Luego de un mes de la muerte de Fernando Albán, su familia, que desde entonces ha guardado silencio, ha hecho pública una carta en la que señalan que tienen derecho a saber lo que pasó con el concejal cuando falleció dentro de las instalaciones del Sebin.
Caracas. La familia del concejal Fernando Albán, quien hoy cumple un mes de haber sido asesinado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, se dirigió al país para comunicar su posición sobre este hecho que conmocionó a Venezuela y el mundo. “A un mes de su muerte hemos guardado silencio, orando por su alma, intentado sobrellevar el infinito dolor, vacío e impotencia causados por su abrupta e injustificada partida. Intentando comprender lo sucedido y rogando a Dios que se haga justicia”, señaló la familia en un carta.
La familia recuerda que Fernando Albán fue detenido ilegalmente en el aeropuerto de Maiquetía a su llegada de la ciudad de Nueva York e incomunicado por más de 24 horas por parte del Sebin. “No fue presentado ante el tribunal competente y se le mantuvo privado de libertad aun vencido el lapso que dispone la Constitución y la ley; todo ello, en un procedimiento judicial plagado de violaciones al debido proceso, y cuyo fin era que acusara falsamente a Julio Borges del supuesto intento de magnicidio. Luego de esto, sobrevino inusitadamente su muerte”, dicen en la comunicación.
“Lo que aún no sabemos ni comprendemos y, por ello, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, y tomaremos las acciones pertinentes para lograr justicia, es: ¿Por qué el Fiscal General (de cuestionada legitimidad por no haber sido designado por el órgano constitucionalmente competente), señor Tarek Willam Saab, al informar sobre la muerte de Fernando, calificó su muerte, de manera precoz e ilegal, como un “suicidio”, sin haber realizado investigación de ningún tipo? ¿Por qué posteriormente se contradijo en cuanto a la forma en que habrían ocurrido los hechos, y sus declaraciones también son contradictorias a las dadas por el Ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol”.
En la misiva se pregunta: “¿Por qué el señor Saab mintió diciendo en rueda de prensa que ha entregado a los familiares la autopsia, cuando eso es radicalmente falso. ¿Por qué no se conoce con certeza quién realizó la autopsia ni sus credenciales profesionales? Si supuestamente existe una investigación sobre la muerte, ¿por qué no se ha notificado a ningún familiar? ¿Por qué el mismo señor Saab, en vez de verificar una investigación transparente, amenaza a quienes señalen que se cometió un homicidio?”.
Recuerdan que “un diputado de la Asamblea Nacional, la fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz, el Partido Primero Justicia, miembros del parlamento español y del Europarlamento. han afirmado que ‘a Fernando Albán lo torturaron y asesinaron'” y que murió bajo la custodia del Estado.
Indican que “era conocido opositor al Gobierno y su supuesto suicidio se verificó en circunstancias inexplicadas, todo lo cual encuadra en los específicos supuestos de muerte potencialmente ilícita, en los términos del Protocolo de Minnesota, el cual debe ser aplicado en la presente investigación, al igual que el Protocolo de Estambul, por las torturas a las que podría haber sido sometido”.
Los familiares del dirigente del Partido Primero Justicia aseguran que tiene derecho a saber lo que le ocurrió “y en Venezuela no contamos con un sistema que pueda garantizar que se haga justicia en su caso. Por ello exigimos se practique una investigación independiente, con participación de expertos designados por los familiares a los fines de establecer si estamos en presencia de una ejecución extrajudicial. Solicitamos a la Asamblea Nacional, al partido Primero Justicia, la Organización de Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas, que intervengan y ayuden en este propósito”.
Foto Referencial / Luis Morillo / Archivo
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