Una de las víctimas es José Rafael Arévalo, de 29 años, ejecutado en su casa en el barrio Kennedy el 8 de enero de este año por uniformados de las FAES. La otra víctima es Samuel Enrique Méndez de 25 años, quien recibió un disparo el pasado 30 de abril durante una manifestación en La Victoria, estado Aragua, que era repelida por la Policía Municipal. Ambos casos serán presentados a los técnicos que la Alta Comisionada para los DD. HH. de la ONU dejó en el país.
Caracas. Dos casos de ejecuciones policiales fueron presentados este miércoles ante la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, instancia que luego de escuchar los testimonios de los familiares de los jóvenes asesinados, se comprometió a elevarlos ante los técnicos que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dejó en el país en junio pasado.
El primero de los casos fue presentado por Yuribia Méndez, tía del joven Samuel Enrique Méndez, y por el diputado por el estado Aragua, José Gregorio Hernández.
“Acudimos a la comisión en busca de justicia. Para que la muerte de Samuel no quede impune. En todos estos meses no nos han contactado las autoridades. No hay una investigación, no hay un detenido. Samuel solo quería la libertad de Venezuela. Su vida y sus sueños quedaron truncados”, dijo Yuribia Méndez,
El diputado Hernández relató que Samuel fue asesinado el 30 de abril cuando efectivos de varios cuerpos de seguridad y civiles armados reprimieron una protesta pacífica registrada en La Victoria, en las inmediaciones de la alcaldía del municipio José Félix Ribas.
“A una protesta pacífica llegaron funcionarios de la policía municipal de La Victoria, de la policía del estado Aragua, guardias nacionales y colectivos quienes arremetieron contra la protesta. En ese momento resultó herido mortalmente el joven Samuel Enrique Méndez de 25 años, quien estaba en la protesta. Los colectivos y funcionarios policiales lo agarraron, lo metieron a unas instalaciones de la alcaldía y en presencia de todos fue golpeado salvajemente, le dispararon a quemarropa y luego de estar muerto, su cuerpo inerte fue nuevamente golpeado y lanzado a la calle, donde los ciudadanos indignados lo recogieron”, dijo Hernández.
El parlamentario responsabilizó directamente al director de Seguridad Ciudadana de La Victoria Frank Ramírez, quien es a la vez funcionario de Poliaragua y pareja de la alcaldesa de La Victoria, Sumiré Ferrara (PSUV): “Es necesario indicar la presencia en ese sitio, dirigiendo todos estos acontecimientos, de la alcaldesa de La Victoria y de su esposo, el jefe de Seguridad Ciudadana del municipio”.
Yuribia Méndez afirmó que Samuel era estudiante de Diseño, miembro activo de una iglesia cristiana y dirigente comunitario. Dijo que el padre de Samuel se fue a Perú meses antes del suceso, buscando oportunidades. La madre falleció en septiembre de 2018 por un aneurisma cerebral que le dio tras enterarse de que la familia había sido objeto de una estafa en la compra de medicamentos para tratar el cáncer de la abuela de Samuel.
En el mismo hecho en el que murió Samuel Méndez fueron heridas otras 60 personas. Entre ellas un adolescente de 16 años, Joyner Peralta, quien falleció dos días más tarde.
Dolientes del barrio Kennedy
El otro caso elevado este miércoles ante la comisión de Política Interior fue presentado por Zuleika Pérez, madre de José Rafael Arévalo, de 29 años, ejecutado en su casa en el barrio Kennedy en Caracas, el 8 de enero de este año.
Zuleika Pérez afirmó que funcionarios de las FAES llegaron a la casa de su hijo poco antes de las 6:00 de la mañana, sacaron a su esposa y a sus dos hijos del lugar, y lo asesinaron.
“Yo denuncio luego de seis meses porque, primero, hemos recibido amenazas telefónicas, y segundo, porque en este país la pena de muerte no existe y si no existe, ¿por qué mataron así a mi hijo, sin un juicio? Ellos grabaron un video donde se ve que ellos mandan a mi hijo a ponerse la camisa, lo paran de la cama y se ve que mi hijo les dice que no lo maten. Fue prácticamente una pena de muerte”, dijo Zuleika Pérez.
La mujer recordó que ese mismo día 8 de enero, otros 5 jóvenes murieron en Kennedy y Macarao durante un operativo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana: “Eso fue una masacre porque si esos muchachos eran delincuentes, tenían que llevarlos a los tribunales”.
Zuleika dijo que José Rafael había sido condenado a prisión en el pasado reciente: ”Eso fue hace seis años. Él pagó por ese delito, había salido en libertad plena hace año y medio. Trabajó en la Alcaldía Metropolitana, luego trabajaba con su cuñada en un local en Sabana Grande y estaba plenamente insertado en la sociedad. Si él tenía un delito, ellos tenían que imputarlo, llevarlo a tribunales y hacerle su proceso bajo la legislación venezolana”.
La mujer expresó su temor de que ella o su familia sean perseguidos o lastimados por hacer esta denuncia: “En el barrio se comenta que para ese día vistieron a personas que no son del FAES como si fueran del FAES. Ese es el temor que yo tengo y lo digo: si a mí o a mi familia en Kennedy le pasa algo nosotros sabemos quiénes son esas personas”.
Contó que los uniformados se robaron varias pertenencias y objetos personales de la vivienda, entre ellos un reloj que fue un regalo de Navidad, el pasaporte y un protector de nevera.
“Eso fue una ejecución, eso fue simulación de hecho punible y yo pido justicia. Desde el director de las FAES hacia abajo todos tienen responsabilidad penal y la responsabilidad penal es individual”, dijo Zuleika Pérez.
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