Familiares de militares presos en la Dgcim son víctimas de tortura psicológica

Según testimonios, los parientes de los funcionarios de las Fuerzas Armadas son hostigados por enviados del gobierno de Maduro, como parte del maltrato que les dan a los privados de libertad cuando se niegan a declararse culpables mediante videos.

Caracas. “Vivimos atemorizados. Tememos que si hacemos nuestra vida normal nos embosquen y nos detengan a uno de nosotros. No dormimos bien, porque las veces que han allanado nuestra la casa ha sido de noche y nos da miedo que se presenten tumbando la puerta, como otras veces”.

El familiar de un militar preso político recluido arbitrariamente en las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) contó que no solo sufren por su ilegal detención. También porque afuera son perseguidos y para ellos es una forma de que el gobierno de Nicolás Maduro los torture.

La familia del militar pidió que se omitieran sus datos por miedo de que lo torturen por las declaraciones. Desde su detención han allanado en varias oportunidades la vivienda —se reserva la cifra por seguridad— y les han robado laptops, computadoras, celulares así como otros documentos que, los funcionarios alegan, son de interés. También son perseguidos y les toman fotografías a sus viviendas.

Van acompañados funcionarios del Sebin y la Dgcim. En una oportunidad nos robaron un celular y en una visita se lo vimos en uso a uno de los efectivos. Nos han hackeado las redes sociales y se hacen pasar por nosotros para conocer a nuestras amistades, por lo tanto ya no tenemos redes sociales. Nuestros hijos jóvenes no pueden tener la vida normal de un venezolano”, dijo el familiar.

El gobierno de Nicolás Maduro incurre en diversas irregularidades al momento de las detenciones a militares y civiles, por razones políticas. La mayoría son arbitrarias, fuera de toda legalidad según la Constitución venezolana.

A los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que están en la Dgcim los acusan de presuntas conspiraciones para derrocar a Nicolás Maduro, de atentar contra su vida o, entre otros, de instigación a la rebelión.

De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución, numeral 1, la libertad de una persona es inviolable y “ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti”.

Joel García, abogado y defensor de los Derechos Humanos, explicó basándose en el artículo 44 que cualquier detención fuera de estos parámetros ya es arbitraria. “Si una persona comete un delito puede ser detenida en flagrancia o porque un tribunal ordene su aprehensión”.

Cuando detuvieron al mayor de la Aviación, Adrián Leonardo De Gouveia de Sousa, el 20 de mayo de 2018, no presentaron orden de un tribunal. A las 10:00 p. m. fue interceptado por una comisión de seis vehículos, cuando se dirigía a su trabajo en la Comandancia General de la Aviación, en La Carlota.

Se conoció por allegados al caso que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dgcim, lo sacaron a la fuerza del vehículo y le dieron golpes con sus armas. Posteriormente, lo metieron en otro carro, lo encapucharon, lo esposaron y lo trasladaron hasta la sede de la Dgcim de Boleíta, donde lo torturaron durante varios días.

“En Venezuela hay una particularidad con una jurisprudencia de la Sala Constitucional que ha dado pie a que todo lo arbitrario se vea legal, es la sentencia 526, con fecha 9 de abril de 2001. Cuando una persona es detenida fuera de estos parámetros [artículo 44] y es llevada a un tribunal, las violaciones los derechos cesan, porque esa aberrante sentencia es la que usan para convalidar todas las detenciones arbitrarias”, explicó el abogado García.

Hasta el 1° de julio de 2019, el Foro Penal Venezolano registró 630 presos políticos. De esta cifra 109 son militares y 521 civiles. Mientras que la comisión de Defensa de la Asamblea Nacional sostiene que 198 efectivos de la FANB (la cifra incluye al capitán Acosta Arévalo) están detenidos en Ramo Verde o El Helicoide, hasta junio de este año.

Entre otras de las irregularidades en los casos de detenciones arbitrarias a militares o civiles por motivos políticos, figura la de forjar las actas policiales con la fecha de detención.

“Lo primero que es violatorio de los derechos civiles según la ley y los tratados internacionales es el lapso en el cual son presentados ante el juez. Debe ser dentro de las 48 horas, según el artículo 44 de la Constitución, pero siempre es vulnerado. Los funcionarios a cargo de la aprehensión forjan las actas policiales con las fechas e inventan procedimientos que no ocurrieron para justificarse”, explicó el abogado y coordinador de la ONG Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola.

Según abogados consultados, es común que durante el tiempo de detención en que los militares no son presentados ante un juez se deba, presuntamente, a que son torturados para obligarlos a dar un testimonio e incluso para forzarlos a que graben videos declarándose culpables o señalando a líderes de la oposición de estar involucrados.

A mi esposo lo obligaron a decir que estaba conspirando con varios políticos como María Corina Machado, Leopoldo López o Antonio Ledezma. Él se opuso, porque no era así, y por eso lo torturaron. Después le dijeron que iban contra la familia”, señaló una víctima.

La tortura también la padecen familiares de presos políticos

La muerte del capitán corbeta de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, según su abogado Alonso Medina Roa, como consecuencias de la tortura, destapó nuevamente los presuntos maltratos que se cometen a los detenidos en la Dgcim.

El capitán llegó en silla de ruedas a la presentación ante el juez y debido a su condición fue trasladado hasta el hospitalito de Fuerte Tiuna, donde murió. Provea documentó que en 2018 hubo 100 casos de torturas y 75 fueron cometidos por funcionarios de la Dgcim.

La tortura no necesariamente debe ser física, también es psicológica y en contra de los familiares, que se convierten en víctimas.

“Tuvimos que sacar a nuestros hijos del país, por un tiempo, porque luego de la detención de mi esposo lo amenazaron diciéndole que iban por su familia. Que sabían todos nuestros datos, trabajo, rutinas, amistades. Ante el acoso y la tortura psicológica decidimos sacarlos un tiempo”, contó la esposa de un militar preso político, bajo anonimato por temor a venganzas.

La ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes fue sancionada en 2013 por la Asamblea Nacional. Establece penas de 15 a 25 años para los funcionarios que incurran en la tortura.

“Cuando no logran obtener la respuesta que ellos quieren —los órganos del Estado— atacan por el lado débil de la persona: los familiares. Los detienen o los acosan para que él se sacrifique. La tortura no solamente es física sino psicológica y esto es una forma de ello”, detalló el abogado Joel García.

Los parientes tienen miedo de denunciar el acoso y la tortura psicológica, además no tienen confianza en la fiscalía porque alegan que no actúa a favor. “Si a un familiar le hacen sentir miedo también es trato cruel e inhumano. Les hacen sentir miedo para que no denuncien”.

Un pariente de un militar contó que reciben llamadas regularmente, en las que voces de hombres les aseguran que saben dónde estudian los hijos, o dónde trabajan, y los amenazan de muerte si continúan en conversaciones con la prensa.

“Vivimos con miedo. Evitamos salir en fotos de los medios, porque nosotros no tenemos a quien acudir, no tenemos quien nos proteja, estamos prácticamente solos luchando contra este régimen que comete tantas injusticias. ¿A dónde va uno a denunciar si todo está comprado por el régimen?”, aseguró.

En mayo la abogada defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju, reveló un video en el cual se evidenciaban los maltratos que reciben los militares presos políticos en el Sebin en la sede de Plaza Venezuela.

En este lugar se encuentra La Tumba, un cuarto de 2×3 metros en el que se maltrataba física y psicológicamente a los políticos. El dirigente Lorenth Saleh confesó que tuvo intención de quitarse la vida dos veces tras no aguantar las torturas que ahí se cometían.

En este lugar se registró la muerte del concejal del municipio Libertador, Fernando Albán, en octubre de 2018. Presuntamente se lanzó desde el piso 10 del edificio. Mientras que bajo custodia en El Helicoide falleció el militar retirado Modesto Díaz, el 4 de noviembre de 2018, tras negarle atención médica.

En la sede de El Helicoide también se han conocido denuncias de tortura: en julio de 2018 se registró una protesta de presos políticos y civiles ante los maltratos y el retardo procesal. Ahí se encuentra el diputado Juan Requesens, quien en agosto de 2018 apareció en un video afectado por supuestas torturas.

De acuerdo con las investigaciones de Provea, el Sebin es el segundo cuerpo del Estado que cometió más torturas en el año 2018. De los 100 casos que registraron, fueron responsables de 12.

Familiares de las víctimas contaron a Crónica.Uno que los presos políticos de la Dgcim son encerrados en celdas de castigo, donde los obligan a hacer sus necesidades en bolsas y a convivir con ellas durante semanas. Les prohíben comer, tomar agua, o asearse.

También les cortan las plantas de los pies, les pegan corriente en los genitales, a algunos les ha sustraído muelas, les sumergen la cabeza en pocetas y les dan golpes hasta desmayarlos. Estas denuncias también las han presentado en sus declaraciones.

Desde la aprobación de la ley en 2013 Provea registró al menos 488 casos individualizados de tortura, a pesar de la escasa información oficial debido a la ausencia de cifras del Ministro Público o la Defensoría del Pueblo.

El abogado penalista Luis Izquiel explicó que en el delito de tortura deberían ser juzgados los autores materiales como intelectuales, incluso los testigos.

“El delito de tortura tiene una pena de 15 a 25 años, según la ley, incluso para los cómplices, por acción u omisión. Todos estos funcionarios deberían ser objeto de investigaciones, pero no hay independencia de las instituciones y deben cumplir la pena completa”.

Los protocolos internacionales del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Estambul y Minnesota, también resguardan a quienes son víctimas de torturas e incluso fallecen.

“El tratado de Estambul [cuando hay sospechas o pruebas de torturas] señala que las investigaciones deben hacerse por autoridades independientes e imparciales y como en el país no hay quienes las garanticen, deben conformarse por expertos que investiguen estos hechos. Aplica para los familiares que son víctimas de tortura psicológica”, dijo.

En el caso del capitán de corbeta Acosta Arévalo, a dos funcionarios de la Dgcim detenidos les imputaron el delito de homicidio preterintencional con causal, ignorando la ley contra la Tortura, indicó el abogado Alonso Medina Roa.

ONU reconoce que Dgcim y Sebin cometen torturas

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en la presentación de su tercer informe, este 4 de julio de 2019, reconoce que la Dgcim y el Sebin recurrieron de manera habitual a la tortura para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas.

“Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género, no han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia, ni han proporcionado reparaciones a las víctimas”, reza el informe.

Documentó 135 casos de presos aprehendidos de manera arbitraria entre 2014 y 2019. Se refirieron a las desapariciones forzadas, patrón de la tortura en el país de acuerdo con defensores de Derechos Humanos.

El documento detalla que en la mayoría de los casos se sometió a los detenidos a “una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de comida y agua, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.

Señaló que el Ministerio Público registró 72 denuncias por supuesta tortura y malos tratos respecto a 174 personas detenidas en el contexto de las protestas entre 2017 y 2019, pero no les proporcionaron información con respecto el avance de las investigaciones.

Acnudh también reconoció que la sede de El Helicoide no está adaptada pata los estándares específicos de género. Entrevistaron a mujeres que estuvieron detenidas ahí, quienes aseguraron que solo había una celda para ellas que estaba hacinada y vigilada por hombres. Los guardias y reclusos las presionaban para tener sexo a cambio de “privilegios” y protección.

Pese a todo lo anterior, el gobierno de Maduro emitió un comunicado con 70 puntos en rechazo al informe que se elaboró después de la visita a Venezuela de la alta comisionada Michelle Bachelet, desde el 19 al 21 de junio de 2019.