Piden a la ONU venir al país a constatar violación de DD.HH de presos políticos

Desde la sede del PNUD denunciaron las torturas que han sido sometidos los reclusos. Exigen justicia y libertad. Todos expresan que no hay garantía de vida de los detenidos y que la comunidad internacional debería apoyarlos. por lo que piden que vengan una representación de alto comisionado de DD.HH de la ONU.

Caracas. Tras la muerte del concejal, Fernando Albán, los familiares de los presos políticos exigen a la comunidad internacional acciones contundentes. No les basta los pronunciamientos desde el exterior y manifiestan que bajo el gobierno de Nicolás Maduro no conseguirán justicia ni libertad. Continúan agotando los recursos internos, por ende, introdujeron un documento ante la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el que solicita una visita de la comisión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU a Venezuela para que constate la violación de los derechos humanos a los detenidos en el país.

“¿Quién le devuelve la vida a esos familiares? ¿Quién responde por sus vidas? Por eso, desde Proyecto Libertad, estamos utilizando todas las herramientas necesarias para lograr justicia y libertad. Todas las víctimas estamos fuertes y juntos en este propósito. Mañana puede amanecer otro preso muerto porque no hay garantía de vida en las cárceles de Venezuela. Queremos que vengan y no solo por los presos, todos los venezolanos están en riesgo. Si uno se enferma no hay garantía para curarse, si uno tiene un accidente no hay garantía de recuperarse porque no hay insumos médicos en los hospitales. La Cruz Roja debería entrar a las cárceles de Venezuela”, dijo Lilian Tintori, esposa de Leopoldo Lopez, preso político desde el 2014.

Tintori destacó que todas las muertes en Venezuela deben ser respetadas, veladas y honradas, ya sea la de un político, enfermera, ama de casa o maestra. Por su parte, manifestó que a pesar de que hay una oposición, encarcelada, inhabilitada y exiliada, todos siguen firmes y dispuestos a rescatar la libertad. No dejó de recordar las torturas a las que fue sometida su pareja mientras estuvo en Ramo Verde. Lo desnudaban diez veces al día, lo apuntaban con un fusil en el pecho en las madrugadas y lo amenazaban con dispararlo. Le apagaban la luz a las seis de la tarde, le quitaban los libros y no le permitían ni una vela. Igualmente, comentó que hubo un día que le lanzaron excremento humano desde una ventana a su celda y lo dejaron encerrado por doce horas.

En esta sede del PNUD, ubicada en la av. Francisco de Miranda, los familiares realizaron un pequeño mural en la que colocaban los nombres de los distintos presos políticos. La ONG Coalición por los DD.HH y la Democracia ha contabilizado 400 presos políticos en el país, de los cuales 160 son militares. Entre ellos se encuentra, el comandante Henry José Medina Gutiérrez, quien tiene 7 meses retenido en Ramo Verde por los presuntos delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Su esposa, Leonela Difurt, exige que el Alto Comisionado venga para que observe el hacinamiento en las celdas. “Mi esposo está en una celda con otras 17 personas y existe otra celda que denominan el tigrito, donde, por lo menos, hay 11 personas que evacuan y comen en el mismo espacio. Todo es una tortura. Mi hija de seis años no entiende y me pregunta que cuándo se va a terminar el curso que está haciendo su papá”, expresó.

Civiles y militares sufren los castigos de los cuerpos de seguridad del Estado. Mónica Santamaría, hermana de José Luis Santamaría, preso en el 2014 y 2017, cuenta que a su familiar lo han sumergido en potes de agua para obligarlo a responder las preguntas de los funcionarios. También dice que le han destruido sus manos. Pero nunca se ha quedado callada. “Tarek Williams Saab, ni como defensor, ni como Fiscal ha hecho nada. Y él sabe que todo lo hemos denunciado. Nuestros relatos están allí”, señaló.

Igualmente lo ha denunciado la hermana de Vasco Da Costa, Ana Da Costa. Él fue detenido junto a Santamaría. La preocupación de ella reposa en la poca capacidad que tienen los familiares al momento de proteger a los presos. “A mi hermano le dejaron claro que su vida quedaba a la suerte. Le dijeron que la línea de mando empezaba desde Maduro, seguía a la casa militar y luego a ellos (Sebin o Dgcim). Le dijeron que ni Dios lo salvaba. Tienen el poder. Creen que lanzan a alguien de un edificio y nos vamos a quedar callados con el dolor. Por eso necesitamos ayuda. Nosotros tenemos nuestra palabra, nuestra inteligencia pero no tenemos más nada. La oposición venezolana es gente de ideas. El Gobierno son gente de fuerza y armas”, señaló.

Su hermano tiene los pies destrozados por las torturas. Lo han golpeado varias veces en la cabeza, lo han colgado y le han colocado electricidad en sus partes íntimas. Para ella, la tortura psicológica es constante porque todos los días piensa que puede recibir una llamada en la que le informen que su hermano, de 58 años, está muerto. No le desea ese sentimiento a nadie.

El ex preso político  y diputado, Renzo Prieto, corrobora que las torturas en las cárceles del país ocurren todos los días y cree que ya los testimonios se quedaron cortos. Para él, la evidencia es el cuerpo de Fernando Albán. “¿Qué más debemos esperar? ¿Qué más tiene que pasar para que vengan los organismos internacionales a constatar lo que está ocurriendo en Venezuela?”, cuestionó.

Relata que las torturas no son aisladas, es decir, los mismos reclusos pueden ver lo que le hacen a los otros. En su caso, rememora cuando observó a un funcionario de Polichacao esposado de manos y pies, con papel periódico en sus ojos y sin derecho a ir al baño, ni tomar agua o comida. El policía estuvo en esa misma posición por dos días en El Helicoide.

En el 2016 detuvieron a 14 Polichacao. Solo dos se encuentran tras las rejas. Yamileh Zorilla, esposa de uno de ellos,  Fred Marváez, denunció desde la sede del PNUD que su pareja tiene boleta de excarcelación desde hace 2 años y 4 meses. “Eso también es una tortura”, subrayó. Responsabilizó a Nicolás Maduro, a la jueza Ana María Gamuza, quien no ha querido redirigir el documento a la cárcel 26 de julio en San Juan de Los Morros, donde se encuentra Marvéez en el presente, y, al director de este penal, Ramón Perdigón, por la integridad física de su esposo, quien le expresa que está deprimido, flaco y a la espera de su libertad.

Con miedo pero firmes

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La mamá del diputado, Juan Requesens, Paula Martínez, también repitió la misma palabra y sentimiento de los otros familiares: miedo. Su hijo lleva 65 días detenido en El Helicoide. Solo ha podido verlo dos veces en unas visitas que han sido grabadas por los funcionarios del Sebin y cortas de tiempo. La primera duró una hora y la segunda, que fue el pasado domingo 7 octubre, transcurrió entre las 11:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. Teme que el dirigente de Primero Justicia se haya enterado de la noticia del concejal. Sabe que lo va afectar emocionalmente, así como la ha lastimado y alertado a ella. “Yo no tengo seguridad de que él esté bien. No nos han permitido tener visitas regulares. Lo visité ese día, y al siguiente, ocurrió lo de Albán. No hay seguridad”, reclamó.

Por otro lado, las hijas del general, Raúl Isaías Baduel, quien lleva dos meses aislado en el Sebin, en Plaza Venezuela, transmitieron su miedo. La mañana de este 11 de octubre les volvieron a negar el permiso de visita a Margaret Baduel y Andreína Baduel, quienes hace una semana informaron que les había llegado un rumor sobre que había un muerto en esta prisión conocida como La Tumba.

Foto: Sebastian García Inojosa


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