Para Luisa Ortega Díaz, el dictamen que le otorgó a la Defensoría del Pueblo las facultades de investigar casos de violaciones a los Derechos Humanos busca que “muertes como la del joven [Juan Pablo] Pernalete sean causadas por una pistola de perno cautivo y no por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional, como realmente sucedió”.
Caracas. El conflicto de poderes existente en Venezuela desde que la oposición venezolana ganó la Asamblea Nacional se agrava, pues hoy la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que su despacho desconocerá los dos dictámenes que en las últimas horas emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en su contra, por considerar que “seguimos en presencia de la ruptura del orden constitucional, se sigue violando la Constitución y desmantelando al Estado”; y por ello llamó a todos los venezolanos a ayudar al “restablecimiento efectivo” de la Carta Magna.
“Yo desconozco estas sentencias [y] pido el restablecimiento efectivo de esta Constitución”, afirmó la jefa del Ministerio Público (MP) al cuestionar los fallos 469 y 470 de la Sala Constitucional, con los cuales ella le otorgó a la Defensoría del Pueblo casi las mismas competencias que tiene el MP para realizar investigaciones penales en materia de violaciones a los Derechos Humanos y con las cuales anuló la designación del vicefiscal encargado, Rafael González Arias; e invocar el artículo 333 del texto fundamental.
La norma citada por Ortega Díaz establece: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
La fiscal general justificó su paso acusando a los siete miembros de la intérprete de la Carta Magna de estar derogando el texto fundamental, algo que dijo, no permitirá. En ese punto también cuestionó la actitud de los diputados a la Asamblea Nacional, al afirmar:
Si ellos [por los magistrados] lo hicieron con la AN y ustedes diputados no reaccionaron, porque ustedes no se han dado cuenta de que ustedes no están en desacato, porque eso no existe. El desacato es un delito en algunos casos y en otros es falta que solo se le puede aplicar a las personas, no a las instituciones. Ese es su problema, pero quienes son ilegítimos son los magistrados, quienes no toleran una auditoría, en consecuencia, no tienen fuerza de ley sus decisiones y no están apegadas a la Constitución, el principal legado que nos dejó Hugo Chávez”.
Sobre las decisiones
Ortega Díaz dedicó el grueso de su comparecencia, en la cual no aceptó preguntas, a cuestionar los dictámenes. “Esta sentencia”, dijo sobre la que equiparó al despacho de Tarek William Saab con el suyo “es para que muertes como la del joven [Juan Pablo] Pernalete sean causadas por una pistola de perno cautivo y no por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional como realmente sucedió. Esta sentencia es quizá para acomodar decisiones que interesen a un grupo o sector. Alguien quiere investigaciones penales a su medida. Ahora por supuesto la represión irá en aumento y esta sentencia será causa para justificar la violación de los Derechos Humanos”.
La fiscal general denunció que el TSJ está abriendo las puertas para que la justicia penal sea utilizada para perseguir a la disidencia. “Se quiere enjuiciar a los contrarios, usar el derecho penal para vencer al enemigo, porque como no puedo vencerlo por votos lo venzo con el derecho penal. Todo aquel que represente una amenaza lo aniquilarán (…) lo meterán preso por el delito de terrorismo, porque parece que aquí un alto porcentaje del país es terrorista”, dijo.
Y agregó: “Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado, donde se perdió el derecho a manifestar, donde se enjuicia a civiles en justicia militar, donde se realizan allanamientos sin orden judicial, donde no se da acceso a las personas a las pruebas que cursan en contra de ellas, no hay debido proceso y el derecho a participar y elegir están cerrados. Eso es terrorismo de Estado y si ustedes revisan las últimas sentencias del TSJ hay una restricción de los derechos. Revisen cuánto derecho teníamos hace cinco o cuatro años atrás y cuánto tenemos ahora”.
Acto seguido, advirtió que esto empeorará de ponerse en marcha la Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro, pues “lo que nos puede esperar es que cualquier organismo pueda investigar a una persona”.
Al referirse a la propuesta presidencial, la fiscal general apeló al fallecido mandatario. “Un Gobierno expropiándole al pueblo su soberanía es contrarrevolucionario”, dijo, para reiterar sus críticas a que no se le consulte a los electores sobre si están de acuerdo con que se revise o no la Carta Magna.
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Ortega Díaz también criticó la sentencia 470, en la cual se anuló la designación que abril pasado hizo de Rafael González Arias como su segundo de a bordo, por considerar que con ella la Sala Constitucional se arrogó potestades que no tiene y dejó en claro que la misma es una provocación.
“No sé cuál es el propósito, si es saber dónde está mi apoyo”, soltó, al tiempo que alertó que ve en el Gobierno un desespero por lograr que se produzca una insurrección armada, la cual rechazó y llamó a todos los venezolanos a mantenerse apegados a la Constitución.
Por último, la funcionaria recordó que Arias no es el vicefiscal general titular sino que está en condición de encargado y por lo tanto no tenía que pedirle autorización al Parlamento, tal y como prevé su ley.
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