está operativo en el baño de caballeros del Cuartel Central en la avenida Lecuna.

A la crisis que asedia a la institución por sus cuatro costados, los funcionarios responden con una decisión personal con la que buscan salir del atolladero. En lo que va de año, denunciaron al unísono, más de 1000 bomberos han dimitido de sus cargos para marcharse a otros países en busca de mejores ingresos. Sin embargo, no todos corren con la suerte de hacerlo en su propio terreno.

Una dificultad que resienten los funcionarios, y que esta vez parecía ser el detonante de la protesta, es la precariedad económica que desangra su presupuesto. El aumento de 99 %, anunciado en agosto de 2017 por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Nestor Reverol para el gremio, es aún una promesa por cumplir.

Gilbert Ruiz, con 8 años de ejercicio en el oficio de socorrer personas, dice que el Gobierno no solo les adeuda aguinaldos, bonos vacacionales y compensaciones laborales, también está en mora con la ciudad: de 11 vehículos de rescate inventariados en Caracas, solo uno, destacado en Plaza Venezuela, está apto para desplazarse. Ruiz agrega que los únicos dos camiones apagafuegos en buen estado están en las estaciones de San Bernardino, en Libertador, y en La Urbina, en el municipio Sucre.

Aseguran que el Gobierno les adeuda un incremento de 99 % anunciado en agosto de 2017.

La atmósfera de crisis que envuelve a los bomberos no es un asunto al margen de la ciudad. El déficit de repuestos, insumos y la hiperinflación son problemas comunes que quedan retratados en los hospitales, en la inoperatividad del transporte público y en las fallas de servicios básicos.

José Bustamante, un bombero raso que también acudió a la protesta realizada en la Lecuna, denuncia el retroceso que enfrentan como organismo y señala que han tenido que flexibilizar, puertas adentro, los protocolos de atención. No tenemos equipos ni herramientas para combatir incendios forestales y la ciudad se queda desamparada, comenta.

Hace más de 12 meses que las hornillas de la cocina del cuartel Victoriano Jordán se apagaron y en lugar de ser un punto de provisión de alimentos, el espacio se usa para lavar las viandas en las cuales los funcionarios llevan la comida del día y los suministros para su guardia.

Los funcionarios aseguran que la alimentación durante las guardias corre por cuenta propia.

Los afectados ilustran con los montos de sus quincenas los desmanes de una coyuntura que salpica hasta el oficio de rescatar vidas. Un bombero raso apenas cobra 180.000 bolívares por quincena, un cuadro que no dista de los sueldos devengados por un mayor general cuyo sueldo asciende a 630.000. Los ingresos, que algunos tildan de anémicos, aúpan la salida de los bomberos.

En un intento por eludir la hiperinflación, exigen que se revise la tabla de sueldos para reivindicar a un personal cuya labor es garantizar seguridad a la población. Los jubilados también tomaron protagonismo en el reclamo, y pidieron que se les garantice el suministro de medicamentos básicos. Ello en un contexto en el que la Federación Farmacéutica Venezolana reporta una escasez de 85 %.

Hemos agotado todos los recursos y canales oficiales para exponer la problemática al Gobierno pero no nos han hecho caso, dijo un empleado enfurecido durante la concentración que se prolongó por más de dos horas.

Los funcionarios aseguran que la jefa de gobierno del Distrito Capital, Carolina Cestari, quien en enero fue designada en el cargo por segunda vez,  responde a los empleados con la mayor de las armas del Gobierno: la negación de un problema que permea a toda la ciudad.

La estación de El Junquito, ubicada a la altura del kilómetro 16, se inunda y el techo está levantado. Los funcionarios temen que les caiga encima, denunció el capitán Franklin Forrero. La desidia en ese lugar es similar al del resto de los destacamentos.

La división de rescate ubicada en la Estación de La Morán, por ejemplo, está sin vehículo y requiere dos cauchos para su reactivación. Se trata de una estación estratégica en el oeste de Caracas, donde el 19 de marzo se registró un incendio en Vista Alegre que consumió más de un kilómetro y medio de vegetación, y que obligó  a los vecinos a salir con tobos de agua para apaciguar el fuego.

El Gobierno mandó un representante para recoger los reclamos de los funcionarios.

Fotos: Francisco Bruzco



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