Falleció detenido en calabozos de la PNB de Boleíta

Luis Urbaez, de 30 años, estaba preso desde noviembre de 2018. Tenía un absceso en la garganta que se complicó a raíz del motín ocurrido hace tres semanas, y que dejó a dos privados de libertad muertos. 

Caracas. Luis Santiago Urbaez murió en el hospital Domingo Luciani, de El Llanito, donde estuvo recluido durante seis días. Ahí llegó complicado desde los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta, por un absceso en la garganta. 

Según sus familiares, las complicaciones se presentaron luego del motín que hubo el martes 4 de septiembre, en el que asesinaron a dos detenidos y más de 20 resultaron heridos. 

Durante esos hechos los familiares que se reunieron afuera de los calabozos —a la espera de noticias de los privados de libertad— denunciaron que deben pagarle a los policías que custodian para hacerles llegar comida, bebidas y hasta medicamentos a un detenido en este recinto.  

Contaron que deben pagar al menos 25.000 bolívares por un medicamento. En el caso de Luis Urbaez sus familiares señalaron que era complicado hacerle llegar las medicinas para bajarle la fiebre, que le dio después de que se reventara el absceso.

Tramitaron los permisos necesarios para trasladarlo al hospital y aunque lo operaron, no resistió. El joven de 30 años estaba detenido en zona 7 desde noviembre de 2018 por presunta estafa. Dejó a dos hijos huérfanos. 

Enfermedades sin tratamientos 

Parientes denunciaron que en los calabozos de la PNB de Boleíta, conocido también como zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, hay más de 20 detenidos con tuberculosis. 

La cifra va en cuenta de las madres, como Yaneth Arenas, quien ha anotado en un cuaderno el nombre y datos de cada enfermo con tuberculosis. Aseguró que en casos como el de su hijo recibe la medicación que le otorga la Sanidad, pero no es regular.

Una Ventana a la Libertad, ONG que defiende los derechos humanos de los privados de libertad, ha denunciado la grave situación en la que se encuentran los detenidos en este centro de detención preventiva. 

Además del hacinamiento —pues alberga 870 detenidos en un sitio con capacidad para 150— señalaron que la infraestructura no es la adecuada para mantener a tantos detenidos por un lapso mayor a las 48 horas. 

También aseguran que el retardo procesal penal y hechos de corrupción, que denuncian los parientes, empeoran la situación de los internos, algunos con dos años ahí.

Según cifras del Monitor de Víctimas, al menos 12 asesinatos se han registrado entre mayo y agosto de 2019 dentro de estos calabozos, de los cuales el Ministerio para el Servicio Penitenciario no se responsabiliza.