La Eurocámara aprobó este jueves con 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, que el Consejo Europeo aplique sanciones adicionales a funcionarios vinculados al gobierno chavista y que las medidas sean extendidas a sus familiares cercanos.

Caracas. El Europarlamento aprobó este jueves un acuerdo que solicita se apliquen sanciones adicionales contra el gobierno de Nicolás Maduro y sus funcionarios. Para tomar esta decisión tuvieron en cuenta el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en el que se acusa a los funcionarios del madurismo de violación de los DD. HH.

El acuerdo, aprobado con 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, reitera el apoyo al presidente de la Asamblea Nacional (AN) y encargado de la República, Juan Guaidó, como única autoridad legítima en Venezuela, y señala a Nicolás Maduro como principal responsable de la crisis económica y política que atraviesa el país. Asimismo, el texto apunta la participación de las fuerzas armadas y de inteligencia en el «uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática y la reinstauración del Estado de Derecho en el país”.

Como parte de las denuncias tratadas en la cámara sobre la violación de Derechos Humanos, se destacó el caso del capitán Acosta Arévalo, cuyos familiares y abogados denunciaron que murió como consecuencia de las torturas recibidas mientras se encontraba en custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Para ejercer presión, el Europarlamento solicita entonces que el Consejo Europeo aumente la presión sobre el Gobierno a través de sanciones adicionales contra la administración de Maduro, incluyendo sus funcionarios, a quienes piden restringir movimientos y congelar activos, acciones que piden que también se apliquen a sus familiares cercanos.

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El acuerdo aprobado este jueves sigue además la línea del documento publicado el martes por el asesor especial designado por la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, en el que se apoya la negociación como vía de solución a la crisis política, y se llama a incrementar las sanciones en caso de que no se encuentre una solución a través de dicho mecanismo.


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