Exigen aplicar protocolos internacionales en investigación de tortura del capitán Acosta

capitan rafael acosta | capitán acosta/ Capitán Acosta Arévalo

La diputada a la AN, Delsa Solórzano, pidió que la averiguación de la muerte del capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo, quien estaba detenido en la Dgcim, la realicen expertos internacionales para que haya transparencia. El fiscal designado por la ANC informó acerca de la detención de dos guardias por este hecho.

Caracas. El capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Rafael Acosta Arévalo murió tras sufrir torturas a manos de funcionarios en la sede de la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta. Así denunció su defensa luego de que el 28 de junio fuese trasladado a los tribunales militares.

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) Delsa Solórzano exigió una investigación independiente, excluyendo a las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, bajo la aplicación los protocolos de Estambul y de Minnesota, emitidos por la oficina para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El primer documento establece los mecanismos de investigación cuando hay sospechas o pruebas de tortura contra un detenido bajo custodia del Estado y la segunda se aplica cuando ya ha ocurrido la muerte por tortura.

Mientras Solórzano ofrecía estas declaraciones la tarde de este lunes 1° de julio, Tarek William Saab, el fiscal elegido por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), informaba a través de la red social Twitter acerca de la detención de dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) presuntamente involucrados con la muerte del capitán.

El capitán de corbeta llegó al Tribunal Militar Tercero de Control en silla de ruedas, no hablaba y solo pedía auxilio a su abogado, de acuerdo con la abogada defensora de los Derechos Humanos, Tamara Suju.

Al no poder ponerse de pie el juez, capitán de la GNB Maikel Amezquita Pio, ordenó que lo trasladaran hasta el hospital militar del ejército Dr. Vicente Salías Sanoja, en Fuerte Tiuna. Ahí falleció a la 1:00 a. m. del sábado 29 de junio.

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Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, indicó que la aplicación del protocolo de Estambul también aplica para el resto de los militares que siguen vivos y han sido torturados por los funcionarios de la Dgcim.

Ambos protocolos establecen que la investigación es independiente, tiene que estar llevada a cabo por funcionarios que no tengan vinculación política con los responsables de los hechos. No podemos contar con el usurpador Tarek William Saab, que es un instrumento político de Maduro y sus cómplices. Es un dirigente del partido de gobierno y ha ejercido cargos de dirigente político. No puede verse como una investigación independiente la que lleve él.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Paz también exigió que se designe a un cuerpo de expertos internacionales para que haya transparencia en la investigación y protección a los familiares de las víctimas.

Los representantes de la ONU que están en el país deben cumplir una función, reconocer a Tarek William Saab es desconocer la legislación interna, por eso exigimos una investigación imparcial, añadió.

El fiscal designado por la ANC, William Saab, informó que el teniente de la GNB, Antonio Tarascio Ascanio y el sargento segundo de la GNB, Estiben José Zárate Soto, fueron detenidos como presuntos responsables del hecho. El fiscal 34° nacional imputó el delito de homicidio preterintencional concausal.

Sin embargo, la diputada Solorzano dijo que deben incluirse los delitos de tortura contra los detenidos, pues la desaparición forzada y la tortura implicó la muerte del capitán de corbeta.

Estas dos detenciones no son suficientes, hay más funcionarios involucrados, desde quien dio la orden para las detenciones que se convirtieron en desapariciones forzadas. Hay autores materiales e intelectuales en este hecho, debemos saber quiénes lo hicieron no solo en el caso del capitán sino del resto, agregó.

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Según la Comisión de Defensa de la AN, 197 efectivos (eran 198 con el capitán Acosta) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) están presos en los sótanos de la Dgcim, en los calabozos de Fuerte Tiuna o en la cárcel de Ramo Verde.

Cadáver permanece en la morgue

El abogado de la víctima, Alonso Medina Roa, denunció que hasta las 6:00 p. m. de este lunes 1° de julio no había sido entregado el cadáver del capitán de corbeta, que se encuentra en la medicatura forense de Bello Monte, porque el Ministerio Público no ha dado la orden.

Waleswka Pérez, pareja de Acosta, pidió a través de sus redes sociales que le entreguen el cuerpo de su esposo “asesinado impunemente. Ya es suficiente. Es mucho dolor y tristeza”, escribió en un tuit.

El capitán de corbeta Acosta fue detenido el 21 de junio en el Centro Comercial Buenaventura, en el estado Miranda, poco después de que la alta comisionada de la ONU, Michell Bachelet, se fuera del país tras la visita que realizó a Caracas desde el 19 hasta el 21 de junio.

Estuvo desaparecido durante siete días e incomunicado de sus familiares y abogados hasta la presentación a tribunales el viernes 28 de junio. Era acusado por supuestos actos de terrorismo y magnicidio en grado de frustración, sin que se llegara a realizar la audiencia por su estado de salud.

La noche del 21 de junio también detuvieron a los coroneles de la Aviación Miguel Alberto Castillo y Francisco Torres, y al general de Brigada de la Aviación, Miguel Siso Mora. También a dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Miguel Ibarreto y José Balladares.

Rocío Sanmiguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, expresó a través de un comunicado que el asesinato de Arévalo evidencia el alcance de impunidad con la que actúan los órganos de inteligencia del Estado.

Los dos principales órganos de inteligencia en el país, la Dgcim y el Sebin operan como centros de reclusión, es decir, no solo vigilan, sino detienen a las personas y las mantienen en cautiverio sin control judicial alguno, para ir formando expedientes penales en su contra a conveniencia, que generalmente incluso, se exhiben en la televisión estatal.

Mientras que Provea informó que de los 100 casos de torturas registrados en el 2018, 75 fueron cometidos por la Dgcim.

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