Trabajadores del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar señalan que el registro de Misión Vivienda, planteado para el próximo mes y que es la antesala al censo nacional adelantado para 2019, no es posible. La institución no dispone de personal calificado ni del equipamiento necesario para ejecutar la actividad que pretende cualificar y cuantificar el perfil topográfico de 1775 zonas urbanas.
Caracas. En la Venezuela proyectada por el Ministerio de Planificación, cada casa de Misión Vivienda tendrá su coordenada, también las tendrán los Centros de Diagnóstico Integral, los módulos de Barrio Adentro, las escuelas y plazas. Todo un entramado de “orden” que, en el mundo de las ideas, esboza el país del futuro, uno en donde, según el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, no solo podrán cuantificar las unidades habitacionales adjudicadas, también contarán con las herramientas para evaluar la operatividad de los servicios, la infraestructura y los requerimientos vinculados a la salud y educación.
A juicio del titular de Planificación, el registro busca sincronizar los espacios de gobierno para construir una nueva base de datos estadísticos. Pero se trata de un proyecto ambicioso si se toma en cuenta que esa Venezuela prometedora, en la que el Gobierno pretende fomentar la planificación, se delineará a partir del 1° de agosto de este año, cuando la cartera de Planificación tiene previsto iniciar un registro de viviendas en 1775 urbanismos levantados por el Estado en todo el territorio.
Es, grosso modo, la mayor promesa del Gobierno, una enmarcada en la nueva geometría del poder planteada por el fallecido presidente Hugo Chávez, quien pretendía dar un nuevo orden al país para el ejercicio del poder público. A propósito de ello, en días pasados el ministro de Planificación señaló que los urbanismos públicos pasan a ser los injertos de ese nuevo modelo de desarrollo urbano: las ciudades socialistas.
Nada nuevo para un gobierno que, a juicio de sus detractores, anhela el control absoluto. Pero más allá de la cuestión política, trabajadores del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (Igvsb), señalan que el registro de Misión Vivienda, planteado para el próximo mes y que es la antesala al censo nacional adelantado para 2019, no es posible.
El Igvsb, que es el ente rector en materia de cartografía y que encabeza los censos en el país, está en cierre técnico: no dispone de personal calificado ni del equipamiento necesario para ejecutar la actividad que pretende cualificar y cuantificar el perfil topográfico de centenares de asentamientos urbanos. Los programas informáticos (softwares) usados para reproducir las imágenes halladas durante el trabajo de campo además están vencidos. Los técnicos y profesionales del Instituto aseguran que no tienen las licencias para trabajar con los programas Micro Station ni Summit Evolution, que permiten gestionar grandes proyectos fotogramétricos.
Damaris Méndez, asistente de la Gerencia General de Cartografía del Instituto Geográfico de Venezuela, asegura que el personal se marchó y no hay quien lleve adelante el registro. En medio de la crisis económica que paraliza las principales instituciones nacionales, los empleados del Igvsb saben que no son la excepción. Las computadoras de la institución tienen por lo menos 8 años rezagadas. Hay equipos inoperativos y aguardan por la sustitución del avión siniestrado hace al menos ocho años en La Carlota, para retomar el plan de vuelos y hacer nuevas tomas aéreas.
Ambar Flores, del área de control de calidad, sostiene que de 163 profesionales y técnicos de cartografía solo quedan 25. La última diáspora de trabajadores se dio a mediados de 2017, cuando decenas de ingenieros, administradores y geógrafos abandonaron sus puestos de trabajo para no volver. De 900 empleados que engrosaban en instituto, hoy solo quedan 250, según la también portavoz de la Comisión de Contraloría del Consejos de trabajadores del Instituto Geográfico, Damaris Méndez.
Los profesionales aseguran que por lo menos cinco líneas de investigación se han detenido por la falta de recursos y personal. “No tenemos licencia para trabajar con los programas, usamos programas de prueba que debemos actualizar mensualmente”, sostienen los ingenieros.
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Explican que en Caracas, cuya actualización cartográfica debería hacerse por lo menos anualmente, están de manos atadas, al igual que en el interior del país, cuyos mapas deben revisarse cada cinco años. Pero nada de ello ocurre. Hasta 2005, señalan los trabajadores, compartían la responsabilidad con algunas empresas privadas, pero el sector se vino a menos por fuerza de la crisis y muchas se han retirado del país.
El problema es global. Falla la tecnología, los equipos y los profesionales en el área de geodesia que son los encargados de hacer el trabajo de campo. Julio Monsalve, insiste en que no tienen la data cartográfica actualizada y que los mapas tienen un rezago de por lo menos una década. La plataforma digital tiene fallas básicas, los servidores están en mal estado y han perdido bancos de imágenes en varias ocasiones. Tampoco tienen quien arregle los equipos y las oficinas de tecnologías del instituto están desprovistas de su principal recurso: trabajadores especializados. “Nosotros somos servidores, soy patriota, pero dudo que se pueda llevar a cabo el registro de Misión Vivienda y menos el Censo 2019”, dice Julio Monsalve.
Los trabajadores piden al Ejecutivo que designe una comisión que evalúe la operatividad del Instituto Geográfico Simón Bolívar y levante un inventario de las fallas. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidades, es obligación del Estado valorar cada cierto tiempo las condiciones de habitabilidad de los territorios para procurar mejores servicios.
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