Familiares esperan por respuestas de Fiscalía tras motín en celdas del Helicoide

Los presos dentro del Sebin se alzaron por segunda vez, en menos de dos meses, para exigir que se cumpla el debido proceso y se respeten sus Derechos Humanos. Sus parientes tienen al menos 55 días sin poder visitarlos y denunciaron que no todos los días les permiten enviarles alimentos.

Caracas. Un día después de que los detenidos en El Helicoide iniciaran una nueva protesta, hay silencio en el Gobierno. Quienes están en las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) exigen que se respete el debido proceso y piden la presencia de la Fiscalía, aunque eso no ha sucedido.

La tarde del lunes 9 de julio el grupo de presos reventó las rejas exigiendo traslados a tribunales, el ingreso de la visita, que liberen a quienes tienen boleta de excarcelación y que se respeten sus Derechos Humanos.

En la revuelta presuntamente les arrojaron una bomba lacrimógena y hubo presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con equipo antimotín. Según dijeron los detenidos a sus familiares, ninguno se encuentra herido, excepto uno de sus compañeros que es hipertenso y fue trasladado en ambulancia para controlarlo.

Desde la noche del lunes los parientes se trasladaron a las adyacencias del Sebin, en apoyo a los presos y para exigir la presencia de una comisión de la fiscalía.

Hoy nos acercamos a la puerta y los funcionarios se voltearon y cerraron las rejas. Nosotros también somos víctimas de agresiones, porque el simple hecho de que no nos digan nada ni nos den respuestas de ellos nos desespera y preocupa. Esperamos por fiscalía, pero nadie viene, dijo Yamile Zorrilla, esposa de Fred Mavares, funcionario de Polichacao, quien tiene boleta de excarcelación desde hace casi dos años.

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Desde el 13 de mayo fueron suspendidas las visitas, luego del primer motín que se registró dentro con las mismas exigencias. Los familiares han denunciado que no todos los días los funcionarios les aceptan la comida y cuando eso sucede no les llega completa.

En 55 días las condiciones no han mejorado, según las denuncias difundidas en las redes sociales a través de varios videos. Queremos negociar con fiscalía y no con los comisarios, porque ellos no cumplen los derechos, expresó Fred Mavares, en un video.

Silencio gubernamental

El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, no se ha pronunciado ni a través de su cuenta de Twitter ni en Venezolana de Televisión acerca de las peticiones de los presos. Tampoco alguna otra autoridad del Gobierno.

Luego del primer motín —en el que también se conoció que dentro del Helicoide había cuatro adolescentes presos— el presidente Nicolás Maduro pidió a la Comisión de la Verdad de la ANC evaluar las causas de los presos políticos.

Posteriormente, hubo tres jornadas de excarcelaciones el 1°, 2 y 13 de junio. Y ni la expresidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, ni el fiscal Tarek William Saab se refirieron nuevamente al respecto o si habría más excarcelaciones.

En la sede del Sebin quedan aún presos con boleta de excarcelación como dos Polichacao, Fred y Reggie Andrade, desde el 8 de agosto de 2016. El 23 de diciembre de 2017, 12 de los 14 uniformados de ese cuerpo policial detenidos presuntamente por el homicidio de un periodista salieron de prisión, excepto ellos dos.

También hay presos que no han sido trasladados a las audiencias, que generalmente son diferidas sin razón. Es el caso de Marisol Coronado, quien tenía el rango de comisario agregada en Polichacao y fue acusada de presunta estafa.

Un familiar —quien por medidas de seguridad pidió no ser identificado— indicó que tiene un año sin traslado a la audiencia. Fue detenida el 14 de junio de 2016 junto con Katherine Campos, a quien excarcelaron bajo medidas cautelares el 8 de diciembre de 2017 y pese a que la funcionaria tiene la misma causa quedó presa.

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El caso Jormanth Linares Ramírez, preso desde octubre de 2017, es similar. Su audiencia ha sido diferida ocho veces, como sucedió el martes de 10 julio.

Yonathan Mustiola, parte de la defensa, explicó que este martes fue trasladado por primera vez desde octubre. Sin embargo, la audiencia fue pospuesta para el 27 de julio porque no se encontraban los otros dos jóvenes implicados.

Como no lo trasladaban, sus abogados no habían podido ser juramentados como parte de la defensa, hoy finalmente fuimos juramentados. Esperamos que se dé el traslado de los tres imputados para el 27 de julio y se celebre la audiencia preliminar, dijo.

El joven fue acusado de terrorismo, fabricación de artefactos explosivos y asociación para delinquir presuntamente por estar involucrado en dos explosiones que ocurrieron en la plaza Altamira, durante las protestas del lunes 10 de julio de 2017.

Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano, indicó que actualmente existen 261 presos políticos. 42 son mujeres, 4 adolescentes y 80 militares.

Foto: cortesía familiares


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