Parientes de los reclusos comentaron que en la cárcel deben darles dinero a los funcionarios para que no los revisen. En los calabozos pagan Bs. 300 para que llegue la comida al detenido, según relatos.
Caracas. “Soy madre soltera y tener a mi hijo preso, mi único varón, es difícil. Tengo doble fractura en mi pierna y no puedo estar haciendo cola para comprar productos regulados, gasto más comprándole a los bachaqueros”.
Berenice Castillo, tiene a su hijo preso desde hace un año en calidad de procesado. Hace poco lo trasladaron a un centro penitenciario lejos de Caracas y su madre las ha visto negras para llevarle comida.
Lo visita dos veces al mes, lo permitido. Gasta al menos 10.000 bolívares en sus productos de uso personal, enlatados y comida como verduras, pasta o pollo. No trabaja, por ahora recibe ayuda momentánea de su hija, quien tiene seis meses de embarazo y dentro de poco no podrá tenderle la mano de la misma manera.
“Yo no puedo cargar sola todas las bolsas que le llevo cuando lo visito, por eso mi hija me acompaña, me espera afuera hasta que salga de la visita, porque tiene la barriga muy grande y no entra”, explicó.
Pero Ana Tapia gasta mucho más porque su esposo fue enviado a un penal en el estado Anzoátegui. Tampoco tiene trabajo, sus hermanos en Colombia le envían dinero, pues tiene poco tiempo para trabajar con toda la situación que atraviesa, y los trámites legales que todavía hace.
Al menos 15.000 bolívares gasta cuando le lleva mercado de comida (carne, pollo, pasta, vegetales) y artículos de aseo personal. Además paga Bs. 6.000 por el pasaje ida y vuelta, sin poder llevarse a su hijo pequeño porque implica más dinero.
Una vez en la cárcel le da Bs. 500 al guardia para que no le revise los artículos que lleva y evita pasar el mal rato de la revisión exhaustiva. Y, por si fuera poco, le deja 100 bolívares a su esposo para que pague “la causa”.
Corrupción que arropa a familiares
De acuerdo con el informe anual 2015 del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) la población penitenciaria es de 46.691 y las cárceles albergan a más reclusos de lo que está diseñada su capacidad.
El hacinamiento de 125% genera, entre otras cosas, mucha violencia y corrupción, de acuerdo con Humberto Prado, director del OVP.
“La violencia y la corrupción pone en peligro la vida de familiares y el personal de custodia. Se trafican armas de fuego, blancas y de guerra dentro de los penales”, reza el informe.
El chantaje y el mal trato a los familiares, por parte de los funcionarios, es otro de los problemas expuestos por el OVP, que también se reflejan en los calabozos.
El papá de un joven, de 29 años, detenido en Boleíta desde hace 15 días, comentó que debe pagar 300 bolívares por cada vez que va a llevar comida a su hijo.
“Solo podemos pasarle comida dos veces, eso quiere decir que todos los días pagamos 600 bolívares y a veces no se la dan. Debe ser que se la comen ellos, pero uno se tiene que quedar callado porque porque después la paga mi hijo”.
Este gasto es adicional al presupuesto que destinan para llevarle platos de comida resueltos, bebidas y en pasajes desde la parte alta de La Vega.
Añadió que un uniformado pide Bs. 15.000 por pasar a un detenido a una celda menos hacinada. “Eso hay que pagarlo cada 15 días y hay gente que lo cancela. Es mucho dinero, ya uno gasta suficiente con todo esto”. Sin embargo, esta información no fue corroborada oficialmente.
El OVP también ha recibido denuncias de malos tratos en la revisión, al momento de la visita. “Tenemos testimonios de mujeres que desnudan y les revisan hasta sus partes íntimas. Esto es parte de la crisis carcelaria que se atraviesa en el país”.
Fotos: Cheché Díaz
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