La Red Defendamos la Epidemiología Nacional y la Sociedad Venezolana de Salud Pública hicieron un seguimiento a los casos de las enfermedades trasmitidas por los alimentos y encontraron que estos van en ascenso.

De acuerdo con datos oficiales, en el quinquenio 2007-2011 se produjeron 137 brotes de ETA, con un promedio de 37,4 brotes anuales; mientras que en el período 2012-2016, el número de brotes de ETA aumentó a 279, dos veces más, con un promedio de 55,8 brotes anuales.

Caracas. Según la Red Defendamos la Epidemiología Nacional y la Sociedad Venezolana de Salud Pública, en Venezuela han surgido razonables dudas acerca de la calidad e inocuidad de los alimentos, y algunas evidencias demuestran los riesgos a los que se ha visto expuesta la población, sometida además a una creciente situación de empobrecimiento y desnutrición.

Para estas organizaciones, sirve como un alerta la vigilancia del número de brotes y casos relacionados con enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), en la última década.

De acuerdo con datos oficiales, en el quinquenio 2007-2011, se produjeron 137 brotes de ETA, con un promedio de 37,4 brotes anuales; mientras que en el período 2012-2016, el número de brotes de ETA aumentó a 279, dos veces más, con un promedio de 55,8 brotes anuales.

Además, dicen los observadores, el número de casos asociados a ETA en los mismos lapsos pasó de 3873 casos, con un promedio de 774,6 casos anuales (2007-2011) a 4040 casos con un promedio de 808 casos anuales en el quinquenio 2012-2016.

Y una de las explicaciones para este ascenso la vincularon con la calidad de los alimentos consumidos en Venezuela, especialmente aquellos que carecen de garantías de inocuidad.

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Según los académicos, las personas tienen el derecho a acceder a alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“La inocuidad es un aspecto fundamental de salud pública y elemento esencial para la gestión de calidad total prioritaria para todos los estratos sociales de la nación, para los consumidores, productores, importadores y para el Gobierno. La condición de ser inocuo indica que no cause daño”, señalaron en su boletín del 19 de febrero.

En consecuencia, explican que la pérdida de la inocuidad de los alimentos se relaciona con la exposición a riesgos agudos o crónicos debido a la presencia en ellos de patógenos microbianos, biotoxinas, contaminantes químicos y físicos que pueden afectar la salud de las personas.

Citaron, por ejemplo, el caso de la leche contaminada con melanina (Cianuramida), ocurrido en 2010. Se trató de una leche importada de la República China. Ese es un producto altamente nefrotóxico que produce insuficiencia renal aguda por necrosis del túbulo distal, enfermedad intersticial y precipitación de cristales en el túbulo renal.

“La melamina fue agregada por el productor de manera deliberada a la leche, para ‘aumentar los niveles de nitrógeno’, y de esta manera evadir controles para identificar bajo contenido de proteínas, [mediante técnicas de identificación de nitrógeno], como resultado de la dilución del producto”, expresaron los voceros de la Red Defendamos la Epidemiología Nacional y la Sociedad Venezolana de Salud Pública.

A juicio de los investigadores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) —en un informe realizado por expertos en el tema durante  septiembre de 2008— advirtió sobre los potenciales efectos nocivos para la salud de las personas que consumieron accidentalmente esa sustancia contaminante, en formas de preparados lácteos y caramelos de marca “WhiteRabbit” y otros alimentos realizados con base a lácteos.

“Los productos lácteos elaborados y provenientes de China fueron exportados al menos a 20 países y fueron identificados en regiones latinoamericanas como Costa Rica y México. En esas naciones, al igual que Colombia, Panamá y Puerto Rico, activaron precozmente sus sistemas de control sanitario y pusieron en práctica medidas inmediatas prohibiendo la importación de productos lácteos y otros productos similares elaborados en China. Venezuela no hizo pronunciamiento sobre esta materia”.

Los doctores de la red acotaron que China fue uno de los países que exportó productos lácteos a Venezuela. Luis Pulido, presidente de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) para entonces, negó que la leche importada de ese país estuviera contaminada con melamina, en tal sentido expresó: “No existe riesgo en lo absoluto de que la leche que distribuye la Pdval esté contaminada con melaninas o con alguna otra bacteria” (sic).

Se lee en el comunicado que el 2 de julio de 2010, el Director General de Contraloría Sanitaria del Ministerio de Salud admitió que, efectivamente, en 2007 fue importada para ser distribuida por Pdval leche contaminada con melamina y que la Contraloría Sanitaria del ministerio no otorgó el registro y la certificación autorizando el consumo humano, por haber identificado melamina en una concentración aproximada de 6,6 mg por kilo de producto, 6,6 veces más que el valor máximo permitido.

Otro caso que ponen sobre el tapete es el relacionado con Pdval. En 2010, el escándalo de ‘pudreval’, sacudió a la opinión pública:

“Cientos de miles de toneladas de alimentos importados se perdieron por graves fallas en la conservación, refrigeración, almacenamiento y transporte. El daño al patrimonio de la Nación fue enorme. Se desconoce el impacto sobre la salud de la población que pudo consumir productos en mal estado. Un amplio resumen de este caso está disponible en el portal de Transparencia Venezuela”.

También la calidad de los productos de Mercal deja mucho que desear, pues en 2015, un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Higiene (INH), publicó los resultados de los análisis de muestras de los alimentos importados y vendidos mediante la Red Mercal en el estado Nueva Esparta, entre 2006 y 2014.

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Los resultados fueron muy preocupantes, según los investigadores: 101 lotes fueron analizados, 54 procedían de Venezuela; 24 de Brasil; 9 de Ecuador; 6 de Argentina; 5 de Nicaragua; 1 de Colombia, 1 de Italia y 1 de Uruguay; pero dos lotes de leche UHT y otros 2 de carne congelada presentaron recuentos de aerobios mesófilos superiores a las estipulaciones, en algunas de las unidades analizadas.

Por otra parte, 3 de los 9 lotes de salchichas cocidas incumplieron alguno de los requisitos con carácter de recomendación; igualmente, 5 de los 16 lotes de harina de maíz mostraron recuentos de mohos por encima de la norma y 10 de los 17 de leche en polvo recuentos de esporas termófilas, identificadas más frecuentemente en los últimos 4 años de la investigación.

“Se concluye que estos incumplimientos indican fallas de control durante la cadena de producción, reenvasado, almacenamiento a temperaturas adecuadas, o comercialización bien sea de materias primas o de productos terminados”.

Los médicos que suscriben el boletín, José Félix Oletta, Carlos Walter, Ángel Rafael Orihuela, Oswaldo Godoy, Ana Carvajal, Julio Castro, Saúl Peña y Andrés Barreto, explican que los mohos micotoxigénicos (producidos por hongos del género Fusarium, Penicillum y Aspergilum), son lesivos a la salud humana e indican contaminación del producto, antes o después de la cosecha del maíz y procesamiento de la harina.

Y estimaron que el origen de las esporas termófilas en los productos considerados en este trabajo, también pudiera ser resultado de la inobservancia de las normas de buenas de manufactura en las empresas empacadoras que trasvasaron la leche en polvo importada, desde los sacos de papel de unos 25 Kg o más, a los empaques de un kilogramo, para su venta al detal.

Las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) no quedan por fuera de estos alertas, pues vienen con productos importados de México, Panamá, Costa Rica, Colombia y otros países

“Los errores del Gobierno en las políticas de seguridad alimentaria y nutrición de la población siguen agravando. Esta vez, desde abril de 2016, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de los Clap para revolucionar la distribución de alimentos de la población y asegurar la soberanía alimentaria, y en vez de estimular la producción nacional de alimentos, se pretende satisfacer el hambre de la población mediante el perverso mecanismo de estos comités, mecanismo de dominación social del régimen, incapaz de garantizar la seguridad alimentaria de la población”.

Desde la última semana de diciembre de 2016 observaron que las bolsas ahora ni siquiera son hechas en Venezuela. Las primeras cajas de productos fueron elaborados de México, Panamá y Colombia. Originalmente, el costo de esta caja era de Bs. 10.450, e incluía cuatro kilos de arroz, 10 paquetes de pasta de 200 gramos cada uno, tres paquetes de fideos de 200 gramos, un litro de aceite de soya, seis latas de atún, una salsa de tomate, una mayonesa, dos paquetes de lentejas de 500 gramos, dos kilos de caraotas, un kilo de azúcar, medio kilo de leche completa y dos empaques de harina de maíz sin gluten que contiene 2,25 kilogramos.

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“Más recientemente, contienen 19 productos, 2 de ellos son de harina producida por la empresa nacional CASA y los 17 restantes son importados: de distintos lugares de América. Un litro de aceite de soya de Argentina, ‘solo para ser exportado a Panamá’ según la leyenda en el envase; un kilo de leche en polvo de Costa Rica ‘que puede ser usada en Honduras’; dos latas de atún del Ecuador; un jamón enlatado y dos medios kilos de arroz sin gluten de Estados Unidos; un paquete de lentejas, arvejas y caraotas de medio kilo cada uno de Panamá” (sic).

Los especialistas dijeron que se ha advertido que la importación de estos productos, deja ganancias astronómicas a los importadores e intermediarios favorecidos. “Las personas que adquieren estas cajas pagan Bs. 10.400, cuando el costo de adquisición es de unos Bs. 162 a  la tasa de cambio preferencial de Bs. 10  por dólar. Se estima que este programa tiene además una cobertura de población que no alcanza 10 % de la meta”.

Pero, ¿qué decir de la calidad e inocuidad de los alimentos importados que conforman estas cajas?

Según los órganos que hacen esta alerta, las fotografías tomadas a los envases de estos productos elaborados indican fechas de expiración a corto o muy corto plazo; ninguno de los empaques de los productos están rotulados con los permisos o registros sanitarios que debe otorgar MinSalud como requisito indispensable para autorizar la importación, consumo y comercialización de alimentos. Los empaques tampoco indican que los productos son importados directamente por el Gobierno o que se estén aplicando medidas excepcionales que justifiquen obviar los requisitos y normas exigidas para la importación de productos alimenticios elaborados en el exterior”.

En consecuencia, se preguntan ¿el propio Gobierno cumplió y cumple a cabalidad las disposiciones del Reglamento General de Alimentos del Ministerio de Salud y de las Normas Complementarias del Reglamento de Alimentos del mencionado Ministerio?

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Tales requisitos son obligatorios e indispensables para el consumo y comercialización de todo tipo de alimentos en Venezuela y permitirían garantizar su calidad, seguridad e inocuidad.

Exhortaron entonces al Gobierno y al ministerio a responder a esta pregunta; a la Defensoría del Pueblo, verificar que se cumplen las garantías para el ejercicio pleno al derecho a una alimentación balanceada, de calidad y exenta de riesgos para la salud y de la vida de las personas; a la Asamblea Nacional, como órgano contralor sobre las actuaciones del Ejecutivo; a la Contraloría General y la Fiscalía General, para evaluar el desempeño y la pulcritud de los funcionarios involucrados en estos casos. Todo ello para garantizar la obtención de alimentos sanos, nutritivos y libres de peligros para el consumo de la población

Foto referencial: Archivo Crónica.Uno



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